Deuda ilegítima y recortes

Quieren revertir la grave situación económica y social que atraviesan muchos ayuntamientos españoles. Así arranca la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, promovida por ediles de numerosas ciudades españolas -algunas, capitales de provincia-, a los que se han sumado actores y plataformas ciudadanas de todo el Estado, con un triple objetivo: propiciar el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda por medio de auditorías ciudadanas de la deuda y la gestión pública; construir un nuevo municipalismo que entrañe más soberanía y más autonomía; e informar, sensibilizar, empoderar y fomentar la participación ciudadana  en la construcción de ese nuevo municipalismo.

No será fácil, desde luego, pues se trata de erradicar vicios y acabar con prácticas que estrangulan a muchas haciendas locales; pero ya están dados los primeros pasos para impulsar nuevas políticas públicas y nuevas leyes que permitan, por fin, una financiación apropiada de las haciendas locales, libre de ataduras e hipotecas y de condicionantes políticas.

¿Cómo se conceptúa la denominada 'deuda ilegítima'? Aquella que se contrae para satisfacer las ansias de ganancia de unos pocos y a espaldas de los intereses de la ciudadanía. Así se define en los antecedentes de esta Red Municipalista, centrados en el Manifiesto de Oviedo, suscrito por concejales, diputados y activistas de varias organizaciones, que se rebela contra varias normas que, según interpretan, socavan la autonomía de gobiernos autonómicos e instituciones locales y atacan los derechos de la ciudadanía. El Manifiesto, de hecho, recoge que algunas medidas gubernamentales como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidación Autonómica, aplicadas tanto en comunidades y en ayuntamientos sobreendeudados por obras faraónicas o inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones y todo tipo de corruptelas como en administraciones en principio saneadas, han inflado la deuda pública de manera ilegítima.

En esta declaración de principios, los firmantes exigen un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno del Estado hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas; la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados y el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas. Como puede apreciarse, es una reivindicación de máximos que no debe dejar indiferente a quienes se desenvuelven en el universo municipalista y en el mismo ámbito económico-financiero. Sobre todo, porque en el documento se recoge el compromiso que están dispuestos a asumir:

“Apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de las/os ciudadanas/os“.

Quizá le repetición del término frente sonó demasiado beligerante o retrotraía a connotaciones históricas que no conviene refrescar, lo cierto es que el Manifiesto de Oviedo germinó en esta Red cuyos promotores mucho tendrán que moverse y persuadir con tal de alcanzar unos objetivos y generar unas sinergias que afectan directamente a los contribuyentes.

Quieren revertir la grave situación económica y social que atraviesan muchos ayuntamientos españoles. Así arranca la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, promovida por ediles de numerosas ciudades españolas -algunas, capitales de provincia-, a los que se han sumado actores y plataformas ciudadanas de todo el Estado, con un triple objetivo: propiciar el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda por medio de auditorías ciudadanas de la deuda y la gestión pública; construir un nuevo municipalismo que entrañe más soberanía y más autonomía; e informar, sensibilizar, empoderar y fomentar la participación ciudadana  en la construcción de ese nuevo municipalismo.

No será fácil, desde luego, pues se trata de erradicar vicios y acabar con prácticas que estrangulan a muchas haciendas locales; pero ya están dados los primeros pasos para impulsar nuevas políticas públicas y nuevas leyes que permitan, por fin, una financiación apropiada de las haciendas locales, libre de ataduras e hipotecas y de condicionantes políticas.