Defender Canarias y defender los derechos humanos

En los últimos tiempos, Canarias hace frente a la peor crisis que ha vivido en su historia democrática tras la dictadura. No solo hacemos frente a una pandemia mundial que afecta a nuestra principal industria, el turismo, si no que además afrontamos una crisis migratoria que, derivada de diversos factores, empieza a estar al nivel de la crisis de los cayucos del año 2006.

En primer lugar, conviene dejar algo claro: la única competencia exclusiva que tiene Canarias en materia migratoria es la tutela de los menores extranjeros no acompañados, cuya gestión tenemos en la Consejería de Derechos Sociales. Para que se hagan una idea: cuando llegamos al gobierno, en agosto de 2019, teníamos poco más de 500 niñas y niños. En enero del 2021 tenemos más de 2.700. Hagan cuentas del aumento exponencial. La cifra original era gestionada en convenio con los Cabildos, el aumento hemos tenido que gestionarlo a través de la apertura de recursos de emergencia con el presupuesto que teníamos. Gestionar este importante e inesperado incremento de menores durante el último año, unido a la crisis social provocada por la pandemia, no ha sido fácil. 

Quiero poner en valor el trabajo del personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, y a su directora general, Iratxe Serrano. Ni un niño se ha quedado sin ser atendido de forma digna. Hemos respondido a lo que nos obliga la Ley y a lo que nos obliga nuestra ética. Y que quede claro: cualquier partido, de cualquier color político que hubiera estado al frente en este momento, tendría que haber hecho lo mismo. Insisto: nos obliga la Ley. Y quien pretenda sacar rédito político de esta situación, se equivoca.

El problema lo tenemos en el desborde de esta situación y lo que puede ocurrir durante este 2021. Imagínense lo que significa gestionar 2.700 niñas, niños y adolescentes con los mismos recursos – humanos y materiales- que se tenían para poco más de 500. Y asusta pensar en el aumento que esta cifra puede sufrir durante este año. 

Tenemos que decirlo. Vamos a necesitar ayuda porque Canarias no va a poder afrontar esta situación en solitario. Como ocurre con los incendios, en función de la gravedad se va pasando de fase y de competencias. En estos momentos, nos encontramos ya gestionando una crisis migratoria y humanitaria de primer orden. Y sin olvidar que nuestra tierra es un territorio limitado. Necesitamos que Europa recuerde que somos su frontera sur y que nos ayude con algo más que palabras. Y lo mismo para el Estado español y todas las comunidades autónomas. Necesitamos un reparto solidario y que llegue cuanto antes. No es cuestión de competencias, es cuestión de soluciones.

El problema de este aumento en la llegada de niñas, niños y adolescentes no acompañados se une la problemática de los adultos. Más de 23.000 personas migrantes llegaron a Canarias el pasado año 2020. Todos sabemos que la mayoría de ellos no vienen para quedarse en nuestras islas. Somos territorio de paso, tránsito hacia otro lugar: estas personas quieren irse a otros lugares de Europa donde tienen familiares o conocidos. El problema surge en el momento en que no se les permite abandonar Canarias. Según dicen, se hace por obligación europea. Me preocupa que en esta situación el Ministerio del Interior prefiera enfadar a Canarias antes que enfadar a Bruselas. Y que se estén vulnerando los derechos humanos de estas personas, que no tienen limitada su libertad de movimientos.

Se está generando un problema donde no lo hay. Canarias jamás ha sido tierra xenófoba. Ni mucho menos. Hemos sido tierra de emigrantes y tierra de acogida.  Y jamás hemos tenido problemas con ello. Al contrario, siempre ha sido motivo de orgullo. 

Que esta situación no nos cambie. No nos jugamos el turismo, nos jugamos seguir siendo orgullosa tierra de acogida. Nos jugamos los derechos humanos. Nos jugamos Canarias.

En los últimos tiempos, Canarias hace frente a la peor crisis que ha vivido en su historia democrática tras la dictadura. No solo hacemos frente a una pandemia mundial que afecta a nuestra principal industria, el turismo, si no que además afrontamos una crisis migratoria que, derivada de diversos factores, empieza a estar al nivel de la crisis de los cayucos del año 2006.

En primer lugar, conviene dejar algo claro: la única competencia exclusiva que tiene Canarias en materia migratoria es la tutela de los menores extranjeros no acompañados, cuya gestión tenemos en la Consejería de Derechos Sociales. Para que se hagan una idea: cuando llegamos al gobierno, en agosto de 2019, teníamos poco más de 500 niñas y niños. En enero del 2021 tenemos más de 2.700. Hagan cuentas del aumento exponencial. La cifra original era gestionada en convenio con los Cabildos, el aumento hemos tenido que gestionarlo a través de la apertura de recursos de emergencia con el presupuesto que teníamos. Gestionar este importante e inesperado incremento de menores durante el último año, unido a la crisis social provocada por la pandemia, no ha sido fácil.