¿Quién nos gobierna?

Yo no voy a entrar, en estos momentos de extrema sensibilidad, a valorar en toda su dimensión este tema sobre el que debe arrojar luz, de manera urgente, la comisión de investigación creada al efecto, porque nos atañe a todos el que se despeje cualquier atisbo de responsabilidad de la compañía aérea y de la Administración Pública. Desde luego, mucho más a los canarios que hemos perdido tantas vidas y que estamos obligados a volar continuamente como única manera de comunicarnos con los continentes. Se nos pone la piel de gallina cuando los partidos políticos presentes en la comisión parlamentaria celebrada días atrás se preguntan, ahora y no antes, “si el control sobre la seguridad aérea es efectivo”.

Ahora bien, al hilo de todo esto, quisiera poner sobre la mesa algunos temas de enorme trascendencia que afectan a la integridad de los ciudadanos y que ponen de relieve la grandísima irresponsabilidad de algunas empresas privadas, la vacuidad de la Administración y el sometimiento del sistema político imperante.

El escenario suele ser casi siempre el mismo. Tras el ahorro de costes de personal y de inversiones en el mantenimiento se sucede el accidente, la desgracia y, en cadena, las comisiones de investigación, las comisiones parlamentarias que rozan casi siempre la inmoralidad - pues se convierten en un toma y daca político- las lamentaciones en los editoriales de los periódicos y el dolor, el cabreo y el desprecio de los ciudadanos. En medio de todo ello, la falta de escrúpulos, la pasividad, la inacción y la irresponsabilidad, cuando no el compadreo, de los encargados de fiscalizar la gestión privada que redunda en acción y responsabilidad públicas.

Podría poner cientos de ejemplos. Los daños del buque Don Pedro en Ibiza, o los del Prestige, el Mar Egeo o el Urquiola en Galicia; los vertidos a los ríos y al mar de purines, contaminantes químicos, alquitranes, etc., como los del Tamble y el río Catasol, también en Galicia; las siete toneladas de vertidos “accidentales” de buques petroleros en los últimos meses en los mares españoles; el vertido de yesos contaminados en la ría de Tinto por Fertiberia; el desastre ecológico en el Parque Nacional de Doñana producido por la compañía sueca responsable de las minas de Aznalcóllar, en Huelva; los vertidos de Unión Fenosa e Iberdrola de 25.000 litros de fuel-oil en el río Tajo desde la central térmica de Villaseca de la Sagra, en Toledo; el tremendo apagón de Tenerife tras la tormenta tropical Delta, que se debió, según el Departamento de Ingeniería Mecánica de la ULPGC, a que las torres sobre las que se apoyaba el tendido eléctrico estaban corroídas por el oxido. Al final, todo se saldó con una pequeña multa del fiscalizador que no fiscalizaba a la monopolística Endesa, un modelo de gestión para algunos directores de periódicos, según consta en sendos artículos publicados en este mes de agosto.

Podría seguir citando más casos de irresponsabilidad y descontrol, públicos y privados, pero quiero centrarme, para finalizar, en el asunto más grave que ha sucedido en los últimos años, al margen del accidente de Spanair y que tiene también como protagonista a la “intachable” Endesa, la misma que también nos promete la mayor de las seguridades en la instalación del gas en Canarias.

Me refiero a los graves accidentes que se han producido en las centrales nucleares españolas en los últimos meses: el más importante de ellos el acaecido este verano, entre los meses de julio y agosto.

Primero fue en Ascó donde una tubería corroída por falta de mantenimiento provocó una fuga que obligó a paralizar la central. Todo se solucionó con una pequeña multa que no suponía siquiera lo correspondiente a un día de las ganancias que produce la planta. Más tarde, en 2004, en Vandellós II, por “primar la producción sobre le seguridad” según el CSN, se ocultó un peligroso accidente. Los problemas de corrosión se arrastraban desde 1993. Se habían ocultado los graves riesgos; se habían disminuido en un 62'5% las inversiones en mantenimiento y no se habían realizado las pertinentes inspecciones técnicas.

El pasado 4 de abril de 2008, se anunció por parte de la central de Ascó una pequeña fuga radiactiva de nivel 1. De nuevo se descubre que mentían al ocultar un accidente cien veces más peligroso: desconectaron las alarmas, permitieron que siguieran realizándose visitas escolares, que salieran camiones con partículas contaminantes?Para el Consejo de Seguridad Nuclear, la central cometió seis irregularidades consecutivas, que intentaron ocultar a los ciudadanos y a las instituciones poniendo en riesgo la vida de miles y miles de personas.

A mitad de agosto se eleva una propuesta de sanción a Ascó de 22,5 millones de euros, casi cuatro mil millones de las antiguas pesetas, lo que Greenpeace considera poco disuasorio dada la enorme rentabilidad de la nuclear. Y, para colmo de los colmos, el pasado 24 de agosto, un incendio vuelve a disparar las alarmas al producirse, esta vez en Vandellós, un gravísimo incendio, posiblemente motivado por una avería “reparada”.

Tras todo esto, lo de siempre: los alcaldes de los municipios aledaños montan en cólera porque se les avisó cuatro horas más tarde del incendio; el CSN exige inmediatamente a los responsables de la central que inviertan más en seguridad: “es inaceptable que no aprendan de sus errores” llegaron a decir y, por último, la Generalitat sale a la palestra culpando a las nucleares de las averías “por recortar gastos”.

Todo a toro pasado. ¿Qué hubiese sucedido de producirse un accidente como el de Chernobil? Lamentaciones, comisiones, editoriales, funerales institucionales, monumentos?¿Por qué no se ejercen realmente los controles necesarios? ¿Por qué no se actúa con contundencia tanto por la vía administrativa como por la penal? ¿Quién controla con garantías las prácticas empresariales abusivas o depredadoras para que no se produzca una catástrofe? ¿Es verdad que el cese de Joan Clos se debió, como él mismo dijo, a directrices de las eléctricas descontentas con alguna de sus decisiones?

Es realmente preocupante constatar cómo el sistema democrático, de partidos políticos, ya no tiene las riendas de las decisiones colectivas. Realmente, ¿quién nos gobierna?

* Alcalde de Agüimes

Antonio Morales Méndez*

Yo no voy a entrar, en estos momentos de extrema sensibilidad, a valorar en toda su dimensión este tema sobre el que debe arrojar luz, de manera urgente, la comisión de investigación creada al efecto, porque nos atañe a todos el que se despeje cualquier atisbo de responsabilidad de la compañía aérea y de la Administración Pública. Desde luego, mucho más a los canarios que hemos perdido tantas vidas y que estamos obligados a volar continuamente como única manera de comunicarnos con los continentes. Se nos pone la piel de gallina cuando los partidos políticos presentes en la comisión parlamentaria celebrada días atrás se preguntan, ahora y no antes, “si el control sobre la seguridad aérea es efectivo”.

Ahora bien, al hilo de todo esto, quisiera poner sobre la mesa algunos temas de enorme trascendencia que afectan a la integridad de los ciudadanos y que ponen de relieve la grandísima irresponsabilidad de algunas empresas privadas, la vacuidad de la Administración y el sometimiento del sistema político imperante.