La Gomera, entre el chiste y la demagogia

La naturaleza gomera es una herencia histórica que la actual sociedad debe dejar en mejores condiciones a las generaciones futuras, es a eso lo que llamamos desarrollo sostenible. Desde el fin de la dictadura franquista, la Isla ha pasado de ser una sociedad agraria incapaz de asumir su crecimiento demográfico, a otra que tiene como sostén el sector servicio y, como reclamo turístico, su patrimonio natural. La ciencia, y un mejor conocimiento de los procesos naturales, permite a los gestores públicos contar con información suficiente para adecuar la calidad de vida de sus habitantes a la conservación de recursos naturales.

La democracia es un sistema que necesita la libre circulación de la información, la transparencia de la gestión de las administraciones públicas y el acatamiento de las normas propias de un estado de derecho. Pues bien, basta unos cuantos ejemplos para demostrar que el reconocimiento a La Gomera como Reserva de la Biosfera ha sido a pesar de la nefasta gestión de su patrimonio natural llevada acabo por los partidos gobernantes.

El Cabildo de La Gomera lleva muchos años presidido por el mismo político y por el mismo partido, tiempo suficiente para poder analizar su analiza su gestión. Lo primero que destaca en su larga trayectoria es la opacidad y el desprecio a las demandas ciudadanas de información, la falta de respeto a las normas que ellos mismos aprobaron para conservar los recursos naturales y proteger los derechos de los ciudadanos. Basta con poner algunos ejemplos para ilustrar -y probar- estas afirmaciones.

Cuando todavía espacios naturales de La Gomera servían como vertedera incontrolados, el cabildo de la isla apoyó y financió la construcción de una planta embotelladora en el pago de Taguluche en el municipio de Valle Gran Rey. Fue promovida por el ayuntamiento y amparada por el gobierno canario. Nunca recibieron a los vecinos afectados por la expoliación del agua de sus nacientes, nadie puso pegas a un disparatado informe de impacto, se permitió que el alcalde perforara ilegalmente un pozo en contra del criterio de los técnicos, conculcaron las leyes de protección del medio rural, no se reunieron con las asociaciones conservacionistas, ningunearon la mayor manifestación realizada en La Gomera a favor de la conservación de los recursos naturales y el agua de los nacientes de Taguluche. En resumen, se actuó con formas y modales caciquiles, nadie respondía a las solicitudes de información ni accedían a recibir a los afectados. La embotelladora se hizo, la justicia la declaró ilegal y ordenó su derribo. (Aunque a estos políticos les da igual y no lo han hecho.) El mismo alcalde de Valle Gran Rey que promovió la embotelladora, hizo una pista agrícola desde Taguluche al barranco de Guariñen. Allí preveía construir una urbanización turística y para ello no dudaron en extraer las piedras del espacio natural protegido de El Lomo del Carretón. Como es habitual, la denuncia la tramitan los juzgados y las administraciones mantienen silencio. No parecen que estos temas preocupen y ocupen a los responsables de la protección de los recursos naturales.

Estos señores que utilizan el mes de agosto para sacar a información pública todo tipo de proyectos, y dificultan el acceso a los documentos, son los mismos que mantienen las depuradoras de la isla en una situación lamentable y vertiendo aguas sin tratar directamente al mar. Son los mismos que aprueban y hacen la vista gorda a proyectos tan disparatados como el de la granja de cría de cochinos negros construida en Arure y que actualmente se encuentra paralizada por incumplir la ley de espacios naturales y las de protección del territorio, además de las propias de este tipo de actividad.

Los perjudicados ha sido el patrimonio natural, los contribuyentes, los vecinos y la democracia. Entonces ¿quiénes se han beneficiado con estas ruinosas inversiones? Los mismos que son responsables de la actual crisis, los que han formado esa nefasta alianza entre políticos, constructores y financieros. Los ciudadanos tenemos que pagar el derribo de obras ilegales y las deudas que ellos no adquirieron. Por el contrario, los autores de estos desaguisados pueden estar tranquilos: la amnistía fiscal les permitirá aflorar el dinero negro “ganado” con estos proyectos.

El enorme trecho que hay entre lo que dicen las proclamas de los socialistas gomeros, entre los que escribe el director adjunto de la APMUN y lo que está ocurriendo en la Isla, queda meridianamente claro en el caso de la red de alcantarillado de Arure. La situación no solo afecta al patrimonio natural, también, y esto es lo más grave, a la salud y el bienestar de los vecinos. Las aguas fecales siguen, a pesar de las denuncias, sin tratamiento y vertiéndose al barranco. Ningún responsable de la administración ha asumido la responsabilidad de haber perforado ilegalmente un pozo filtrante (en un cauce público y sin informes técnicos que lo avalaran) en lugar de enviar estas aguas negras a una depuradora, tal y como establece la legislación vigente. El pozo ha sido clausurado tras la denuncia de una vecina Ha sido un gasto inútil que pagamos todos los contribuyentes. Mientras, los responsables se limitan a guardar silencio sobre los hechos y a escribir artículos como los de Emiliano Coello, pura demagogia y sin gracia alguna.

*Portavoz de Atan

Eustaquio Villalba*

La naturaleza gomera es una herencia histórica que la actual sociedad debe dejar en mejores condiciones a las generaciones futuras, es a eso lo que llamamos desarrollo sostenible. Desde el fin de la dictadura franquista, la Isla ha pasado de ser una sociedad agraria incapaz de asumir su crecimiento demográfico, a otra que tiene como sostén el sector servicio y, como reclamo turístico, su patrimonio natural. La ciencia, y un mejor conocimiento de los procesos naturales, permite a los gestores públicos contar con información suficiente para adecuar la calidad de vida de sus habitantes a la conservación de recursos naturales.

La democracia es un sistema que necesita la libre circulación de la información, la transparencia de la gestión de las administraciones públicas y el acatamiento de las normas propias de un estado de derecho. Pues bien, basta unos cuantos ejemplos para demostrar que el reconocimiento a La Gomera como Reserva de la Biosfera ha sido a pesar de la nefasta gestión de su patrimonio natural llevada acabo por los partidos gobernantes.