2019, elecciones canarias y final de ciclo

La ciudadanía se ha marcado un objetivo, acudir en 2019 a unas elecciones canarias con un nuevo sistema electoral más proporcional y menos restrictivo. El instrumento para alcanzar ese objetivo es el consenso, no el de la imposición de unas mayorías respecto a otras. Desde Demócratas para el Cambio (DPC) venimos planteando a todos, partidos políticos, sociedad y opinión pública, que la predisposición para este grave asunto debe ser la de conseguir un nuevo pacto social para Canarias. Se trata de encarar la tarea con todas las implicaciones que conlleva la actitud de una Cámara cuasi constituyente.

La sociedad percibe el agotamiento del modelo actual. Lo entiende como un fin de ciclo y exige un cambio ya, un nuevo consenso superador del de 1982. Podemos lograrlo entre todos. Pero para ello hay que cambiar actitudes en la Comisión de Estudio creada en el Parlamento tras años de activismo cívico. La Comisión se encuentra en pleno funcionamiento y es el foro adecuado para conseguir este objetivo.

La tarea de la Comisión es buscar la mejor y más adecuada solución a un asunto que aún no tiene una ley. La nueva norma debe disponer -entre otros elementos- cuál será el tamaño del Parlamento, el número y naturaleza de las circunscripciones, el número de diputados asignados a cada circunscripción y el número y porcentaje de corte de las barreras electorales. ¿Dónde queda, actualmente, regulado ese núcleo central del sistema electoral? En una Disposición Transitoria que está a punto de cumplir 35 años.

La Comisión de Estudio del Sistema Electoral Canario se conforma por parlamentarios y parlamentarias, que se verán asistidos con la valiosísima aportación de expertos en ciencias políticas y del derecho, así como de otras áreas del conocimiento que se requirieran. Además, la responsabilidad de los 17 diputados que la conforman se extiende también a su actitud, que debe ser de la mayor receptividad a todas las propuestas que puedan formularse, incluyendo éstas las de fuerzas políticas antagónicas, las de la sociedad civil o las de la heterodoxia académica. Escuchémonos todos.

Por último, la fórmula jurídica para plasmar la solución que en conclusión se acuerde en la Comisión tampoco es un obstáculo insuperable. Puede ser una ley del Parlamento o una modificación del Estatuto que se encuentra aún en el Congreso pendiente de toma en consideración, y, por tanto, susceptible de recibir las enmiendas que se precisen.

Entonces ¿cuál es la dificultad?, ¿qué debe cambiar? En síntesis, la perspectiva de valoración del momento político que estamos viviendo. No estamos debatiendo una proposición de ley más; estamos afrontando un cambio que conducirá a una puesta al día de la organización política de Canarias. Se trata de una transformación de calado. Enredarse en el terreno de lo procedimental no denota capacidad ni ambición de liderazgo frente a este gran reto. Intentar desacreditar a una organización cívica por su crítica al proceder de la Comisión, tampoco es el rol que se espera de quien debiera encabezar la propuesta de soluciones y allanar obstáculos para esta trascendental reforma. Nuestra neutralidad ha conseguido lo que nunca hasta ahora: que todas las fuerzas políticas, salvo CC y PSOE, se pongan de acuerdo en firmar el Pacto por la Democracia en Canarias.

Un episodio reciente en la actividad de la Comisión que ha producido gran polémica puede ayudar a ilustrar lo que queremos explicar. A raíz de un Informe de la Ponencia con el que hemos sido críticos, pero constructivos -pues hemos ofrecido a todos los partidos un texto alternativo-, José Miguel Ruano (CC) nos ha achacado “falta de neutralidad”. No es la primera vez que, quien una vez afirmó “no hay nada que estudiar” cuando DPC propuso la apertura de la Comisión, hace esta acusación. También Fernando Clavijo, y hablando como Presidente de Canarias, dijo en TVE-Canarias en mayo pasado que “DPC lo forman afiliados a partidos con ciertos tintes”, sin que hasta el momento públicamente (sí en privado) haya rectificado.

DPC ha dicho que ese informe de la Ponencia sí que carece de neutralidad, amén de contener errores. No es este el espacio adecuado para desgranar todos los detalles, pero, resumidamente, lo consideramos no neutral porque: a) la Ponencia se ha constituido anómalamente antes de oír a los comparecientes; b) el Informe tiene preámbulo con valoraciones finalistas que pueden ser diferentes a las que concluya la Comisión; c) el Informe tiene comentarios interpretativos de textos que no son fuente de derecho (Consejo Consultivo); d) el informe alude a fuentes del derecho con extractos de textos (artículos de ley o sentencias del Tribunal Constitucional no íntegros); e) el informe comete errores al fijar fuera del alcance del legislador autonómico aspectos en los que sí es competente.

Pero todo esto no es más que embrollo con el que distraer la atención. Porque, ¿qué es lo esencial, cuál es la cuestión de fondo? Lo importante es que existe una gran mayoría de fuerzas políticas -respaldada por la mayoría social- que quiere un nuevo sistema electoral que funcione ya para las elecciones de 2019 con mejor representación de la población y menores barreras. Entre tanto, Coalición Canaria y PSOE no han dado aún el paso definitivo de asumir esos tres puntos básicos para la reforma electoral: puesta en marcha en 2019 del paquete completo, esto es: bajar barreras -sí-, pero además, corregir la representación poblacional.

Y en eso estamos, esperando a que CC y PSOE den respuesta a la firma del Pacto por la Democracia que solo recoge ese compromiso tan básico y a los que seguimos invitando a sumarse. Ese cambio de orientación despejaría definitivamente el discurrir de la Comisión que centraría, así, todos sus esfuerzos en buscar la mejor y más adecuada solución para todos los canarios, todas las islas, todas las organizaciones políticas, es decir, para el conjunto de Canarias.

En una cosa Demócratas para el Cambio no somos neutrales: estamos de parte de todos los ciudadanos y partidos políticos que queremos una Reforma Electoral que lejos de “romper Canarias” -palabras de Fernando Clavijo-, la llevará a estar más unida, más fuerte y mejor preparada para enfrentar su futuro en España y Europa.

La ciudadanía se ha marcado un objetivo, acudir en 2019 a unas elecciones canarias con un nuevo sistema electoral más proporcional y menos restrictivo. El instrumento para alcanzar ese objetivo es el consenso, no el de la imposición de unas mayorías respecto a otras. Desde Demócratas para el Cambio (DPC) venimos planteando a todos, partidos políticos, sociedad y opinión pública, que la predisposición para este grave asunto debe ser la de conseguir un nuevo pacto social para Canarias. Se trata de encarar la tarea con todas las implicaciones que conlleva la actitud de una Cámara cuasi constituyente.

La sociedad percibe el agotamiento del modelo actual. Lo entiende como un fin de ciclo y exige un cambio ya, un nuevo consenso superador del de 1982. Podemos lograrlo entre todos. Pero para ello hay que cambiar actitudes en la Comisión de Estudio creada en el Parlamento tras años de activismo cívico. La Comisión se encuentra en pleno funcionamiento y es el foro adecuado para conseguir este objetivo.