A la espera del Constitucional

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) terminó donde se esperaba: en el Tribunal Constitucional (TC). Lo habían anunciado distintas formaciones políticas, casi desde su aprobación, y a medida que se fue conociendo su contenido definitivo y han ido surgiendo dificultades prácticas de su interpretación y aplicación, la voluntad fue acentuándose hasta terminar materializando un recurso cuya resolución se espera ahora con verdadero interés, incluso pensando en las próximas elecciones autonómicas y locales de 2015.

Hay algunos hechos en torno al itinerario seguido tras la aprobación de la norma por parte del Gobierno y de la mayoría popular que llaman la atención. Por ejemplo, que la Xunta de Galicia haya aprobado otra ley específica ¡para interpretar la propia LRSAL! O que el Gobierno de Canarias haya acordado con la Federación Canaria de Municipios la elaboración de unas pautas para encontrar alternativa a las dudas y las trabas inspiradas por técnicos y funcionarios a la hora de implementar determinados preceptos, sobre régimen retributivo y sobre prestación de servicios sociales, pongamos por caso. O que por primera vez en treinta y cinco años de democracia municipal en nuestro país más de dos mil trescientos ayuntamientos, en representación de más de dieciséis millones de ciudadanos, hayan presentado un recurso totalmente inédito con un factor sustantivo relevante: defender la autonomía local que se considera claramente vulnerada en el texto.

Un texto que, como hemos dicho en otros artículos sobre el particular, restringe competencias a los ayuntamientos y deja abiertas las puertas a la privatización de los servicios sociales, en una suerte de último nicho de negocios que restaba al sector privado. No es ya el deterioro sino el desmantelamiento mismo de estructuras y redes de servicios que las instituciones locales idearon y pusieron en marcha con gran esfuerzo -mientras el sector privado se entretenía en otros negocios más jugosos, más directos y menos problemáticos que la atención a quienes de verdad la necesitan- para que los vecinos, siquiera por el principio de la proximidad, encontraran un refugio al que acudir, un espacio de consuelo y de atención que ahora podrán seguir utilizando solo que, probablemente, pagando de su bolsillo tasas y tarifas por prestaciones. Unas serán más caras, por supuesto. Y no hay garantía de que la mayoría ofrezcan la misma calidad que hasta ahora. Serán los ayuntamientos pequeños, los de menos de veinte mil habitantes para situarnos, los que más sufran las consecuencias en este marco de los servicios sociales. Al producirse un traspaso universal de competencias a diputaciones, cabildos y consejos insulares, asistiremos a un reajuste de tarifas y precios públicos que aseguren los beneficios de las empresas y las subidas tributarias a las familias.

Recordemos que el Consejo de Estado ya emitió en su día un dictamen sobre los contenidos de la norma. El Gobierno salía malparado pero siguió adelante pues la máquina reformista no se detiene ni aun con informes públicos de instituciones a las que se consulta su parecer. Ahora es el TC el que tiene la palabra. Será determinante su parecer con vistas al futuro de los ayuntamientos, pensando, además, en que la mismísima Carta Europea de Autonomía Local a la que suelen recurrir algunos municipalistas para hacer valer sus posiciones también se ve lesionada.

Mientras tanto, es inevitable pensar en las entidades locales como subordinadas de otras administraciones públicas que, por mor de una reasignación, hayan pasado a ser las titulares del listado competencial que caracterizó durante varios mandatos el desenvolvimiento de los ayuntamientos.

El recurso ante el TC es ampliamente representativo de una mayoría social. No es una razón para sentirse excesivamente optimistas a la hora de su resolución pero no puede ser que tanta gente ande tan descabellada a la hora de pensar que los centros de poder político más cercanos a la ciudadanía se van a ver privados de autonomía, de financiación, de recursos y de instrumentos para solventar demandas y necesidades primarias.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) terminó donde se esperaba: en el Tribunal Constitucional (TC). Lo habían anunciado distintas formaciones políticas, casi desde su aprobación, y a medida que se fue conociendo su contenido definitivo y han ido surgiendo dificultades prácticas de su interpretación y aplicación, la voluntad fue acentuándose hasta terminar materializando un recurso cuya resolución se espera ahora con verdadero interés, incluso pensando en las próximas elecciones autonómicas y locales de 2015.

Hay algunos hechos en torno al itinerario seguido tras la aprobación de la norma por parte del Gobierno y de la mayoría popular que llaman la atención. Por ejemplo, que la Xunta de Galicia haya aprobado otra ley específica ¡para interpretar la propia LRSAL! O que el Gobierno de Canarias haya acordado con la Federación Canaria de Municipios la elaboración de unas pautas para encontrar alternativa a las dudas y las trabas inspiradas por técnicos y funcionarios a la hora de implementar determinados preceptos, sobre régimen retributivo y sobre prestación de servicios sociales, pongamos por caso. O que por primera vez en treinta y cinco años de democracia municipal en nuestro país más de dos mil trescientos ayuntamientos, en representación de más de dieciséis millones de ciudadanos, hayan presentado un recurso totalmente inédito con un factor sustantivo relevante: defender la autonomía local que se considera claramente vulnerada en el texto.