Guerra sucia en las cloacas

Haya ganado quien haya ganado, pacten quienes pacten, gobierne quien gobierne, no puede ocurrir que hechos como los sucedidos con la grabación de las conversaciones entre el ministro del Interior, señor Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de la Generalitat de Catalunya, Daniel de Alfonso, se evaporen sin más o se disuelvan entre la proliferación de análisis de resultados electorales y el fragor de la fiebre pactista que todo lo invadirá y con la que se querrá evitar una tercera convocatoria electoral.

Independientemente de los resultados de las investigaciones puestas en marcha -¡en la casa de quienes teóricamente, autorizadas por vía judicial, tienen que efectuar las grabaciones!-, algunas responsabilidades políticas habrá que depurar. La democracia está plagada de impurezas e imperfecciones pero no es de recibo que gobernantes o cargos públicos institucionales abusen de los recursos del Estado hasta extremos inauditos, como parece que ha ocurrido en el caso que nos ocupa. España ya tiene su ‘Watergate’. Si éste costó lo que costó, hagámonos a la idea de que no puede ser un caso más de los múltiples en que se ve inmerso el Gobierno del Partido Popular (PP), por muchas jeremíadas del ministro, por muchas ignorancias ridículas del presidente en funciones Mariano Rajoy, por muchas trapisondas que se amontonen con las grabaciones y el medio que las difundió… y por muchas treguas que se hayan firmado tácitamente a la espera del escrutinio electoral.

Ya no hay casualidades en las que creer. Por las cloacas del Estado fluye la guerra más sucia que imaginarse pueda. Aunque ahora callen los santones mediáticos y les parezca normal este episodio a quienes crucificaron de manera inmisericorde a otro ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es grave la grabación y es grave la filtración. Pero el contenido de las conversaciones -la finalidad que se persigue en las mismas- es espeluznante. Y es en lo que hay que centrarse. No puede irse al limbo político tanta inquina, máxime cuando han dado alas a quienes preconizan la independencia y a quienes (Podemos), en uno de sus insólitos arranques, reclamaron los ministerios de Interior y Defensa y el mismísimo Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La nueva política no será nueva mientras se reediten episodios oscuros y tramas peliculescas que ambientan un aire mafioso, perverso, y hacen que nos preguntemos ¿en qué manos estamos los ciudadanos?, ¿en quién podemos confiar? De la nueva política tienen que desaparecer todas aquellas prácticas corruptas y todos los manejos derivados del abuso y la utilización fullera de los recursos públicos. Los ciudadanos dicen basta de chapuzas y reclaman decencia, máxime en las relaciones entre administraciones.

Sabe Dios a quién se habrá encomendado el ministro Fernández Díaz cuando, en plena vorágine de su caso, cuarenta y ocho horas finales de campaña, se apareció la Virgen del ‘brexit’. Qué suerte. Pero eso no borró la huella de aquella inaudita reunión en su despacho con el ex vicepresidente Rodrigo Rato o el escandaloso y putrefacto “Caso Ático” del ex presidente de la Comunidad de Madrid, con altos cargos policiales involucrados, del que nunca hubo, por cierto, una explicación creíble.

No es sembrar más dudas pero… ¿se han parado a pensar que el mismo ministro ha sido el responsable del proceso electoral del primer domingo de verano? Sí, claro: la vieja política.

Haya ganado quien haya ganado, pacten quienes pacten, gobierne quien gobierne, no puede ocurrir que hechos como los sucedidos con la grabación de las conversaciones entre el ministro del Interior, señor Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de la Generalitat de Catalunya, Daniel de Alfonso, se evaporen sin más o se disuelvan entre la proliferación de análisis de resultados electorales y el fragor de la fiebre pactista que todo lo invadirá y con la que se querrá evitar una tercera convocatoria electoral.

Independientemente de los resultados de las investigaciones puestas en marcha -¡en la casa de quienes teóricamente, autorizadas por vía judicial, tienen que efectuar las grabaciones!-, algunas responsabilidades políticas habrá que depurar. La democracia está plagada de impurezas e imperfecciones pero no es de recibo que gobernantes o cargos públicos institucionales abusen de los recursos del Estado hasta extremos inauditos, como parece que ha ocurrido en el caso que nos ocupa. España ya tiene su ‘Watergate’. Si éste costó lo que costó, hagámonos a la idea de que no puede ser un caso más de los múltiples en que se ve inmerso el Gobierno del Partido Popular (PP), por muchas jeremíadas del ministro, por muchas ignorancias ridículas del presidente en funciones Mariano Rajoy, por muchas trapisondas que se amontonen con las grabaciones y el medio que las difundió… y por muchas treguas que se hayan firmado tácitamente a la espera del escrutinio electoral.