Exclusión social

“Canarias presenta un grado de desigualdad multidimensional relativamente muy reducido cuando, en realidad, sus niveles, tanto de moderada como severa, se encuentran entre los más elevados de España”, concluye la séptima entrega del informe Foessa dado conocer días pasados en Gran Canaria por Cáritas Diocesana.

Los porcentajes que sustancian este notable desequilibrio son muy elevados. El 29% de la población de las Islas -el más alto de España, unas seiscientas mil personas- está en riesgo de exclusión social. Un 15,7% de estas personas se encuentran en situación de exclusión severa. Un 42,1% de los hogares en circunstancias de exclusión en las islas está sustentado -en lo que el informe conceptúa como exclusión activa- por una persona ocupada en el mercado laboral.

Estas cifras en Canarias -solo por delante están Extremadura y Baleares- reflejan el crecimiento del índice que, por otro lado, tiene un carácter más económico que el resto del país. Un 15,7% de estas personas se encuentran en situación de exclusión severa, mientras que un 13,3% están en exclusión moderada. Además, el 59,6% de las personas que sufren exclusión, se hallan en una situación de pobreza monetaria. A la inversa, el 17,7% de la población que no está en situación de exclusión social, “es pobre desde el punto de vista monetario”.

¿Hace falta subrayar que el panorama es preocupante? En absoluto. Los resultados del estudio reflejan una realidad que debe hacer reflexionar a instituciones y actores sociales. El debate sigue latente después de las elecciones de mayo, la constitución de las nuevas corporaciones y la formación del actual Gobierno de Canarias. Solo en una clave debe ser interpretado el informe de Foessa: la de una tremenda desigualdad que obliga a hacer considerables esfuerzos en políticas sociales. Todos hablaban hace unos meses -y repetirán ahora- de las personas como prioridad: bueno, es el momento de seguir esmerándose para corregir esta situación, a sabiendas de que no hay varitas mágicas y de que algunos factores de dependencia pueden empeorar. Pero es cuando hay que desarrollar aquellas medidas orientadas a atender necesidades básicas y a las clases más desfavorecidas. Un ejecutivo de coalición convergente en la práctica en las formulaciones teóricas está aún más obligado a unificar esfuerzos y a afrontar con decisión las alternativas que sea capaz de fraguar, especialmente a medio y largo plazo.

Del análisis del informe se desprende que la situación de exclusión social empeora con los años, luego los planes y las acciones previstas han servido de poco. Que las personas excluidas socialmente, si se nos permite la expresión, hayan triplicado el peso poblacional, pasando del 2,6% a representar el 8,6% en 2018, corrobora la necesidad de pensar en políticas sostenibles si se quiere dar algunas esperanzas a los directamente afectados.

¿Será suficiente la renta básica ciudadana, consistente en seiscientos euros mensuales, anunciada por el ejecutivo canario? Es natural que haya dudas. De momento, la consejera de Derechos Sociales y Diversidad, Noemí Santana (UP), ha declarado que esa ayuda llegará a partir del comienzo del nuevo año, primero a las unidades familiares que no perciban ningún tipo de ingresos.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó la semana pasada, el aumento de las ayudas de acción social para la integración por un importe total de un millón novecientos treinta mil euros. Esta cantidad supone un aumento respecto al presupuesto inicial, fijado en 4.130.000 euros.

En concreto, un millón quinientos mil euros irán destinados a cubrir el Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). El resto del montante, cuatrocientos treinta mil euros, se invertirán en la financiación de programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social.

El Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción tiene como objetivo impulsar proyectos dirigidos a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razonas de desestructuración familiar, educativa o desajustes personales.

Por su parte, los programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social atienden con especial énfasis al colectivo de mujeres en situación de pobreza en las Islas que necesitan una mayor atención, más allá de una solución residencial. Dichos programas son gestionados por entidades y asociaciones sociales.

Lo dicho: realidad preocupante, desequilibrios palpables, perspectivas inciertas y primeras medidas paliativas. La exclusión social, realidad de nuestro tiempo.

“Canarias presenta un grado de desigualdad multidimensional relativamente muy reducido cuando, en realidad, sus niveles, tanto de moderada como severa, se encuentran entre los más elevados de España”, concluye la séptima entrega del informe Foessa dado conocer días pasados en Gran Canaria por Cáritas Diocesana.

Los porcentajes que sustancian este notable desequilibrio son muy elevados. El 29% de la población de las Islas -el más alto de España, unas seiscientas mil personas- está en riesgo de exclusión social. Un 15,7% de estas personas se encuentran en situación de exclusión severa. Un 42,1% de los hogares en circunstancias de exclusión en las islas está sustentado -en lo que el informe conceptúa como exclusión activa- por una persona ocupada en el mercado laboral.