Injerencias políticas portuarias

Hay, pues, una estrategia de partido que los peperos aplican donde pueden a pesar de haber perdido las elecciones, sin importarles la destrucción del Estado de Derecho. En su momento se habló de lo que podría ocurrir, tanto en el CGPJ como en el TC, al hacer que su composición se correspondiera a la correlación de fuerzas parlamentarias: se corría el riesgo de convertirlos en nuevos escenarios de la lucha política partidista, como acabó ocurriendo.

En la Autoridad Portuaria pasa algo parecido. CC fue barrida en Gran Canaria y el PP perdió las principales corporaciones locales de la Isla. Pero se valen los dos del Gobierno para imponer sus criterios; que son los del macho Soria, causa en gran medida de los males del Puerto de La Luz; desde Arnáiz y la Gran Marina acá.

El motivo inmediato del conflicto es el deseo del nuevo presidente portuario puesto por el macho Soria, Javier Sánchez-Simón, de recuperar la facultad exclusiva de nombrar cargos. Y de despedir a quien le cuadre, claro. Si mal no recuerdo, esta facultad la adquirió la presidencia en 1993 y Emilio Mayoral se la devolvió al consejo en uno de sus últimos actos como presidente anterior. Le dejó una bomba-lapa a Sánchez-Simón, de quien lo mejor que puede decirse es que nunca ocultó que quería recuperar esa competencia para escenificar el poder de su señorito.

Las presiones se las podrán suponer. En marzo hay elecciones y Soria se juega la supervivencia política y trata de figuronear donde pueda y lo dejen para engaño de incautos. Por eso es ingenuo que Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), se haya plegado a él y diga que aunque votará a favor de que Sánchez-Simón recupere la facultad de quitaipón, no le dará, qué va, un cheque en blanco.

Dije ingenuidad y lamento añadir que me suena a cinismo que Grisaleña denuncie, al propio tiempo, las injerencias y presiones políticas ante las que ha cedido. Y olvide la parte de responsabilidad que corresponde a torpezas de los dirigentes empresariales como la que él puede haber cometido ahora.

Hay, pues, una estrategia de partido que los peperos aplican donde pueden a pesar de haber perdido las elecciones, sin importarles la destrucción del Estado de Derecho. En su momento se habló de lo que podría ocurrir, tanto en el CGPJ como en el TC, al hacer que su composición se correspondiera a la correlación de fuerzas parlamentarias: se corría el riesgo de convertirlos en nuevos escenarios de la lucha política partidista, como acabó ocurriendo.

En la Autoridad Portuaria pasa algo parecido. CC fue barrida en Gran Canaria y el PP perdió las principales corporaciones locales de la Isla. Pero se valen los dos del Gobierno para imponer sus criterios; que son los del macho Soria, causa en gran medida de los males del Puerto de La Luz; desde Arnáiz y la Gran Marina acá.