El desprestigio de la clase política por Juan Domínguez

El ciudadano normal no se detiene a considerar las restricciones de todo tipo, competenciales, económicas, legales, etcétera, que condicionan la labor de los cargos públicos en su tarea. Con todo, no es el funcionamiento de las administraciones públicas lo que se esconde detrás de la valoración de los políticos por parte de la ciudadanía. Casi nadie está totalmente conforme con el funcionamiento de nuestros hospitales, escuelas o policías, dirigidas en última instancia por los políticos, pero tampoco les otorgamos una valoración tan negativa.

Los casos de corrupción que tienen como protagonista a algún responsable público pueden explicar este juicio tan negativo. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los casos demostrados de corrupción no difieren mucho de los comportamientos ilícitos que pueden afectar a cualquier otro colectivo profesional y de ninguna manera se corresponden con la imagen que de los políticos tiene la ciudadanía.

Existe una característica particular en el ámbito de la confrontación partidista que en mi opinión, y sin que pretenda esto servir de coartada para minimizar la crítica en los casos en que está plenamente justificada, contribuye a aumentar la percepción negativa que sobre los políticos expresan la mayoría de los ciudadanos. El electoral es el único mercado competitivo que permite, en aras de la pluralidad política y amparado en la libertad de expresión, ejercer la crítica destructiva de manera tal que incluso los límites y garantías que en otros ámbitos de la vida civil se establecen para salvaguardar la honorabilidad de las personas, quedan aquí casi totalmente desmontadas. Así, mientras en el mercado de productos y servicios, por ejemplo, resulta impensable que alguna marca realice publicidad negativa de sus competidoras, estando incluso penalizado por la ley, en el caso de los partidos políticos la crítica negativa se considera un elemento normal dentro del correcto funcionamiento democrático.

La deriva perversa reside en que la estrategia de acoso y derribo al gobierno, ejercida por la oposición, termina en muchos casos por reflejar menos la vocación de control por parte de ésta que su necesidad de desgastar por cualquier medio a la mayoría gobernante con la intención de sustituirla en el siguiente proceso electoral, o antes, si logra poner en marcha las medidas de censura que permite la ley. Como es fácil colegir, este sistema, que en la práctica incentiva la divulgación de todo tipo de críticas, más o menos educadas, más o menos justificadas, sobre el oponente, convierte a la opinión pública en el permanente receptor de un mensaje muy negativo sobre las actitudes y aptitudes de los representantes políticos y sobre el funcionamiento de sus gobiernos, haciendo recaer sobre todos ellos, sin distingo de siglas ni ideologías, la peor imagen.

En este peligroso juego de desgaste mutuo, el sistema pretende que opere como filtro de razón el sentido común de la gente para conformar el cual el papel de los medios de comunicación se antoja fundamental. No obstante, los medios, como los propios políticos, tampoco tienen una función limitada a servir de canal de opiniones estrictamente objetivas. El equilibrio realista que puede facilitar la existencia de un pluralismo mediático es todo cuanto el sistema prevé para poner las cosas en su justo sitio. Eso, y un lento y poco efectivo recurso a la tutela judicial que, me temo, de ninguna manera logran contrarrestar las consecuencias negativas de miles y miles de páginas, horas de radio y televisión repletas de insultos, acusaciones mutuas, verdades sesgadas o simples falsedades vertidas por unos políticos sobre otros.

Tengo la suerte de no llevar demasiado tiempo ejerciendo un cargo de representación política, lo cual me permite, desde luego, mantener una perspectiva idéntica a la de cualquier ciudadano medio y creo, sinceramente, que, siendo legítima la confrontación partidista, un ejercicio irrazonable y desmedido del derecho a la crítica perjudica la calidad democrática, pervierte el funcionamiento del sistema y distorsiona la imagen de quienes por vocación y convicción nos dedicamos a la política, dando lugar, en suma, a la pésima valoración que de esta noble y necesaria actividad tiene la mayoría.

*Presidente insular del CCN en Gran Canaria y vicepresidente primero y consejero de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria

Juan Domínguez*

El ciudadano normal no se detiene a considerar las restricciones de todo tipo, competenciales, económicas, legales, etcétera, que condicionan la labor de los cargos públicos en su tarea. Con todo, no es el funcionamiento de las administraciones públicas lo que se esconde detrás de la valoración de los políticos por parte de la ciudadanía. Casi nadie está totalmente conforme con el funcionamiento de nuestros hospitales, escuelas o policías, dirigidas en última instancia por los políticos, pero tampoco les otorgamos una valoración tan negativa.

Los casos de corrupción que tienen como protagonista a algún responsable público pueden explicar este juicio tan negativo. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los casos demostrados de corrupción no difieren mucho de los comportamientos ilícitos que pueden afectar a cualquier otro colectivo profesional y de ninguna manera se corresponden con la imagen que de los políticos tiene la ciudadanía.