La gripe A y su influencia sobre la gestión de la crisis de la COVID-19

En los inicios de esta pandemia de la COVID-9, los gobiernos nacionales han tenido que tomar decisiones siguiendo directrices de la OMS, pero con unos niveles elevados de incertidumbre y con muy poco conocimiento sobre sus características, mecanismos de transmisión, prevención y tratamiento. Pero sobre todo condicionados por la capacidad de sus sistemas sanitarios para desarrollar una efectiva y sostenida respuesta sanitaria y social debido a la alta velocidad de transmisibilidad y a la previsible alta letalidad de este nuevo coronavirus SARS-Cov 2.

Las connotaciones sanitarias y sobre todo económicas, para afrontar la declaración de pandemia, han podido añadir a la acción de los gobiernos un mayor conflicto y complejidad que lo hacen mucho más difícil de manejar. Sus decisiones están sometidas a los cambios de escenarios y a otras consideraciones, evaluaciones y presiones que son ejercidas desde actores sociales, económicos, políticos, medios de comunicación y redes sociales que también condicionan, en última instancia, las disposiciones que se adopten. Es evidente por tanto, que los criterios científicos y técnicos han guiado el proceso situacional de control de esta pandemia, pero no pueden marcar estrictamente la planificación de la legítima y necesaria acción de gobierno. Son necesarias herramientas poderosas para enfrentar la incertidumbre en la que nos encontramos, descubrir y anticipar respuestas para imponer un rumbo a los acontecimientos que deseamos transformar.

En un interesante artículo, el profesor antropólogo social Eduardo Menéndez trata de entender por qué y cómo actuó el sector salud mexicano en la gestión y control de la epidemia de la gripe A (H1N1) de finales de abril de 2009, observando la legitimidad técnica de las acciones que desarrolló dicho sector y de las críticas que se hicieron a dichas decisiones. Entre otros aspectos se analiza cómo el sector salud actuó sobre las estrategias a seguir en su prevención y control, desde la racionalidad técnica, con el objetivo principal de reducir los efectos negativos en términos de mortalidad de la nueva gripe. Pero también que se habló del miedo, como medio de control de la población, sumados a los factores económicos, políticos e ideológicos de los diferentes actores sociales involucrados. Igualmente sobre las dudas sobre la influencia de las empresas químico-farmacéuticas en decisiones de la OMS, con la declaración de la pandemia de la influenza A (H1N1) que fueron denunciados entre otros medios por la revista British Medical Journal en el año 2010. Estas críticas forzaron a la OMS a hacer público los nombres de los quince integrantes del Comité de Emergencia que el 11 de junio de 2009 hizo la recomendación con la que su directora general Margaret Chan declarase la pandemia por la influenza A (H1N1). Se reconoció que cinco de estos expertos “cobraban de la industria”, pero la OMS subrayó que en ningún caso se produjeron conflictos de intereses que pudieran afectar la autonomía de los especialistas (Cohen D, Carter P.- BMJ. 2010). 

A estos antecedentes se puede añadir la polémica por los excedentes en compras masivas de vacunas y de la utilización de los antivirales Tamiflú y Relenza. La prestigiosa organización Colaboración Cochrane y el British Medical Journal,  en una revisión de más de 24.000 casos, no encontraron  indicios de que el medicamento evitara determinadas complicaciones o el ingreso en hospitales, cuestionando así su utilización (Hefferson T. 2014).

En España, el Secretario General de Sanidad durante la pandemia de la gripe A José Martínez Olmos, acompañado del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en la presentación de su libro “Que pasó con la Gripe A”, llamaron la atención sobre determinados hechos de la OMS “…que le hicieron perder crédito y que habría que reparar a futuro”. Entre ellos, el tema de las vacunas, además de la complejidad añadida a la gestión de la pandemia. Se tuvieron que afrontar posiciones contrapuestas, al no verse justificado lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista científico y social, por la que se denominó de “epidemia del miedo”. Pero también, lo difícil que puede ser que un gobierno no siga las recomendaciones de la OMS por el coste político y económico, además de las consecuencias ante los tribunales, de poder ser acusado de no proteger la vida de las personas.

El Doctor Juan Gervás fue más contundente en su artículo ¿Qué pasó con la gripe A? Autoevaluación política (2015), en la que tras una extensa revisión, afirma que la gripe A fue pandemia en el sentido de distribución mundial, pero su gravedad fue menor a la de una epidemia de gripe estacional. La OMS en el año 2009, había modificado el concepto de pandemia, retirando de su definición el criterio de producir una letalidad significativa dejándola en “propagación mundial de una nueva enfermedad”.

Lo que podemos afirmar con rotundidad es que la Organización Mundial de la Salud, a la que hay que defender como organismo de las Naciones Unidas, no debe ni puede exponerse a ser cuestionada en asuntos de esta gravedad. Estos antecedentes han podido contribuir a explicar las dudas, posiciones contrapuestas a nivel nacional y mundial en los retrasos en la respuesta a la declaración de pandemia de COVID-19 por la OMS. La Gripe A H1N1 es hoy una gripe estacional ¿Qué pasará con este nuevo coronavirus?

En los inicios de esta pandemia de la COVID-9, los gobiernos nacionales han tenido que tomar decisiones siguiendo directrices de la OMS, pero con unos niveles elevados de incertidumbre y con muy poco conocimiento sobre sus características, mecanismos de transmisión, prevención y tratamiento. Pero sobre todo condicionados por la capacidad de sus sistemas sanitarios para desarrollar una efectiva y sostenida respuesta sanitaria y social debido a la alta velocidad de transmisibilidad y a la previsible alta letalidad de este nuevo coronavirus SARS-Cov 2.

Las connotaciones sanitarias y sobre todo económicas, para afrontar la declaración de pandemia, han podido añadir a la acción de los gobiernos un mayor conflicto y complejidad que lo hacen mucho más difícil de manejar. Sus decisiones están sometidas a los cambios de escenarios y a otras consideraciones, evaluaciones y presiones que son ejercidas desde actores sociales, económicos, políticos, medios de comunicación y redes sociales que también condicionan, en última instancia, las disposiciones que se adopten. Es evidente por tanto, que los criterios científicos y técnicos han guiado el proceso situacional de control de esta pandemia, pero no pueden marcar estrictamente la planificación de la legítima y necesaria acción de gobierno. Son necesarias herramientas poderosas para enfrentar la incertidumbre en la que nos encontramos, descubrir y anticipar respuestas para imponer un rumbo a los acontecimientos que deseamos transformar.