Un impulso fiscal hacia la sostenibilidad

El Gobierno Canario presentó en diciembre de 2021 la “Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030” (ACDS). Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y los compromisos de España, la ACDS está concebida como un instrumento para guiar la transformación del actual modelo de desarrollo canario por uno más sostenible, inclusivo y resiliente antes de 2030. El terreno quemado en el municipio de Los Realejos, los interminables atascos en los accesos a las ciudades de las islas capitalinas, los persistentes índices de exclusión de la población insular … todos ellos son indicios que nos señalan que el camino para alcanzar estas ambiciosas metas en el archipiélago sigue empedrado de dificultades.

Las barreras para alcanzar los ODS no es un fenómeno que sólo afecte a nuestras islas. La ambición, complejidad y transversalidad de los mismos está demandando de los gobiernos amplias dosis de innovación para realizar la localización de los mismos a la realidad concreta de cada territorio y extender su apropiación a ciudadanía y empresas. Los procesos participativos para el diseño de las agendas locales o el mantenimiento de plataformas para desarrollar su implementación, son prácticas extendidas y que, de hecho, han sido puestas en marcha en Canarias. Sin embargo, nuevos instrumentos son concebidos y necesarios de aplicar para acelerar el proceso de despliegue de los ODS. Utilizar aquellos aplicables en cada territorio no es opcional.

Dentro del ámbito de las actuaciones para mejorar la Gobernanza, la ACDS plantea hacer uso del margen de actuación que confiere Régimen Económico y Fiscal (REF) para propiciar el desarrollo sostenible. Es más, existe un reconocimiento de la fiscalidad como elemento clave y transversal al servicio de la ACDS, identificando instrumentos como la fiscalidad verde o incentivos para desarrollo de proyectos alineados con la sostenibilidad. Estas herramientas son aplicables a grandes proyectos como el Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria, subvenciones a la adopción de instalaciones de energía renovable o tributaciones por usos desmedidos de recursos naturales, pero no proporcionan un marco tributario transversal que impulse un avance colectivo sostenido hacia los ODS.

Estudiar el margen de reforma del REF en el marco de la ACDS debería ser una de las prioridades iniciales del recién creado Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. Una reforma del REF con el desarrollo sostenible como referencia tendría sus dificultades, sin duda, pero también sería más beneficioso en el largo plazo para todas las canarias y canarios que otras acordadas de modo reciente. Un caso de particular interés en este ámbito por su cercanía geográfica y similar régimen político-económico es “El modelo de Vizcaya” (The Biscay model), desarrollado para la Diputación de Vizcaya por el Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL ( University College London). Este modelo conceptual muestra la viabilidad de profundizar en los incentivos fiscales hacia la sostenibilidad desde los marcos tributarios regionales.

El instituto, liderado por Marina Mazzucato, ha desarrollado un modelo marco de incentivos fiscales transversales para empresas ligado al avance en los ODS en función de las tres prioridades políticas de la Diputación vizcaína. La aproximación es inclusiva, con el foco en poder recompensar los esfuerzos realizados por las PYMEs para contribuir a la sostenibilidad, impulsando de este modo la concienciación y un cambio de comportamiento transversal a la sociedad por la capilaridad de este tipo de empresas. La recompensa fiscal no se basa sólo en alcanzar unos objetivos, sino en el esfuerzo de andar todo el camino para alcanzarlos, con un esquema simple para incentivar todas las fases de contribución al desarrollo sostenible: Planeamiento de acciones, autoevaluación del cumplimiento y logro del cambio.

El marco de incentivos definido en Vizcaya no sólo es extrapolable al caso canario, su transposición sería extremadamente viable por la existencia de ACDS. Mientras que en el modelo Vizcaya fue necesaria una asociación de cada prioridad política con un grupo de ODS, y a partir de ahí establecer objetivos para las empresas; la existencia de la ACDS permite una ligazón directa ODS a ODS y con el detalle para cada uno de ellos de las denominadas “metas canarias de desarrollo sostenible”, que permitirá, una vez definidos sus indicadores por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a lo largo de 2022, establecer los objetivos para las empresas.

El éxito para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los países y territorios depende en gran medida de la capacidad de extender su propiedad a toda la población y tejido económico. Los incentivos fiscales a las pymes tomando ventaja del REF, con reforma si fuera preciso, es un instrumento que no debería ser desechado por el Gobierno Canario y su estudio tendría que estar entre los primeros cometidos del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible. En la recta final hacia el año 2030, Canarias dispone de los instrumentos y marco para acometer un impulso fiscal hacia la sostenibilidad: ACDS, REF y el Consejo de Desarrollo Sostenible. No deberían desperdiciarse.

El Gobierno Canario presentó en diciembre de 2021 la “Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030” (ACDS). Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y los compromisos de España, la ACDS está concebida como un instrumento para guiar la transformación del actual modelo de desarrollo canario por uno más sostenible, inclusivo y resiliente antes de 2030. El terreno quemado en el municipio de Los Realejos, los interminables atascos en los accesos a las ciudades de las islas capitalinas, los persistentes índices de exclusión de la población insular … todos ellos son indicios que nos señalan que el camino para alcanzar estas ambiciosas metas en el archipiélago sigue empedrado de dificultades.

Las barreras para alcanzar los ODS no es un fenómeno que sólo afecte a nuestras islas. La ambición, complejidad y transversalidad de los mismos está demandando de los gobiernos amplias dosis de innovación para realizar la localización de los mismos a la realidad concreta de cada territorio y extender su apropiación a ciudadanía y empresas. Los procesos participativos para el diseño de las agendas locales o el mantenimiento de plataformas para desarrollar su implementación, son prácticas extendidas y que, de hecho, han sido puestas en marcha en Canarias. Sin embargo, nuevos instrumentos son concebidos y necesarios de aplicar para acelerar el proceso de despliegue de los ODS. Utilizar aquellos aplicables en cada territorio no es opcional.