Fiscalidad y políticas públicas

La fiscalidad es un factor absolutamente determinante para el desarrollo de las políticas de las administraciones públicas en todas sus dimensiones, económicas y sociales, de infraestructuras o de seguridad. Según el modelo que se defienda y que se aplique, se podrá dotar más y mejor a los servicios públicos esenciales, lograr la sostenibilidad de las pensiones, renovar las infraestructuras, facilitar que haya un parque de viviendas al que puedan acceder las clases populares, combatir la violencia de género, garantizar la justicia y la seguridad.

Por el contrario, se podrá dejar todo en manos del mercado, desprotegiendo y condenando a una parte de la población que no podrá disfrutar de una sanidad, una educación, unos servicios sociales adecuados o del derecho a la vivienda; impidiendo, en definitiva, cualquier elemento de equidad social.

En las cuentas públicas, estatales, autonómicas y locales se establecen las prioridades de un gobierno en los distintos ámbitos. Para abordar las necesidades de infraestructuras y servicios, económicas y sociales, se fijan unos ingresos fiscales, con impuestos indirectos, tasas y, de manera especial, con los directos, que deben ser progresivos, para evitar que el mayor peso recaiga sobre trabajadores y clases medias. Deben lograr que pague más el que más tiene y que se vigile y evite el fraude, que tantos recursos detrae a las administraciones públicas y a los derechos de la ciudadanía.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez -y que aún no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobados- se pueden observar elementos muy positivos en su implicación social. Especialmente, en materia de educación, sanidad y pensiones así como en políticas de vivienda. De manera muy destacada, en el incremento significativo que recibe la dotación para el desarrollo de la ley de la dependencia, que se vio tan gravemente dañada por las políticas de austeridad y recortes aplicadas frente a la crisis económica, que crece un 59% respecto a 2018, alcanzando los 2.232 millones de euros.

6.000 millones

Estando aún pendientes algunos asuntos que afectan de manera importante a Canarias, como las infraestructuras educativas, la lucha contra la pobreza y las ayudas al agua de riego. Así como aclarar que la modificación del impuesto de Sociedades respete con precisión las figuras tributarias del Régimen Económico y Fiscal (REF).

El conjunto de políticas sociales pudo estar incluso mucho mejor dotado en estas cuentas públicas estatales para el presente año. Pero lo impidieron formaciones políticas como PP y CC al oponerse, en las Cortes Generales, a la nueva senda de déficit negociada con la Unión Europea (UE). De haberse aprobado hubiese permitido aumentar el gasto público estatal en otros 6.000 millones de euros. Las derechas, la estatal y la canaria, se pusieron una vez más de acuerdo para evitar mejoras que habrían beneficiado a la mayoría y, de manera especial, a los más vulnerables, que son más en Canarias que en el resto del Estado.

Por otra parte, considero adecuadas las políticas fiscales de estos presupuestos. Apoyo que los impuestos directos tiendan hacia la progresividad, posibilitando recaudar unos 4.000 millones de euros más en este ejercicio. Considero igualmente razonables los nuevos impuestos que se plantean, dirigidos a la compra de acciones (Tasa Tobin) y a los servicios digitales de las grandes compañías (Tasa Google), que conjuntamente aportarán unos 2.000 millones de euros de ingresos al Estado.

Irresponsables y antisociales

Contrasta vivamente la decisión del Gobierno central en materia fiscal -que compartimos y forma parte de nuestro ideario y de nuestras enmiendas a los presupuestos de la comunidad canaria a lo largo de la legislatura, porque sólo recaudando más y combatiendo el fraude se puede garantizar una adecuada dotación de los servicios y de las infraestructuras públicas- con lo que en este ámbito viene haciendo reiteradamente el Gobierno canario. Con unas rebajas fiscales que sólo pueden ser calificadas de irresponsables y antisociales en una comunidad con débiles servicios públicos y grandes carencias y desigualdades sociales que nos colocan a la cola del Estado español.

A través de decisiones que apenas afectan positivamente al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, el Ejecutivo de Fernando Clavijo ha detraído, en dos ejercicios económicos, unos 275 millones de euros de los presupuestos de la comunidad canaria. Cantidad que hubiese permitido mejorar la situación de nuestra educación, sanidad y dependencia. Además de comenzar a desarrollar un plan de vivienda que dé respuesta a las necesidades de tantas familias de las Islas.

Me refiero, entre otras, a la rebaja del IGIC del 7% al 6,5%. A la reducción del tramo autonómico del IRPF que beneficia fundamentalmente a las rentas medias y altas. Y, especialmente, a la que afecta al consumo eléctrico que pasa a estar exento (frente al 21% de IVA que se aplica en el resto de España), que no penaliza los consumos excesivos, no discrimina entre consumos domésticos y empresas y, tampoco, entre pymes y grandes empresas. Lo que choca frontalmente con la fiscalidad medioambiental de la Unión Europea que busca incentivar el ahorro energético y que castiga los consumos excesivos.

Frente a ello, Nueva Canarias (NC) ha propuesto la recuperación parcial del impuesto de Donaciones y Sucesiones, con carácter progresivo, bonificando al 99% a las herencias inferiores a 300.000 euros y que luego esta bonificación se vaya reduciendo a medida que crece el importe de la herencia recibida, siendo cero para los grandes patrimonios. Estimamos una recaudación de unos 30 millones de euros con el mismo. Planteamos, asimismo, elevar los tipos incrementados del IGIC del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%, lo que supondría una recaudación adicional de otros 30 millones de euros. También seguimos defendiendo crear un impuesto sobre pernoctaciones turísticas (ecotasa turística), que posibilitaría recaudar unos 160 millones de euros.

Contando con esas medidas fiscales -que se añadirían a la notable mejora que hemos conseguido al separar los recursos del REF a los de la financiación autonómica, unos 600 millones de euros adicionales este año 2019, y una revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), orientándolo hacia estas políticas y no a una acción clientelar- Canarias puede aspirar a disponer de unos servicios públicos de calidad en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales; estimular el empleo, desarrollar un necesario y ambicioso plan de vivienda, impulsar las infraestructuras turísticas, las obras hidráulicas y la vivienda.

Para dejar de estar a la cola en casi todo lo bueno y, por el contrario, a la cabeza en pobreza y exclusión social. Pero ese cambio a favor de las personas y su calidad de vida resulta un objetivo completamente imposible de alcanzar con este Gobierno canario, el que sostienen CC, PP y ASG, conservador e insularista.

La fiscalidad es un factor absolutamente determinante para el desarrollo de las políticas de las administraciones públicas en todas sus dimensiones, económicas y sociales, de infraestructuras o de seguridad. Según el modelo que se defienda y que se aplique, se podrá dotar más y mejor a los servicios públicos esenciales, lograr la sostenibilidad de las pensiones, renovar las infraestructuras, facilitar que haya un parque de viviendas al que puedan acceder las clases populares, combatir la violencia de género, garantizar la justicia y la seguridad.

Por el contrario, se podrá dejar todo en manos del mercado, desprotegiendo y condenando a una parte de la población que no podrá disfrutar de una sanidad, una educación, unos servicios sociales adecuados o del derecho a la vivienda; impidiendo, en definitiva, cualquier elemento de equidad social.