Lo que desvela el caso Grúas

Me decía el otro día un funcionario de La Laguna, al que defendí --apenas un muchacho, él-- cuando le abrieron un consejo de guerra por hacer propaganda anti-Otan estando en edad militar, que el caso Grúas no tiene la trascendencia del de Las Teresitas.

Si lo medimos por el monto de dinero público en juego, no. Aunque el asunto de las “Grudas”, desde el punto de vista del dinero público que está en juego, no es poca cosa. No estoy hablando de los 120.000 euros de dinero público prestado ilegalmente a una empresa privada en quiebra, no. Me refiero a cómo adjudicaron bajo mano, sin concurso público ni nada parecido, a Grúas Tacoronte la gestión de un servicio municipal hasta 2029 --porque es hasta 2029, con el contrato en la mano--, es decir durante 15 años, lo que supondrá 650.000 euros anuales de dinero de los contribuyentes adjudicados a dedo: más de 10 millones de euros.

Lo que desvela el caso Grudas son otras cosas.

Primero un “sálvese quien pueda”, propio de una camada de adictos al poder en apuros. La maniobra que urdieron para colocar a Tito Godiño en el centro de la escena, justo cuando se encendieron las luces, fue de traca.

Pero la contestación de José Alberto Díaz a la pregunta de su defensor y hermano: “yo no firmé ningún decreto”, anuncia el propósito de descargar todas las culpas sobre quienes sí firmaron decretos, Clavijo y Godiño.

Y, para más inri, una repetición del latiguillo de la instructora desautorizado por la Audiencia Provincial: que de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos sólo responden penalmente los que firman los Decretos concediendo un préstamo ilegal y autorizando la prórroga de un contrato, en lugar de rescindirlo y decretar la caducidad de la concesión como manda la ley.

También el Caso Grúas pone en evidencia el talante de quién, imputado, se niega a contestar las preguntas de la acusación después de haber pregonado a los cuatro vientos que acudiría al juzgado a aclararlo todo. Y, a renglón seguido, señala como auténtica responsable a una funcionaria municipal que ocupa un cargo directivo --de libre designación y cese; y, por tanto, un cargo de confianza: de su confianza-- que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento sitúa bajo la directa dependencia del entonces concejal de Seguridad y hoy alcalde e imputado. Todo un alarde de gallardía.

Tampoco tiene desperdicio la repetición del intento, ya ensayado por Fran Villar, de descalificar al Interventor General (habilitado nacional tras superar una muy dura oposición a base de un amplio y específico programa que le capacita para ejercer su función de control previo de legalidad en materia presupuestaria y de contratación pública) dejando caer que “el Interventor no es abogado”. Cuando no se tiene ni un solo argumento para desmontar las reiteradas advertencias del Interventor sobre la ilegalidad del préstamo y de la prórroga del contrato a una empresa concesionaria insolvente, pretenden poner en tela de juicio su competencia técnica. Todo un estilo.

A veces pienso que José Alberto Díaz no está dispuesto a cargar con un mochuelo que le endilgó Clavijo, el verdadero director de orquesta de este asunto, que puso todo el poder municipal a disposición de sus amigos y patrocinados. Seguramente ese reproche cada vez menos secreto es cierto; como también que el actual alcalde se prestó esperando a cambio heredar su Insula Barataria y confiado, al fin y al cabo, en la impunidad de todos.

O que, dirigiendo la investigación contra Clavijo, acabará el caso Grúas en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y si ésta fuera una estrategia procesal pensada, por alguna razón misteriosa, para alentar los deseos de impunidad de todos los protagonistas del Caso: de Clavijo a la Directora de Seguridad, pasando por el actual alcalde, entonces apaga y vámonos.

Por lo demás: a quienes se pregunten por qué pone uno tanto empeño en el caso Grúas, les digo que por tres motivos. El primero, porque se trata de la defensa de la legalidad y del dinero de la ciudadanía de La Laguna. El segundo, porque al margen de la gravedad del caso, que no es poca ni en el plano jurídico ni en el económico, es el retrato de un modo de hacer las cosas que identifica al Régimen de ATI y a sus cachorros. El tercero, porque me revuelvo como gato panza arriba cuando en la vida o en la política algunos listillos pretenden tomarnos a todos por tontos. Y quien me conoce sabe que el tercer motivo no es el menos importante.

Me decía el otro día un funcionario de La Laguna, al que defendí --apenas un muchacho, él-- cuando le abrieron un consejo de guerra por hacer propaganda anti-Otan estando en edad militar, que el caso Grúas no tiene la trascendencia del de Las Teresitas.

Si lo medimos por el monto de dinero público en juego, no. Aunque el asunto de las “Grudas”, desde el punto de vista del dinero público que está en juego, no es poca cosa. No estoy hablando de los 120.000 euros de dinero público prestado ilegalmente a una empresa privada en quiebra, no. Me refiero a cómo adjudicaron bajo mano, sin concurso público ni nada parecido, a Grúas Tacoronte la gestión de un servicio municipal hasta 2029 --porque es hasta 2029, con el contrato en la mano--, es decir durante 15 años, lo que supondrá 650.000 euros anuales de dinero de los contribuyentes adjudicados a dedo: más de 10 millones de euros.