Educación, de la crisis al Pacto

Ante un problema de estas dimensiones, que afecta gravemente a uno de nuestros principales servicios públicos, cabe siempre la tentación de limitarse a cargar las tintas contra el Gobierno de turno pensando más en el deterioro de sus responsables que en el sistema público y en su alumnado. Poniendo por delante el sacar rédito político, sin analizar sus enormes consecuencias.

Me parece que se trata de una actitud errónea, oportunista, escasamente constructiva y claramente irresponsable cuando hablamos de un servicio que usan diariamente miles de niños y niñas, y que es clave en su adecuada formación, en contenidos académicos y en valores.

Es posible que para algunos su principal preocupación en estos momentos sea cómo hacer el mayor daño posible al Gobierno de ATI-CC y el PP que, por cierto, ha cometido errores de bulto a lo largo del proceso, con actitudes que en lugar de acercar posiciones avivaban la llama del conflicto y dificultaban su resolución. Y que ampliaron esos errores en el mundo educativo cuando la consejera rechazó públicamente que Canarias, por sus especificidades, pudiera ser evaluada en el informe Pisa; o cuando posibilitaron que Educación perdiera peso en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2008.

Para otros, entre los que me encuentro, lo que realmente me inquieta es cómo revertir la actual situación y trabajar ?con la complicidad de todos los actores educativos- por la mejora del sistema público, aumentando la calidad de la formación que recibe nuestro alumnado, incrementando los niveles de éxito escolar y dignificando una de las tareas más nobles: la de enseñar, reconociendo el importante papel social del profesorado.

Prioridad social

En nuestro programa electoral de las autonómicas y locales de mayo de 2007 calificábamos a la educación como una prioridad social y defendíamos un gran Pacto Canario por la Educación, “que establezca objetivos sociales generales, para alcanzar los máximos niveles de desarrollo educativo de las sociedades avanzadas”.

Y en ese punto destacábamos que la educación canaria, concebida como servicio público, estaba obligada a valorar la tarea docente como pilar de todo el sistema, así como a fomentar la participación de las familias como derecho y necesidad relevante. Renuevo hoy esos compromisos con nuestro sistema educativo y sus usuarios. Se trata de dos claves esenciales. Sin un profesorado comprometido y reconocido son imposibles las transformaciones educativas. Sin unas familias que participan activamente en los centros y siguen el proceso educativo de sus hijos e hijas, tampoco.

Por eso, considero que a estas alturas del conflicto, cuando no parecía haber salida alguna al mismo, las federaciones de AMPAs de las Islas han realizado una aportación mesurada, constructiva y superadora que debiera ser atendida por todas las partes. Sus argumentadas peticiones de tregua en el conflicto, diálogo sin exclusiones, negociación sin apriorismos insalvables y puesta en marcha de un Pacto Educativo, un compromiso global por la calidad educativa en el que deberá inscribirse la dignificación social del papel del profesorado y sus mejoras retributivas, merecen, en mi opinión, el apoyo de todos los que defendemos el sistema público de enseñanza. Y, por tanto, debieran ser respaldadas por Consejería y sindicatos.

Entre los asuntos que entiendo debieran forma parte de ese Pacto está garantizar la calidad del servicio público educativo. Incrementando el conocimiento de idiomas y de las nuevas tecnologías; vinculando la formación con el empleo; fomentando la participación democrática de las familias en los centros educativos; mejorando instalaciones y recursos; aumentando equipos multidisciplinares de especialistas y de apoyos; reforzando la prevención de la violencia y de la conflictividad escolar.

Atención a la Diversidad

Asimismo, y como recogimos en nuestro programa, el Pacto debe impulsar un modelo de escuela inclusiva y promotora de una igualdad de oportunidades real, que incremente los niveles de formación y el éxito escolar para toda la ciudadanía, especialmente en la enseñanza obligatoria. Para ello es clave un compromiso coherente y firme, con recursos, por la Atención a la Diversidad (darle a cada alumno lo que precisa para avanzar). Porque no hay igualdad de oportunidades si no se compensan las desigualdades. Y, no debemos olvidarlo, apostar consecuentemente por la formación integral del alumnado, lo que exige una educación comprometida, con prioridad para los valores, que forme ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos.

Se trata, en definitiva, de aprovechar esta profunda crisis para, de manera inteligente y consensuada, convertirla en una oportunidad para la superación de nuestros actuales desfases educativos: incrementando la inversión y los recursos, mejorando las condiciones laborales y retributivas de los docentes, estableciendo compromisos por la calidad y la equidad, reivindicando la trascendencia de la formación y el estudio en la superación individual y en el avance colectivo de una nación. Objetivos esenciales que se imbrican con una de nuestras señas de identidad como proyecto político: la consecuente defensa de los servicios públicos.

* Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*

Ante un problema de estas dimensiones, que afecta gravemente a uno de nuestros principales servicios públicos, cabe siempre la tentación de limitarse a cargar las tintas contra el Gobierno de turno pensando más en el deterioro de sus responsables que en el sistema público y en su alumnado. Poniendo por delante el sacar rédito político, sin analizar sus enormes consecuencias.

Me parece que se trata de una actitud errónea, oportunista, escasamente constructiva y claramente irresponsable cuando hablamos de un servicio que usan diariamente miles de niños y niñas, y que es clave en su adecuada formación, en contenidos académicos y en valores.