Directrices para el gas

Hacer posible la participación -abierta, transparente y sin manipulaciones- de la ciudadanía en asuntos de trascendencia para la vida de una comunidad es un síntoma de salud democrática. Dicho esto, no me cabe la menor duda de que la propuesta del Gobierno Autónomo de convocar un referéndum, para hacer valer la opinión de los canarios sobre las intenciones del ministro Soria y de Repsol de realizar prospecciones en aguas del Archipiélago, me parece cada vez más una farsa.

Cada día que pasa, la realidad viene a demostrarnos que la demanda de la consulta no ha sido sino un burdo intento de utilizar a la ciudadanía para una batalla política concreta –la de las extracciones de crudo- desde el conocimiento de encuestas de opinión favorables a sus tesis y el convencimiento, por tanto, de que la sensibilidad ciudadana garantizaría un respaldo a las posiciones de rechazo del ejecutivo canario a la iniciativa.

No me cabe la menor duda de que se trata de echar mano de la población por puro interés y no por convencimiento democrático. Sorprenden, cuando menos, las afirmaciones del presidente Paulino Rivero reclamando un sufragio “por trascendencia social” y del vicepresidente José Miguel Pérez escribiendo que “es la hora de la ciudadanía” y de que estamos “ante una oportunidad relevante para dar un salto significativo en materia de participación ciudadana” cuando en estos momentos se debaten asuntos de especial alcance para esta Comunidad sin que se les haya pasado por la sesera informar –aunque sea informar- o debatir con la sociedad.

Miren que hay temas de calado como el REF o la Reforma Electoral que tienen una enorme trascendencia social y que requerirían la participación ciudadana, pero ya que estamos hablando de energía prefiero centrarme en un asunto importantísimo para el futuro de esta tierra que está pasando desapercibido, que está siendo intencionadamente ocultado por CC y el PSOE, y que nos intenta imponer un modelo energético perecedero, contaminante y disuasorio para las renovables. Y sin consultar a la población. A la chita callando, mientras nos hacen centrar toda la atención en el petróleo, el pasado 20 de febrero finalizó la información pública (publicada en el BOC nº 249, de 27 de diciembre de 2013) de las Directrices de Ordenación Sectorial de Energía (DOSE), un documento de más mil páginas que viene a sustituir al PECAN y que no hace sino profundizar en el mismo modelo que veníamos soportando hasta ahora y en bloquear el desarrollo de las energías renovables.

Mientras a Paulino Rivero se le llena la boca con un falso medioambientalismo populista y torticero que echa mano de la “sostenibilidad” por puro interés electoralista (no nos podemos olvidar que, entre otras cosas, modificó el Catálogo de Especies Protegidas para permitir la construcción del puerto de Granadilla); al tiempo que nos insiste en que “las energías limpias son el futuro y los fósiles el pasado”; cuando acaba de declarar en El País que “nuestra economía se sustenta en la naturaleza, por tanto, cualquier actividad que pueda dañarla es perjudicial para nuestro pueblo”; cuando nos dice todo esto, su Gobierno nos intenta colar una propuesta (la DOSE) que se sostiene en tres aspectos fundamentales: en la implantación del gas en Canarias a toda costa, en la renuncia a hacer de las renovables nuestro principal generador de energía para el futuro y en eliminar competencias a los ayuntamientos y cabildos en materia energética y en ordenación del territorio.

A la vez que demanda un referéndum al Estado y que ensalza la participación ciudadana, el Gobierno canario tramita, a toda prisa, corriendo y a la zorruna, unas Directrices de especial relevancia para nuestro futuro acortando los plazos de exposición pública -y por tanto las posibilidades de estudio, análisis y debate-, obviando la aprobación del avance y pasando directamente a la aprobación inicial. De la misma manera, a la par que insiste en buscar el consenso y el diálogo, el Ejecutivo legisla para marginar a las administraciones locales recurriendo al interés público para así imponer sin cortapisas un modelo sucio, dependiente y más caro.

El documento, lleno de lugares comunes, de buenas intenciones teóricas para la galería, inconsistente, pleno de párrafos que se repiten, carente de estudios económicos y dotado de una planimetría imprecisa, no aporta nada nuevo a un PECAN fracasado, a todos los planes energéticos fracasados (en la práctica es una trasposición de todos ellos, salvo en la sustitución del petróleo por el gas). Los mismos que han incumplido con todos los planes energéticos aprobados en Canarias hasta la fecha (1986, 1990, 2002 y 2007) y que se llenaban la boca diciéndonos que en el 2015 dispondríamos de un 30% de energías renovables, cuando no llegamos ni a un 6%, (dispongo de un amplio archivo de declaraciones de Luis Soria, Paulino Rivero, Jorge Rodríguez y Margarita Ramos mintiéndonos en ese sentido) dan ahora un giro copernicano y hacen una apuesta brutal por el gas y unos ciclos combinados muy poco flexibles y muy poco compatibles con una máxima penetración de energías renovables. Por cierto, en esto si que coinciden todos: PP, PSOE y CC

Sustituyen el petróleo por el gas y continúan frenando nuestra soberanía energética; apuestan por unos ciclos combinados obsoletos, más caros que las renovables, hibernados en la península porque no pueden competir con la energía eólica (muchos de ellos, construidos al socaire de una burbuja gasística de más de 25.000 millones de euros, no se han puesto en marcha transcurridos algunos años desde de su inauguración); imponen el gas, un fósil que contribuye al cambio climático liberando metano, que genera óxido de nitrógeno, inductor de la lluvia ácida y que produce afecciones pulmonares, cardiovasculares y de otra índole, según distintos estudios (de la Universidad de Valencia, entre otros); insisten en el gas, que proviene de lugares conflictivos e inseguros, cuyos precios se equipararán muy pronto a los del petróleo y que es 180% más caro que producir con renovables; fuerzan la entrada de un combustible altamente explosivo y pretenden instalarlo cerca de la población, obviando que si el petróleo supone riesgos para los residentes y para el turismo, el gas también; nos obligan a introducir el gas en las industrias y en los hogares y a que, frente a un 20% previsto para el 2015, en el 2020 su consumo en Canarias sea de un 37%... Y claro, no aparecen por ningún lado políticas claras, concretas y presupuestadas, de eficiencia y ahorro; ni se les ocurre proponer una auditoría real a las eléctricas para que conozcamos los verdaderos costes de producción; ni garantizar el autoconsumo...

Nadie ya pone en cuestión que en Canarias es mucho más barato producir con energías limpias que con las fósiles; nadie duda que su impacto en el calentamiento global es nulo frente a las convencionales ni que la implantación de renovables en esta tierra puede generar mucho más empleo que las energías sucias y que puede crear un tejido industrial potente y fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo. Pero este Gobierno, “sostenible” y “alentador” de la participación ciudadana, nos intenta imponer un modelo caduco y contaminante, mientras nos reafirma en la voluntad de seguir estando a la cola del Estado en energías verdes y en la lucha contra el cambio climático. Por cierto, y paradójicamente, el Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), a través de su diputado José Javier Morales, acaba de presentar al Parlamento una proposición no de ley planteando un nuevo modelo energético 100% renovable para Canarias. Lo mandarán a freír bogas.

Hacer posible la participación -abierta, transparente y sin manipulaciones- de la ciudadanía en asuntos de trascendencia para la vida de una comunidad es un síntoma de salud democrática. Dicho esto, no me cabe la menor duda de que la propuesta del Gobierno Autónomo de convocar un referéndum, para hacer valer la opinión de los canarios sobre las intenciones del ministro Soria y de Repsol de realizar prospecciones en aguas del Archipiélago, me parece cada vez más una farsa.

Cada día que pasa, la realidad viene a demostrarnos que la demanda de la consulta no ha sido sino un burdo intento de utilizar a la ciudadanía para una batalla política concreta –la de las extracciones de crudo- desde el conocimiento de encuestas de opinión favorables a sus tesis y el convencimiento, por tanto, de que la sensibilidad ciudadana garantizaría un respaldo a las posiciones de rechazo del ejecutivo canario a la iniciativa.