Imprescindible cambio político

Nos encontramos en los últimos coletazos de la legislatura. Una etapa que, antes de dar paso al período electoral, culminará estos cuatro años de recortes y austeridad con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la mayoría absoluta del PP y en los que han hecho trampas, en torno a 20.000 millones de euros de déficit, que han destapado las autoridades europeas.

Una mayoría absoluta y unas políticas atravesadas por la tolerancia ante la corrupción, la recentralización del Estado, la falta de diálogo, no sólo con la oposición, sino extensiva a comunidades autónomas y a colectivos sociales.

Y en la que hemos sufrido, asimismo, la pérdida de la universalidad de la sanidad, el retroceso ultraconservador en el código penal y en la ley mordaza, los reiterados intentos de recortar los derechos conquistados por las mujeres o decisiones contra las energías renovables y a favor del fracking.

Mientras, desde el Gobierno del PP, se trata de vender el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) tras un período de enormes sacrificios –que han pagado exclusivamente trabajadores y clases medias-, los datos socioeconómicos se empeñan en demostrar que las circunstancias no son, ni mucho menos, tan optimistas.

La cruda realidad cotidiana de millones de personas así lo atestigua. No sólo desempleados o gente que ya no recibe ningún tipo de prestaciones, sino tambieen obres con empleo.o desempleaos ino tambintros educativo.esa situacis de pobreza infantil, lo que en buna medida condicionarén los cada vez más numerosos pobres con empleo, gracias a los bajos salarios y los contratos basura. El desempleo sigue siendo uno de los más elevados de la Unión Europea, 22,37% con más de cinco millones de parados, un 30% en el caso de nuestra comunidad. Los desahucios se mantienen en cifras prácticamente iguales a los del año 2014, 18.739 entre abril y junio.

Pobreza infantil

La pobreza continúa aumentando. Son más de 13,6 millones los ciudadanos y ciudadanas situadas en riesgo de pobreza, casi el 30% de la población. Aumenta la pobreza severa, con 3,2 millones de personas en esa situación y mantenemos cifras intolerables de pobreza infantil (el riesgo de pobreza y exclusión afecta a tres de cada 10 menores), lo que en buena medida condicionará el futuro de esos niños y niñas.

Asimismo, los problemas territoriales, especialmente el que afecta a Cataluña, no han hecho más que empeorar ante el inmovilismo y la visión centralista del PP, que se equivocó al presentar un recurso de inconstitucionalidad al Estatut aprobado por las Cortes y el Parlament y ratificado en referéndum.

Estos cuatro años de gobierno conservador se van a cerrar con más pobreza, peores condiciones laborales, más desigualdad social, peores servicios públicos, más centralismo, menos calidad democrática, más autoritarismo y un significativo retroceso en los derechos y libertades.

Ese conjunto de políticas neoliberales han generado mucho sufrimiento y empeorado la vida de la mayoría de la gente. Se ha padecido gravemente en el conjunto del Estado y, de manera especial, en una comunidad, como Canarias, con más desempleo, más pobreza, peores servicios públicos e infraestructuras.

Canarias

Estos años han supuesto, además, un auténtico maltrato por parte del Gobierno del PP a Canarias, visible en los cinco Presupuestos Generales del Estado elaborados del PP a los que hemos presentado más de 5.000 enmiendas. Como ha sucedido con los 755 millones de euros detraídos por el incumplimiento del convenio de carreteras o con la desaparición de los planes de empleo, los de infraestructuras turísticas o los destinados a construir nuevos centros educativos.

La negativa a revisar la financiación autonómica también ha perjudicado gravemente al Archipiélago, que cada año recibe una media de 800 millones de euros menos que las comunidades de régimen común. También fue lamentable el menosprecio a las instituciones canarias y a su pueblo cuando el Gobierno estatal impuso las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.

Ante ese panorama tan negativo, en el Estado y en Canarias, no cabe la resignación sino la apuesta decidida por cambiar las cosas desde la acción política. Es imprescindible un cambio centrado en las necesidades de la mayoría social, volcado en la generación de empleo y en afrontar la pobreza y acabar con los actuales e indignos abismos sociales.

Resulta necesario modificar las legislaciones ultraconservadoras aprobadas estos años sin el menor consenso social ni político en materia educativa, laboral o de libertades publicas. La Lomce o la denominada ley mordaza, así como la agresiva reforma laboral, deben ser sustituidas por normas más justas.

Considero además ineludible afrontar una reforma constitucional que, entre otros aspectos, blinde los servicios públicos en la Carta Magna y posibilite avanzar hacia un Estado federal que permita el adecuado encaje de las distintas realidades territoriales.

Por otra parte, desde Canarias se puede y debe contribuir a esos cambios políticos globales que afectan al conjunto del Estado y, al mismo tiempo, aspirar a que nuestra voz sea escuchada después de un cuatrienio de desprecio y maltrato por parte del Gobierno central.

Desde Nueva Canarias aspiramos a que nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) sea incluido en la Constitución, de manera que se garantice su cumplimiento para dar justas respuestas a nuestras especificidades y a los problemas permanentes que suponen la lejan es una oportunidad para alcanzar un mayor autogobierno con un Estatuto adaptado a la realidad del siglo XXI medida condicionaría y fraccionamiento territorial. También consideramos que ese proceso es una oportunidad para alcanzar un mayor autogobierno con la aprobación de un Estatuto adaptado a la realidad del S. XXI que cuente, además, con un respaldo social del que han carecido los anteriores.

Somos una fuerza política de ambito canario imitaciones de una fuerza poleriores.rno con un Estatuto adaptado a la realidad del siglo XXI medida condicionarámbito canario que ha ido aumentando su presencia en el Parlamento, cabildos y ayuntamientos. Desde nuestra presencia institucional aquí y en las Cortes nos comprometemos a trabajar y a colaborar con otras fuerzas progresistas -como hemos hecho a lo largo de esta legislatura- para acabar con esta etapa de recortes y acoso a lo público, para impulsar políticas al servicio del interés general y para que Canarias deje de ser ninguneada por el Ejecutivo central y reciba un trato justo.

Nos encontramos en los últimos coletazos de la legislatura. Una etapa que, antes de dar paso al período electoral, culminará estos cuatro años de recortes y austeridad con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la mayoría absoluta del PP y en los que han hecho trampas, en torno a 20.000 millones de euros de déficit, que han destapado las autoridades europeas.

Una mayoría absoluta y unas políticas atravesadas por la tolerancia ante la corrupción, la recentralización del Estado, la falta de diálogo, no sólo con la oposición, sino extensiva a comunidades autónomas y a colectivos sociales.