Extranjería: dejan sola a Canarias

Señalaba en un anterior artículo que en el caso del Estado español la derecha tradicional lejos de poner un cordón sanitario a la extrema derecha, como ha sucedido en Francia o Alemania, la ha aupado a los gobiernos de las comunidades autónomas y a las presidencias de muchos de sus parlamentos, compartiendo además poder con ella en casi 150 ayuntamientos. Y que, en la reciente ruptura de los gobiernos de las comunidades autónomas, con la excusa de la corresponsabilidad de estas en la acogida de los menores migrantes, ha sido Vox quien abandona al PP, no este quien rompe con la derecha extrema. Lo hace para diferenciarse del PP y competir en radicalismo con la otra ultraderecha de Alvise, así como por marcar perfil propio ahora que se integran en el Parlamento Europeo, junto a Le Pen y Salvini, en el grupo Patriotas por Europa, tan pro-ruso como trumpista.

En el camino, con la evidente complicidad del partido de Alberto Núñez Feijóo, la ultraderecha ha venido desplegando, tanto en los gobiernos autónomos como en las corporaciones locales, su reaccionaria agenda antifeminista, homófoba, negacionista de la Crisis Climática y profundamente antisocial. Y, por supuesto, tan racista como xenófoba e insolidaria con Canarias, como estamos viendo estos días en el tema de la distribución de los menores inmigrantes no acompañados.

En su momento, todos los grupos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, respaldaron el acuerdo alcanzado por los gobiernos español y canario para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y garantizar la distribución de los menores no acompañados que llegan a las islas. Además, esta medida cuenta con el apoyo de los cabildos, ayuntamientos y entidades del tercer sector del Archipiélago.

Pacto Canario, derivación obligatoria

En la redacción del Pacto Canario por la Inmigración, ratificado en octubre del pasado año por el Gobierno de Canarias y la mayoría de los grupos parlamentarios, se incluyó una propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) que urgía, precisamente, a la modificación de la norma estatal para garantizar la distribución obligatoria entre las comunidades autónomas de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias. 

En NC-bc siempre hemos defendido su acogida entre las distintas comunidades, teniendo en cuenta su peso económico y demográfico. Así como una distribución interna razonable entre todas las islas, para equilibrar la responsabilidad de la tutela entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos que garantizan una adecuada atención humanitaria. Igualmente, planteamos la necesidad de explicar este asunto directamente a la Junta de Portavoces de las Cortes para que comprendan su dimensión y la urgencia de las soluciones a adoptar.

Las comunidades autónomas pactaron el miércoles 10 de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife la derivación voluntaria de solo 347 niños y adolescentes, pendientes de compromisos previos de derivación voluntaria, aunque Canarias necesita trasladar para aliviar la actual situación de al menos unos 3.000 menores. Un auténtico fracaso que, aunque menos da una piedra, confirma que recurrir a la voluntariedad soluciona bien poco. Tenemos más de 6.000 menores en estos momentos. Se incrementará con toda seguridad en los próximos meses. 

La voluntariedad ha fracasado

Los antecedentes en este asunto no resultan precisamente muy satisfactorios. Una medida semejante, de reparto voluntario, se viene aplicando desde hace unos cinco años, pero, en la práctica, el grado de incumplimiento ha sido muy elevado, no efectuándose ni el 25% de los traslados previstos a las distintas nacionalidades y regiones de los casi 400 que debían ser reubicados el pasado año 2023. Solidaridad bajo mínimos. 

El pasado lunes PSOE, Sumar y CC registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, en la que se recoge que cuando una comunidad supere el 150% de su capacidad de acogida de los menores migrantes no acompañados, se lleve a cabo una redistribución, de carácter obligatorio, no voluntaria como hasta ahora, entre el resto de las comunidades. Estableciendo, asimismo, que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.

El apoyo no está en modo alguno garantizado en la toma en consideración que habrá de producirse en el pleno extraordinario que el Congreso tiene previsto celebrar el próximo martes 23 de julio. Y no lo está por el rechazo frontal de Junts, que pretende que Cataluña quede excluida del reparto, y, asimismo, por las reticencias mostradas por el PP, que se agarra a insuficiencias en la financiación o a la necesidad de declarar una situación de emergencia migratoria para el todo el territorio estatal. 

De mayor inmediatez en su aplicación sería aprobar esa reforma mediante un decreto ley del Consejo de ministros. Pero que también precisaría de su convalidación en el Congreso, lo que en las actuales circunstancias no parece estar garantizado. En todo caso, el PP, en un tema de Estado, cometería un grave error con los derechos de los menores no acompañados y con Canarias si, por estrechos intereses partidistas, torpedea la posibilidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Solidaridad con los menores y Canarias

Como bien ha señalado nuestro portavoz parlamentario, Luis Campos, el PP se escuda en una presunta saturación de las comunidades autónomas en las que gobernaba en solitario o hasta hace una semana con pactos con la extrema derecha, para negarse a la distribución obligatoria entre todos los territorios del Estado cuando, en el mejor de los casos, acogen conjuntamente poco más del 10% de los menores protegidos en el Archipiélago. Canarias se queda con la atención de 3.000 menores, que es una cantidad muy significativa.

Los movimientos migratorios continuarán y, con toda seguridad, se incrementarán en el futuro. Especialmente los que tienen origen en el África subsahariana, por las negativas condiciones de vida, los conflictos armados, la explosiva demografía y las consecuencias de la crisis climática. Y Canarias se verá afectada, como lugar de paso de esas personas en su camino hacia el continente europeo.

Los organismos estatales e internacionales, entre ellos la Unión Europea, deben actuar siempre desde el respeto a los derechos humanos (y, en particular, los que afectan a la infancia), intensificando la cooperación al desarrollo y las acciones a favor de la paz. Así como en la búsqueda permanente de alternativas regularizadas y legales que permitan compaginar los deseos de una vida mejor de los migrantes con las necesidades que tiene Europa de ser receptora de millones de personas en las próximas décadas para que puedan funcionar sus distintos sectores económicos. Evitando la explotación por mafias sin escrúpulos, el elevado riesgo de travesías muy peligrosas y las numerosas muertes en el mar; y, al mismo tiempo, combatiendo con firmeza el veneno del odio inoculado por las extremas derechas -y asimilado por parte de las derechas tradicionales- que trata de deshumanizarlos.

Señalaba en un anterior artículo que en el caso del Estado español la derecha tradicional lejos de poner un cordón sanitario a la extrema derecha, como ha sucedido en Francia o Alemania, la ha aupado a los gobiernos de las comunidades autónomas y a las presidencias de muchos de sus parlamentos, compartiendo además poder con ella en casi 150 ayuntamientos. Y que, en la reciente ruptura de los gobiernos de las comunidades autónomas, con la excusa de la corresponsabilidad de estas en la acogida de los menores migrantes, ha sido Vox quien abandona al PP, no este quien rompe con la derecha extrema. Lo hace para diferenciarse del PP y competir en radicalismo con la otra ultraderecha de Alvise, así como por marcar perfil propio ahora que se integran en el Parlamento Europeo, junto a Le Pen y Salvini, en el grupo Patriotas por Europa, tan pro-ruso como trumpista.

En el camino, con la evidente complicidad del partido de Alberto Núñez Feijóo, la ultraderecha ha venido desplegando, tanto en los gobiernos autónomos como en las corporaciones locales, su reaccionaria agenda antifeminista, homófoba, negacionista de la Crisis Climática y profundamente antisocial. Y, por supuesto, tan racista como xenófoba e insolidaria con Canarias, como estamos viendo estos días en el tema de la distribución de los menores inmigrantes no acompañados.