Financiación: propuestas ante un nuevo modelo

El debate sobre la financiación autonómica es uno de los más trascendentes del actual curso político. Asunto complejo siempre, en esta ocasión se encuentra además atravesado por el acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Illa y que supone una modificación en la financiación de Cataluña. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) demandamos un modelo que ofrezca a las comunidades suficientes recursos para afrontar las necesidades en servicios públicos e infraestructuras. Planteado desde la solidaridad interterritorial y que exige, también, la corresponsabilidad fiscal. Y, por supuesto, que tenga en cuenta a Canarias, desde el respeto a la desvinculación de los rendimientos tributarios del REF de los recursos del sistema de financiación, mejorando la ponderación de la insularidad y reconociendo el impacto de la pobreza en los servicios públicos.

La financiación autonómica constituye un elemento esencial en la estructura del modelo descentralizado de Estado establecido en el título VIIIº de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan (o, más bien, debieran alcanzarse) cada cinco años y que se publican como ley; el último, el del año 2009. En 2014, por tanto, debería haberse hecho una evaluación de su funcionamiento y, en su caso, una revisión de este; pero no ha ocurrido y ya han pasado diez años. Solucionar este asunto es determinante para que, desde una distribución de los recursos justa, solidaria y suficiente, las comunidades ofrezcan adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas. Bloquearlo por intereses partidistas constituye una evidente irresponsabilidad.

No será sencillo, al margen de la dificultad añadida que puede representar el acuerdo establecido por PSOE y ERC para que Cataluña tenga una financiación singular que, de aplicarse, supondría una modificación sustancial del régimen común del que ahora forman parte todas las comunidades, excepto Euskadi y Navarra. Un acuerdo que precisa de mayorías políticas en las Cortes para cambiar la LOFCA y la ley 22/2009 que regula la financiación de las comunidades de régimen común. Su mayor riesgo es que aportar más recursos a Cataluña suponga detraerlos del sistema común, lo que obligaría al Estado a establecer fórmulas compensatorias para el resto de las comunidades.

Hay que recordar que antes de la existencia de esta propuesta que modificaría el estatus catalán, con gobiernos incluso con mayoría absoluta, como el de Rajoy (2011-2015), no llegó a aprobarse una nueva financiación. Ni con los posteriores del PSOE en solitario y del PSOE con Unidas Podemos. Son distintos los intereses de las diferentes comunidades y resulta muy complicado encontrar un marco en el que todas satisfagan sus respectivas reclamaciones.

La LOFCA señala que se pretende garantizar “un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales” y la corresponsabilidad estatal y de las comunidades respecto a ingresos y gastos públicos. Así como la solidaridad entre las nacionalidades y regiones, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias. 

La revisión del actual modelo, que debe aprobarse en las Cortes, tiene que hacerse, resulta obvio, dentro del marco constitucional. Y, previamente, exige una intensa negociación política entre las distintas formaciones políticas, así como la búsqueda de acuerdos entre las diversas comunidades autónomas y su debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ejes de la revisión

En este debate no vale solo oponerse, sino que se deben hacer propuestas. Considero que son cuatro los ejes que debe contemplar la revisión del sistema de financiación de las comunidades de régimen común. En primer lugar, el modelo a debatir y aprobar debe garantizar la suficiencia de los recursos que reciban las nacionalidades y regiones para la financiación de sus servicios públicos fundamentales y el ejercicio del resto de sus competencias.

En segundo lugar, debe observar el principio de solidaridad interterritorial, base de la equidad en la distribución de los recursos del sistema, que regule transferir de los territorios más ricos a los que tienen menos renta y consumo. Esta solidaridad interterritorial debe cumplir, además, con el llamado principio de ordinalidad, de forma que ninguna comunidad que transfiera recursos quede peor en financiación ajustada por habitante que otra que es receptora neta de recursos. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), asegura que lo que este principio exige es “que la aplicación del sistema de financiación regional no altere la ordenación de los territorios en términos de recursos por habitante ajustado, calculados a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal”. Las posibles reducciones de recursos a las comunidades para cumplir con la ordinalidad deben ser compensadas por la administración central.      

El tercer eje que defendemos en NC-bc es el principio de corresponsabilidad fiscal. De forma que una comunidad que prefiera, legítimamente, bajar o eliminar un impuesto no deba recibir los rendimientos de ese impuesto de los ciudadanos y ciudadanas de otros territorios que sí lo pagan. O recurrir a culpabilizar al sistema de financiación, normalmente esta denuncia siempre se dirige al Gobierno estatal, de ser culpable de una supuesta infrafinanciación. 

Se trata de asumir responsabilidades con todas sus consecuencias. Lo que no hacen quienes, como Madrid o Canarias, imponen rebajas fiscales a los más ricos, eliminando impuestos como el de donaciones y sucesiones, cuando ya estaban bonificados para la inmensa mayoría de la población. Perdonando, en el particular caso de la Comunidad Canaria, 180 millones de euros en la legislatura al 0,7% de los contribuyentes. Y debilitando la posición canaria a la hora de negociar el nuevo modelo. 

Desvinculación REF

Y, en cuarto lugar, entendemos que, para Canarias, esta revisión del modelo debe mantener la desvinculación de los rendimientos tributarios del REF de los recursos del sistema de financiación autonómica, tal como establece nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 166), la Ley 19/1994 del REF (artículo 3.4), la LOFCA (disposición adicional cuarta) y la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (DA Segunda). 

El Estatuto y el REF recogen que “”los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales“. Señalándose que ”estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el Sistema de Financiación Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.“

El nuevo modelo también debe mejorar, en nuestra opinión, la actual ponderación de la insularidad en la determinación de la unidad de redistribución del sistema que conocemos como población ajustada. Y debería incorporar la variable de renta per cápita y/o pobreza de cada territorio en la determinación de la población ajustada, que es el indicador que actualmente mide las necesidades de gasto de cada territorio. Lo planteamos siendo plenamente conscientes de que que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto en los servicios públicos y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada.

Otro tema relevante es la condonación de la deuda autonómica, asunto que levantó mucha polémica hace un año. Reclamamos que esta afecte a todas las comunidades y al global de la deuda y que, aplicando el mismo criterio del 20%, como a Cataluña, representará una reducción de 1.980 euros por habitante. A Canarias, con algo más de 2,24 millones de habitantes en 2021, le correspondería una quita de 4.385 millones, como reclamamos desde NC-bc, como concluyó el estudio realizado por Fedea y como aprobó el Parlamento de Canarias en febrero a propuesta de NC-bc. 

En definitiva, en Nueva Canarias-Bloque Canarista aspiramos a un nuevo sistema de financiación autonómica que dote de suficientes recursos al conjunto de las nacionalidades y regiones, que cumpla de  forma nítida con la imprescindible solidaridad entre los territorios, que implique la plena corresponsabilidad fiscal y que suponga el mantenimiento de la desvinculación de los rendimientos tributarios del REF de los recursos del sistema de financiación autonómica, así como a la mejora de la ponderación de la insularidad. Propuestas que hacemos desde el reconocimiento de un estado complejo y plurinacional y, asimismo, desde la defensa de la prevalencia de los servicios públicos y del respeto a la singularidad de Canarias. En coherencia con nuestro planteamiento político progresista y canarista.

El debate sobre la financiación autonómica es uno de los más trascendentes del actual curso político. Asunto complejo siempre, en esta ocasión se encuentra además atravesado por el acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Illa y que supone una modificación en la financiación de Cataluña. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) demandamos un modelo que ofrezca a las comunidades suficientes recursos para afrontar las necesidades en servicios públicos e infraestructuras. Planteado desde la solidaridad interterritorial y que exige, también, la corresponsabilidad fiscal. Y, por supuesto, que tenga en cuenta a Canarias, desde el respeto a la desvinculación de los rendimientos tributarios del REF de los recursos del sistema de financiación, mejorando la ponderación de la insularidad y reconociendo el impacto de la pobreza en los servicios públicos.

La financiación autonómica constituye un elemento esencial en la estructura del modelo descentralizado de Estado establecido en el título VIIIº de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan (o, más bien, debieran alcanzarse) cada cinco años y que se publican como ley; el último, el del año 2009. En 2014, por tanto, debería haberse hecho una evaluación de su funcionamiento y, en su caso, una revisión de este; pero no ha ocurrido y ya han pasado diez años. Solucionar este asunto es determinante para que, desde una distribución de los recursos justa, solidaria y suficiente, las comunidades ofrezcan adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas. Bloquearlo por intereses partidistas constituye una evidente irresponsabilidad.