¿Cómo destruir empleo público en los centros educativos de Canarias?

Si tuviéramos que pensar en cómo destruir un servicio público, lo más fácil sería abandonarlo y dejar que todo el mundo empiece a hablar mal de él. Eso es lo que hace precisamente la Consejería de Educación y Universidades, con el personal de administración y servicios (cocineros, ayudantes de cocina, auxiliares de servicios complementarios, aux. educativos, aux. administrativos, mantenimiento, subalternos, personal de limpieza, maestros de taller, etc.) que prestan servicios en los centros públicos de Canarias.

A lo largo de los años y gobierno tras gobierno han ido generando una desafección y un desprestigio hacia este personal, el cual no hace otra cosa que realizar lo mejor posible su trabajo y en la medida de sus posibilidades. Y ¿por qué en la medida de sus posibilidades si son empleados públicos? Porque este personal no cuenta con los recursos suficientes ni con las mismas posibilidades que otros empleados públicos para desarrollar sus tareas. A ello habría que añadirle las condiciones laborales pésimas que sufre este colectivo.

A este personal se le asigna hasta tres centros para compartir, y eso si tienen suerte que le avisen con antelación. Es muy habitual avisar el mismo día cuando la persona llega a su centro de trabajo para que se desplace a otro centro a cubrir la necesidad que existe por falta de personal, y así, día tras día sin saber en que centro va a trabajar al día siguiente, porque las vacantes tardan hasta más de tres meses en cubrirse y el personal trabaja por encima de la ratio establecida. Y hablamos de personal que en ocasiones se desplaza en transporte público y que solo cobra algo más de 500 € mensuales. Para este personal no hay concurso de traslados entre consejerías, ni promoción interna, no existe ningún procedimiento por el que una persona que presta servicios en un centro pueda realizar carrera profesional. Alguna vez escuché, que los presos tienen más posibilidades que el personal de administración y servicios de los centros.

Esto, en resumen, se llama “desvestir un santo para vestir otro”, porque es un sinsentido que salga una persona de un centro donde está prestando un servicios para cubrir las necesidades de otro que también acusa falta de recursos humanos.

Asimismo destacar el tema de la ropa de trabajo o los EPI (equipos de protección individual) que necesitan estas personas para realizar sus tareas a lo largo de la jornada. Han sido nefastos los procedimientos de licitación, las empresas encargadas de suministrar el uniforme no han cumplido con las tallas y el número de prendas y el personal ha terminado por tener que comprar su propio uniforme. En algunos centros se les niega guantes de látex necesarios para el aseo de los alumnos con discapacidad, se tienen que comprar sus propias botas de agua para entrar en las duchas y los EPI no existen, ni se les espera.

Y no satisfechos con eso, se les detrae de la nómina al personal subalterno y aux. administrativo (que también comparte centro), el complemento de atención a la ciudadanía, porque anteriormente se les abonaba el plus de atención al público y al cambiar de nombre y de criterios, la Secretaría General Técnica, decide  que quienes cumplen con los criterios son los auxiliares administrativos, durante tres meses del periodo de matrícula en los CEIP (es cuando más atención al público hacen, según la Secretaría General Técnica) y cinco meses en los IES, EOI, etc, abonándoles solo esos meses y no los doce meses que venían cobrando anteriormente, además de crear diferencias entre personal de la misma categoría. Es fácil de demostrar que el personal de administración atiende regularmente también fuera del periodo de matrícula.

Una vez más tenemos una clara evidencia de la desidia y abandono por la Consejería de este personal, que también comparte centros, aún cuando el Consejo Escolar de Canarias ha solicitado en sus informes de final de curso, la permanencia de estas personas los cinco días de la semana.

La guinda del pastel, la ponen las personas que desempeñan la categoría de maestros de taller, a quienes en plenas navidades se les detrae de la nómina entre 600 y 700 euros, porque según un informe de Intervención General había que abonarles la nómina como grupo III y no como grupo II, cuando tenían sentencias ganadas y existía jurisprudencia suficiente que avalaba los importes que venían percibiendo desde hace más de 15 años. Esto lógicamente terminó en los tribunales, los cuales obviamente dieron la razón a los trabajadores.

En definitiva, el personal de administración y servicios asignado a los centros educativos, después de compartir hasta tres centros en una semana, de trabajar por encima de la ratio establecida, de comprarse su propia ropa de trabajo, de aguantar que le descuenten en la nómina los complementos  que perciben otras personas de la misma categoría en otras consejerías y se les detraiga cantidades importantes en algunos casos sin resolución, sigue desempeñando su labor de manera impecable y extraordinaria, porque son ellos los que gobierno tras gobierno, quedarán en sus puestos prestando el mejor servicio en los centros públicos de Canarias.

Si tuviéramos que pensar en cómo destruir un servicio público, lo más fácil sería abandonarlo y dejar que todo el mundo empiece a hablar mal de él. Eso es lo que hace precisamente la Consejería de Educación y Universidades, con el personal de administración y servicios (cocineros, ayudantes de cocina, auxiliares de servicios complementarios, aux. educativos, aux. administrativos, mantenimiento, subalternos, personal de limpieza, maestros de taller, etc.) que prestan servicios en los centros públicos de Canarias.

A lo largo de los años y gobierno tras gobierno han ido generando una desafección y un desprestigio hacia este personal, el cual no hace otra cosa que realizar lo mejor posible su trabajo y en la medida de sus posibilidades. Y ¿por qué en la medida de sus posibilidades si son empleados públicos? Porque este personal no cuenta con los recursos suficientes ni con las mismas posibilidades que otros empleados públicos para desarrollar sus tareas. A ello habría que añadirle las condiciones laborales pésimas que sufre este colectivo.