El inicio del camino de la Renta Canaria de Ciudadanía

Cuando un gobierno pretende implementar una política pública de gran calado, especialmente aquella que desarrolla servicios públicos y derechos de ciudadanía, tres son los aspectos estratégicos para que dicha política pública sea un éxito:

El primero de ellos es contar con un presupuesto suficiente para desarrollarla, esto implica una elección de prioridades que es de tipo político, por ejemplo; más dinero para contar con unos servicios sociales suficientes puede implicar menos financiación para otras partidas como carreteras.

El segundo es desarrollar la legislación y reglamentación necesaria para llevarla a cabo siguiendo las vías necesarias. Dicha legislación, y posterior reglamentación, implica el reconocimiento del derecho y su alcance, además de regular los requisitos, vías de acceso, etc. Este punto es fundamental porque la norma que se apruebe puede ser ambiciosa para llegar al máximo número de personas posibles, o restrictiva, vacía de contenido.

El tercero es contar, o planificar el desarrollo, de un aparato administrativo necesario para prestar dicho servicio público. No hay educación pública sin personal docente, ni sanidad pública sin personal sanitario, igual que no hay servicios sociales sin los y las profesionales del sector empleados por la administración pública para dicho fin.

A estos tres elementos se le añade uno fundamental que atraviesa transversalmente los otros tres, la voluntad política. No va a existir presupuesto, ni recorrer el largo camino del desarrollo legislativo, ni desarrollar una estructura administrativa, que implica también una inversión considerable, si el gobierno de turno no considera estratégico el desarrollo de ese derecho y servicio público, o simplemente no está entre sus prioridades.

La experiencia de gobierno del Pacto de las flores, con toda la crítica y autocrítica que se le quiera hacer, marcó un momento fundamental en la política canaria al poner entre sus prioridades la lucha contra la pobreza, en especial la más severa, con el desarrollo de una prestación autonómica destinada a cubrir las necesidades básicas de la población con menos recursos, la Renta Canaria de Ciudadanía.

Quizás, al tratarse de una cuestión que afecta al sector más vulnerable de la población, ese con menos poder y voz, no será de los aspectos que más se tengan en cuenta al estudiar el desarrollo de la legislatura, pero honestamente creo que en el futuro con más claridad se valorarán los pasos que dio este gobierno de izquierdas en la lucha contra la pobreza, convirtiéndolos en su prioridad política y solo siendo suspendidos en su avance por un resultado electoral en el que la ciudadanía decide, sin duda alguna, una vuelta a un gobierno de derechas.

La necesidad de una Renta Ciudadana para Canarias

La Renta Canaria de Ciudadanía tiene los objetivos principales de proporcionar una prestación económica a familias sin o con pocos recursos para garantizar la cobertura de las necesidades básicas, así como los apoyos sociales necesarios para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral, viniendo a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción vigente desde 2007 y derogada con la entrada en vigor de la ley de Renta Canaria a finales de marzo de este 2023.

Pero algo así no viene de la noche a la mañana, cualquier política pública que se cristaliza en ley en las instituciones, más cuando hablamos de derechos sociales, tiene un recorrido previo en las calles, en la reivindicación y los movimientos sociales y sindicales, y en el debate público.

En Canarias esto se refleja en la constatación de toda la sociedad de que ni en los momentos más “prósperos” de nuestro modelo económico, con alta creación de empleo y crecimiento económico, se ha logrado erradicar o bajar muy significativamente la población en riesgo de pobreza y en especial la población en pobreza severa, estando siempre más de una cuarta parte de la población en los márgenes del bienestar, y entre un 10 y un 15% en los márgenes extremos.

Es con esa población, especialmente con la que se encuentra en la pobreza más severa, con la que existía, y existe, una deuda histórica que las instituciones tienen que saldar destinado recursos a una mayor protección social para tener una sociedad más justa, equilibrada, y que respete los derechos humanos, el primero de ellos el de comer bien todos los días.

La crisis económica de 2008 vino a poner la puntilla a esa realidad, las colas del hambre en nuestras islas, las familias desahuciadas por los bancos, y el profundo dolor social que ello implicó, vino a plantear la necesidad de desarrollar una protección social en todo el Estado, y en particular en Canarias, que garantizase unos mínimos de subsistencia garantizados a las familias, y al igual que la sanidad pública procura que no te mueras por una enfermedad curable, por muy caro que sea el tratamiento y aunque no tengas recursos, de igual manera los servicios sociales públicos debían garantizar que a ninguna familia le falte para lo básico para subsistir.

Esto se convirtió en un clamor social, y todo ese empuje de la calle, y también político con la entrada en las instituciones de Podemos y sus confluencias que hacían de la agenda social la columna vertebral de su estrategia, contribuyeron a poner sobre la mesa la necesidad de una Renta Canaria de Ciudadanía como ya las tenían otras CCAA mucho más avanzadas que la nuestra en lo social, lo que derivó en la presentación de una Proposición del Ley de renta garantizada en la legislatura 2015-19 la cual fue rechazada, hablando el entonces y ahora retornado presidente del gobierno Fernando Clavijo de paguitas para pobres.

Pero ya el camino estaba marcado y la renta garantizada se incluyó como mandato en nuestro estatuto de autonomía de 2018, art 24, y en la ley de servicios sociales de 2019.

El resultado electoral de 2019, y la consecución de un gobierno autonómico de coalición de izquierdas en Canarias por primera vez en la historia democrática de las islas nos daba la responsabilidad de desarrollar dicha renta y que nuestro paso por las instituciones fuera el de la consecución de nuevos derechos que protegieran a la población de la pobreza más severa, y en ello nos pusimos desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con Noemí Santana al frente.

Prestación Canaria de Inserción, el derecho insuficiente

Como todo desarrollo de derechos nunca se parte de cero. En Canarias ya existía desde 2007 una prestación económica destinada a familias sin recursos económicos, la prestación canaria de inserción, popularmente conocida como la PCI.

Como gobierno progresista teníamos una doble labor, por un lado estudiar la PCI y su evolución para que de esa experiencia incluyéramos los cambios necesarios en la futura Renta Canaria de Ciudadanía, y por otro lado mejorar en todo lo posible dicha prestación mientras estuviera vigente para garantizar la protección social al máximo número posible de familias vulnerables e intentar hacerlo con el máximo consenso social y político.

Antes de desgranar brevemente las deficiencias de la PCI que detectamos, y las distintas reformas que de esta prestación realizamos desde el equipo de gobierno modificando su ley reguladora mediante decretos-leyes, debo decir que si bien de manera incompleta, la PCI ha permitido durante el periodo 2007-2023 cubrir las necesidades básicas de familias canarias en situaciones sociales y económicas muy difíciles, y ello en buena medida gracias a la dedicación de muchas empleadas públicas, mujeres fundamentalmente, tanto en el Gobierno de Canarias como en los servicios sociales municipales.

Dicho esto, el principal problema de la PCI era que no constituía un derecho de ciudadanía, es decir, que no tenía carácter de derecho subjetivo y estaba limitada en el tiempo. A diferencia de la mayor parte de las rentas mínimas de las otras Comunidades Autónomas cuyas prestaciones se cobran el tiempo que la familia beneficiaria esté en situación de vulnerabilidad, la PCI solo tenía una duración de 24 meses, con una posible prórroga de seis meses más, tiempo después del cual ya no se podía volver a acceder a la ayuda económica básica. Esto, teniendo en cuenta que la PCI es la última prestación a la que se podía tener derecho, nos dice muy a las claras que hay personas sin ningún tipo de recursos que una vez que finalizaban la prestación solo les quedaba la beneficencia y las colas del hambre.

Otra de las carencias detectadas era las bajas cuantías que recibían las familias. Como ejemplo, una persona beneficiaria sola sin unidad familiar recibía, en 2021, 489,35 euros, y una familia de 4 miembros, 637,45 euros. Es decir, a medida que la familia era mayor la prestación no crecía con la misma intensidad y ello provocaba por un lado la insuficiencia para cubrir las necesidades básicas, algo especialmente grave en hogares con menores y por otro la menor cobertura de hogares con más miembros. Ya que la cuantía de la PCI implica no solo la cantidad mensual de la prestación a cobrar sino también los ingresos a partir de los cuales se tiene derecho o no a la prestación, esta situación dejaba fuera de la prestación a familias de 2, 3 y 4 personas, siendo en aquel momento casi el 50% de los beneficiarios personas solas, es decir, ineficiente para proteger a los hogares con menores de la pobreza infantil.

Unido a todo ello, otro de los déficits principales de la PCI que detectamos era su procedimiento establecido en la ley, el cual generaba una carrera de obstáculos y filtros que en la práctica hacían muy difícil el acceso a dicha prestación. El proceso empezaba en los ayuntamientos con la solicitud, a partir de ahí se desarrollaba con citas y entrevistas, informe social, plan de intervención, y una vez finalizado ese largo proceso, el expediente era remitido al Gobierno de Canarias para su estudio y aprobación o devolución al ayuntamiento, lo cual suponía un tiempo muy largo antes de la posible aprobación de la misma.

Con posterioridad a la aprobación de la prestación existían las renovaciones, después del año de la resolución favorable y cada seis meses, la familia debía nuevamente demostrar que seguía en la misma situación económica y social.

Con bastante frecuencia la infradotación de personal existente en el gobierno de Canarias y en los ayuntamientos provocaban el retraso en dichas renovaciones y que las familias estuvieran 3, 4 y hasta 5 meses sin cobrar. Ello provocaba que en muchas ocasiones tuvieran que solicitar ayudas de emergencia social al propio ayuntamiento que le gestionaba la PCI para poder cubrir las necesidades básicas los meses de no cobro por renovación. Decir que el modelo de renovaciones provocaba una profunda angustia en muchas familias sin recursos es decir poco.

Como se puede deducir, el diseño de la PCI a través de su ley estaba más orientada a poner el foco en el control continuo, aunque ello derivara en procesos administrativos que retrasaban la prestación, que en llegar lo antes posible a las familias en situación de necesidad.

Todo lo expuesto explica el por qué la PCI siempre tuvo una cobertura tan baja, es decir, pocas familias acogidas a la misma existiendo niveles tan altos de pobreza estructural en las islas. Incluso en los momentos más duros de la crisis de 2008 hablamos de una nóminas mensuales de 3.000 a 4.000 familias, cifra muy baja y no acorde con el nivel de necesidad existente.

Solo en corto periodo en el que Patricia Hernández dirigió la Consejería de Derechos Sociales en 2015 se puso voluntad en el asunto y la cifra aumentó por encima de las 9.000 familias cubiertas, pero el retorno de Coalición Canaria a la misma fue devolviendo las cosas a su “lugar” de prioridad, y en agosto de 2019 cuando el nuevo equipo dirigido por Noemí Santana de Podemos toma posesión se encuentra que la herencia de CC era una cobertura de la PCI de únicamente 5600 las familias protegidas de la carencia material severa.

Con todo ello iniciamos la reforma de la PCI, que ya había comenzado tímidamente en el parlamento de Canarias a finales de la legislatura 2015-19. Con la aprobación de la ley de servicios sociales de Canarias se aprovecha para incluir una disposición que modificaba la ley de PCI permitiendo la continuidad en la misma a las familias que estuvieran dentro del sistema y tuvieran menores a cargo o estuvieran en situación de vulnerabilidad justificada por informe social. Era un paso, pero aún alejado de convertir la PCI en una prestación de derecho subjetivo.

Es por ello que el nuevo equipo de gobierno se plantea como prioridad seguir modificando la PCI para aumentar su alcance y cobertura y llegar a más familias, para ello, siendo director general de Derechos Sociales Jonás González, se incluye en la ley de presupuestos de la CCAA de 2020 una modificación de la ley de la PCI que permite que aquellas familias que cobraron la prestación en el pasado y tengan menores a cargo, pudieran volver a ser beneficiarias de la misma, esto abría de nuevo esta protección social a miles de familias con menores en un momento en el que no existía todavía el IMV.

Más cambios que incluimos en la misma durante la legislatura a través de cuatro decretos-ley fueron; establecer las que denominamos renovaciones automáticas, es decir que mediante declaración jurada la persona titular declaraba que se encontraba en la misma situación, con ello se lograba agilizar el enorme problema de las renovaciones, y evitar en la medida de lo posible que las familias estuvieran meses sin cobrar. Además cambiaba la lógica de control anterior, permitiendo comprobaciones ex post a la aprobación de la renovación ya que sin menoscabo de la obligación que tiene la administración de comprobar que se cumplen los requisitos de acceso a la prestación, se permitió renovar automáticamente la prestación con la declaración responsable de la familia de que se encontraba en la misma situación de vulnerabilidad.

Estas modificaciones las acompañamos de otras medidas como la actualización de las cuantías al IPC, aprobar por tres años consecutivos un complemento extraordinario de 250 euros por los efectos del covid-19 y posteriormente por la inflación, aprobar el establecimiento de un complemento de 50 euros, que luego subimos a 80 euros, por cada menor a cargo para luchar contra la pobreza infantil y mejorar las escasas cuantías de los hogares con menores, y ya sí, modificar por último la ley de la PCI para que cualquier persona que hubiera sido beneficiaria en el pasado pudiera volver a serlo, aunque no tuviera menores a cargo.

Los cambios legales iban acompañados de los otros dos aspectos fundamentales, aumento del presupuesto y aumento del personal a través de planes de choque.

Sobre lo primero, decir que este equipo de gobierno dobló la financiación en el periodo 2019-22, pasando de ejecutar 36.5 millones de euros en 2019 a más de 70 millones de euros en 2022, incluyendo el complemento extraordinario. Pocas veces una política pública dobla en tan poco tiempo su inversión, especialmente la que tiene que ver con los servicios sociales y las personas vulnerables.

Sobre el personal de refuerzo, unas de veinte personas se incorporaron a finales de 2020 y sesenta más a finales de 2021 a prestar servicio solo a la DG de Derechos Sociales para poner al día los problemas de gestión que la carencia de personal de gobiernos anteriores habían hecho crónicos. Para 2023 se aprobó y presupuestó una ampliación de veinte personas más. Hablamos de la incorporación de cien personas en la DG de Derechos Sociales. Buena parte de ese personal se destinó a poner al día la PCI y prepararnos para cuando entrara en vigor la Renta Canaria de Ciudadanía.

Hay que decir que la incorporación de personal es una de las cuestiones de máximo orgullo de este equipo saliente, aun sabiendo que la duración de cuatro años de los planes de choque lo convertían una solución temporal y que la estructural pasaba por aprobar una nueva RPT dotada con el personal suficiente y adaptada a las nuevas competencias, pero esto nos permitía ponernos al día en la gestión y ganar tiempo para preparar una profunda reforma de la RPT para la siguiente legislatura en caso de que el mismo equipo continuara al frente de la Consejería.

Para que estos planes de choque fueran posibles fue fundamental a nivel de gobierno la presión que realizó la Consejera Noemí Santana, y a nivel de partidos del Pacto de las Flores la coordinadora de Podemos Canarias Laura Fuentes, para hacer ver a los socios que sin refuerzo de personal en la Consejería no era posible atender a las necesidades sociales de la población, y que sin ello no era viable un gobierno progresista que necesariamente debía tener su sello en la justicia social.

Además de aumentar el personal autonómico se dobló la financiación a los ayuntamientos destinada a contratar personal para la PCI, pasando de unos seis millones y medio de euros en 2019 a 12 millones de euros en 2022, lo cual permitía reforzar y agilizar las competencias municipales.

Todas y cada una de esas modificaciones descritas tenía un objetivo claro, abandonar la dejadez con la que anteriores gobiernos habían tratado las políticas destinadas a las personas en situación de pobreza, dedicando recursos, y echándole voluntad y cabeza a cómo luchar contra la pobreza para mejorar los derechos básicos de dichas personas.

Todo esto, y la dedicación del persona de la Dirección General, y también de los ayuntamientos, hizo que el cierre de la PCI en 2022 se realizara con el mayor número de familias beneficiarias que ningún gobierno tuvo en los 15 años de existencia de la prestación, más de 16.000 familias y unas 31.000 personas, hecho del cual nos enorgullecemos. Hubieron quienes políticamente nos criticaron por mostrar como un éxito que existirán muchas familias cobrando una prestación social, el drama era precisamente que con la situación de pobreza de nuestra tierra eso no hubiera pasado antes y muchas familias en situación de necesidad no hubieran tenido protección social.

Cuando un gobierno pretende implementar una política pública de gran calado, especialmente aquella que desarrolla servicios públicos y derechos de ciudadanía, tres son los aspectos estratégicos para que dicha política pública sea un éxito:

El primero de ellos es contar con un presupuesto suficiente para desarrollarla, esto implica una elección de prioridades que es de tipo político, por ejemplo; más dinero para contar con unos servicios sociales suficientes puede implicar menos financiación para otras partidas como carreteras.