Un difícil acuerdo

La financiación autonómica es un elemento clave en la estructura del modelo descentralizado de Estado que establece el título VIII de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan cada cinco años y que se publican como una ley ordinaria; el último, el de 2009. La Lofca recoge que se pretende garantizar “un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales” y la corresponsabilidad estatal y de las comunidades respecto a ingresos y gastos públicos. Así como la solidaridad entre las diversas regiones y nacionalidades, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias.

El actual sistema debió comenzar a revisarse en 2014 pero circunstancias de índole político y económico (junto a incumplimientos del Gobierno del PP) han ido retrasando esa imprescindible actualización. Se abre ahora un proceso de negociación que va a estar marcado por los problemas territoriales, especialmente, las reivindicaciones de Cataluña y por la situación económica, con los nuevos recortes impuestos desde Europa, la subida de los precios del petróleo y una previsión de crecimiento económico menor que en 2016.

El actual modelo, aprobado en 2009 con un Gobierno estatal del PSOE y uno canario de CC-PP, ha castigado duramente a Canarias, que ha perdido una media de más de 600 millones de euros anuales desde entonces. Con el consiguiente impacto negativo sobre los servicios públicos del Archipiélago.

Coalición Canaria (CC) permitió entonces que se contabilizaran los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el sistema de financiación. Canarias lo ha pagado con creces. En aquel momento fuimos los únicos que denunciamos de forma argumentada los déficits del modelo, sus errores e insuficiencias, mientras que desde CC se hizo una valoración tan optimista como equivocada. Ocho años después, hay pocas dudas de lo mal que le ha ido a Canarias con el actual modelo de financiación.

Conferencia de Presidentes

La financiación autonómica fue abordada en la sexta Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada a mitad del pasado mes de enero, con las sensibles ausencias de Cataluña y País Vasco, aunque a esta última comunidad no le afecta al tener su propio concierto económico. En el encuentro también se debatieron o tomaron acuerdos sobre políticas de empleo, estrategias frente al reto demográfico, pacto social y político por la educación, pacto de Estado contra la violencia de género y unidad de mercado.

Respecto a la financiación se acordó constituir una comisión de expertos, integrada por representantes estatales y de las comunidades autónomas, que iniciará sus trabajos en la segunda mitad de este mes de febrero. Una comisión que realizará “los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos”.

No se establecen plazos, salvo cuando se señala que se intentará alcanzar “el máximo consenso en el año 2017”. Asunto, el del consenso, tremendamente complicado. Por el problema de Cataluña. Porque, a diferencia de procesos anteriores, no habrá recursos económicos adicionales (en 2009 fueron superiores a los 10.000 millones de euros). Además porque nadie está dispuesto a perder un solo euro de los que ahora tiene, con lo que será muy difícil llegar a un acuerdo y establecer una distribución más justa que la actual. No se revisará a fondo el sistema, por lo tanto los fuertes seguirán estando fuertes y los débiles continuarán en el vagón de cola.

Fernando Clavijo pretendía saldar la explicación de la citada reunión con una reunión en un despacho. Hemos sido los grupos de la oposición, mayoría en el Parlamento canario, los que le hemos obligado a comparecer en la Cámara para explicar los contenidos y acuerdos de la Conferencia de Presidentes.

Corresponsabilidad

Junto a los problemas señalados para llegar a un consenso sobre la financiación, Canarias tiene algunas dificultades añadidas. Entre otras, la de la

corresponsabilidad fiscal, una exigencia que ya han puesto sobre la mesa algunos presidentes autonómicos.

Resulta difícil defender más recursos, por justa y razonada que sea la reivindicación, cuando en las cuentas públicas de Canarias para 2017 se reitera la bonificación indiscriminada del impuesto de Sucesiones y Donaciones, tributo que forma parte de la cesta de impuestos que integran la financiación autonómica, lo que impide a Canarias contar con 77 millones de euros más en sus presupuestos.

Asimismo, resulta complicado explicar que otros recursos de la financiación autonómica, como los provenientes del extinto Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), 160 millones de euros, no se destinarán, como debían, a la financiación de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) porque se prefirió destinarlos a políticas clientelares partidistas, en beneficio del titular del Ejecutivo y de su formación política.

Canarias tiene por delante un complicado proceso en el debate que se abre sobre su financiación. Precisa del máximo de unidad de sus fuerzas políticas, económicas y sociales. Nueva Canarias (NC) siempre ha estado al lado del Gobierno en la reclamación de una justa financiación para nuestra comunidad. Planteamos que el nuevo modelo revise a fondo el actual status quo, que los recursos del REF no contabilicen en el sistema y que nos situemos en la media en la financiación de los servicios públicos. Igualmente, exigimos al Ejecutivo canario que en su ámbito competencial aproveche la capacidad fiscal de nuestra Comunidad y priorice los servicios públicos fundamentales, acabando con las políticas fiscales conservadoras y el uso clientelar de los recursos.

La financiación autonómica es un elemento clave en la estructura del modelo descentralizado de Estado que establece el título VIII de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan cada cinco años y que se publican como una ley ordinaria; el último, el de 2009. La Lofca recoge que se pretende garantizar “un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales” y la corresponsabilidad estatal y de las comunidades respecto a ingresos y gastos públicos. Así como la solidaridad entre las diversas regiones y nacionalidades, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias.

El actual sistema debió comenzar a revisarse en 2014 pero circunstancias de índole político y económico (junto a incumplimientos del Gobierno del PP) han ido retrasando esa imprescindible actualización. Se abre ahora un proceso de negociación que va a estar marcado por los problemas territoriales, especialmente, las reivindicaciones de Cataluña y por la situación económica, con los nuevos recortes impuestos desde Europa, la subida de los precios del petróleo y una previsión de crecimiento económico menor que en 2016.