Sin inmunidad ha dejado Berlusconi la Constitución

La resolución de la Corte Constitucional italiana, por la que anula el llamado 'Laudo Alfano' que garantizaba la inmunidad de Silvio Berlusconi y de otras tres altas autoridades del Estado, abre la puerta a la reactivación de los procesos judiciales que tiene pendientes el primer ministro, con derivaciones imprevisibles para la estabilidad del país, ejemplo que debía ser imitado en España y sus territorios, para el caso de todos los aforados delincuentes que tenemos hasta poder exportar y que, lamentablemente, están protegidos por la Constitución, estableciendo diferencias discriminatorias entre el ciudadano de a píe y esta “clase” de individuos delincuentes más que acreditados.

El fallo, adoptado por una ajustada mayoría, refleja que los jueces han sido capaces de pronunciarse con independencia frente a las presiones recibidas, lo que reflejaría que aún existen en Italia áreas de la vida pública autónomas frente a la depauperación político-mafiosa que arrastra el país y el impacto de los escándalos que rodean a su máximo responsable. Que uno de los argumentos para revocar la legislación especial sobre Berlusconi haya sido su incompatibilidad con el artículo 3 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley- como en teoría dice la española en su artículo 14 pero no en la práctica ya que los aforados, auténticos delincuentes están protegidos -, remarca la excepcionalidad de la norma anulada y desestima las tendenciosas tesis sobre el aforamiento que debería merecer el primer ministro esgrimidas por sus representantes legales.

La airada reacción de Berlusconi, contra todo lo que se mueve, incluido el presidente del Gobierno, tildando a los jueces de izquierdistas y asegurando que seguirá adelante «con o sin» inmunidad, abunda en la línea defensiva según la cual el veredicto estaría motivado por criterios políticos; al tiempo que vuelve a sugerir una confrontación de la ley con la voluntad popular que presagia una peligrosa colisión entre dos poderes del Estado y una mayor agitación política. Pero el hecho de que sea el jefe del Gobierno el protagonista central de la decisión judicial y el notable apoyo popular de que aún dispone no le eximen de la responsabilidad de evitar a sus conciudadanos un deterioro institucional cada vez más agudo, como está ocurriendo en España con el caso Gürtel y su extensión desde Valencia, hasta Galicia, pasando por Madrid y otras poblaciones donde gobiernan el PP., como antaño ocurriera con los casos Filesa Time Sport y? del PSOE.

Fidel Campo Sánchez

La resolución de la Corte Constitucional italiana, por la que anula el llamado 'Laudo Alfano' que garantizaba la inmunidad de Silvio Berlusconi y de otras tres altas autoridades del Estado, abre la puerta a la reactivación de los procesos judiciales que tiene pendientes el primer ministro, con derivaciones imprevisibles para la estabilidad del país, ejemplo que debía ser imitado en España y sus territorios, para el caso de todos los aforados delincuentes que tenemos hasta poder exportar y que, lamentablemente, están protegidos por la Constitución, estableciendo diferencias discriminatorias entre el ciudadano de a píe y esta “clase” de individuos delincuentes más que acreditados.

El fallo, adoptado por una ajustada mayoría, refleja que los jueces han sido capaces de pronunciarse con independencia frente a las presiones recibidas, lo que reflejaría que aún existen en Italia áreas de la vida pública autónomas frente a la depauperación político-mafiosa que arrastra el país y el impacto de los escándalos que rodean a su máximo responsable. Que uno de los argumentos para revocar la legislación especial sobre Berlusconi haya sido su incompatibilidad con el artículo 3 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley- como en teoría dice la española en su artículo 14 pero no en la práctica ya que los aforados, auténticos delincuentes están protegidos -, remarca la excepcionalidad de la norma anulada y desestima las tendenciosas tesis sobre el aforamiento que debería merecer el primer ministro esgrimidas por sus representantes legales.