Democracia y Justicia

Inequívocamente, no puede haber una democracia auténtica si falla la Justicia. En el artículo 14 de la Constitución Española, referente a “derechos y libertades” se proclama que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.En el ánimo de los gobiernos democráticos debe prevalecer el deseo de que se aplique la ley sin contemplaciones, de que se realicen reformas al Código Penal si fuese necesario, de que se le concedan todos los medios humanos y materiales precisos para que funcione de forma adecuada, para que actúe rápida y eficazmente. Para dar la sensación a los ciudadanos de que “se imparte Justicia por igual”, porque desgraciadamente, en esta joven, inexperta y titubeante democracia española que tenemos, mucha gente sigue pensando que “la Justicia es un cachondeo”, como ya dijera en una ocasión el político andaluz Pacheco, frase que se ha convertido ya en un tópico cada vez que se alude al funcionamiento de la Justicia en este país.Jueces, magistrados, fiscales han de regirse por el principio de igualdad ante la ley y no por sus convicciones ideológicas, religiosas o sociales, evitando, por tanto una aplicación caprichosa o sesgada del Código Penal. Los que deben interpretar la ley y administrar Justicia no son dioses del Olimpo intocables e inabordables, sino que tendrían que estar también sometidos a un control democrático. Los jueces, como seres humanos que son, no están exentos de tentaciones, de intentos de soborno, de conductas fuera de toda lógica y ética. Por otro lado, es triste oír hablar en España de “jueces progresistas”, de “jueces conservadores”, e incluso de jueces que aún actúan como si estuviesen en la pasada dictadura franquista, cuando lo que debería prevalecer es el estricto cumplimiento de la ley, sin otro tipo de condicionamientos. Y sobre todo, no se debe politizar la Justicia.No digo que todo sean desaciertos ni que no hayamos tenido juicios y sentencias ejemplares. Hablando de Justicia, “no sería justo”. Pero sí tenemos sentencias aberrantes, que, como consecuencia de las mismas ha propiciado nuevos delitos; sí tenemos “jueces estrellas” que se han caracterizado más por su protagonismo que por su afán de aplicar la ley; sí tenemos decisiones, realmente escandalosas, como las de archivar claros indicios de delitos; de sobreseer casos sin un decidido propósito de fiscalizar e investigar hasta el fondo y, yéndonos al terreno político, si tenemos a servidores públicos, elegidos democráticamente, que actúan con toda impunidad, tras haber tenido actuaciones presuntamente ilegales, o que se acogen a los aforamientos que les permiten sus cargos de consejeros, parlamentarios u otras prebendas para continuar con sus presuntas prevaricaciones, cohechos, inducciones, tratos de favor, etc. Y tenemos a políticos, cuya “presunción de inocencia” se alarga en el tiempo porque al final, tanto ruido y tantas nueces, tanto show mediático y parafernalia, a la hora de su detención o de imputarles algún delito, se queda en agua de borrajas, ante la decepción de quienes creen, o creían en la Justicia. Siempre aparece algún redentor, algún juez, algún amigo del alma que les libra de una profunda investigación, de un juicio, de una sentencia y condena ejemplares. Así no funciona una auténtica democracia, un Estado de Derecho, donde, según nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley.

José M. Balbuena Castellano

Inequívocamente, no puede haber una democracia auténtica si falla la Justicia. En el artículo 14 de la Constitución Española, referente a “derechos y libertades” se proclama que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.En el ánimo de los gobiernos democráticos debe prevalecer el deseo de que se aplique la ley sin contemplaciones, de que se realicen reformas al Código Penal si fuese necesario, de que se le concedan todos los medios humanos y materiales precisos para que funcione de forma adecuada, para que actúe rápida y eficazmente. Para dar la sensación a los ciudadanos de que “se imparte Justicia por igual”, porque desgraciadamente, en esta joven, inexperta y titubeante democracia española que tenemos, mucha gente sigue pensando que “la Justicia es un cachondeo”, como ya dijera en una ocasión el político andaluz Pacheco, frase que se ha convertido ya en un tópico cada vez que se alude al funcionamiento de la Justicia en este país.Jueces, magistrados, fiscales han de regirse por el principio de igualdad ante la ley y no por sus convicciones ideológicas, religiosas o sociales, evitando, por tanto una aplicación caprichosa o sesgada del Código Penal. Los que deben interpretar la ley y administrar Justicia no son dioses del Olimpo intocables e inabordables, sino que tendrían que estar también sometidos a un control democrático. Los jueces, como seres humanos que son, no están exentos de tentaciones, de intentos de soborno, de conductas fuera de toda lógica y ética. Por otro lado, es triste oír hablar en España de “jueces progresistas”, de “jueces conservadores”, e incluso de jueces que aún actúan como si estuviesen en la pasada dictadura franquista, cuando lo que debería prevalecer es el estricto cumplimiento de la ley, sin otro tipo de condicionamientos. Y sobre todo, no se debe politizar la Justicia.No digo que todo sean desaciertos ni que no hayamos tenido juicios y sentencias ejemplares. Hablando de Justicia, “no sería justo”. Pero sí tenemos sentencias aberrantes, que, como consecuencia de las mismas ha propiciado nuevos delitos; sí tenemos “jueces estrellas” que se han caracterizado más por su protagonismo que por su afán de aplicar la ley; sí tenemos decisiones, realmente escandalosas, como las de archivar claros indicios de delitos; de sobreseer casos sin un decidido propósito de fiscalizar e investigar hasta el fondo y, yéndonos al terreno político, si tenemos a servidores públicos, elegidos democráticamente, que actúan con toda impunidad, tras haber tenido actuaciones presuntamente ilegales, o que se acogen a los aforamientos que les permiten sus cargos de consejeros, parlamentarios u otras prebendas para continuar con sus presuntas prevaricaciones, cohechos, inducciones, tratos de favor, etc. Y tenemos a políticos, cuya “presunción de inocencia” se alarga en el tiempo porque al final, tanto ruido y tantas nueces, tanto show mediático y parafernalia, a la hora de su detención o de imputarles algún delito, se queda en agua de borrajas, ante la decepción de quienes creen, o creían en la Justicia. Siempre aparece algún redentor, algún juez, algún amigo del alma que les libra de una profunda investigación, de un juicio, de una sentencia y condena ejemplares. Así no funciona una auténtica democracia, un Estado de Derecho, donde, según nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley.

José M. Balbuena Castellano