28 abril, Día Internacional de la Salud Laboral: El coste de la no prevención por José Manuel Corrales (*)

Este año, se vuelve a plantear la demanda de “Trabajo sano y seguro para todos y todas”. Esta exigencia esta más que justificada teniendo en cuenta las cifras de siniestralidad que se registran a nivel mundial: 1,1 millones de trabajadores mueren cada año (alrededor de 3.300 trabajadores cada día) y más de 160 millones de nuevos accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo.En nuestro país, el escenario que se nos presenta ante la conmemoración del 28 de Abril lo pone de manifiesto los datos estadísticos cada año, en donde se produce alrededor de 1 millón de accidentes con baja. En estos accidentes pierden la vida alrededor de 1000 trabajadores y trabajadoras durante la jornada de trabajo. En Canarias se padecen anualmente en torno a 75.000 accidentes de trabajo y 50 muertes con este origen. A esto se añade el aumento de las enfermedades profesionales y su falta de reconocimiento.La falta de aplicación de las normas preventivas por parte de los empresarios, la falta de compromiso político de las administraciones, la degradación del mercado laboral, el mantenimiento de una tasa de temporalidad que supera ampliamente la media de la Unión Europea, el uso abusivo de la subcontratación, hacen que, en nuestro país, sigamos manteniendo las tasas de siniestralidad más altas de la Unión Europea incidiendo de manera especial en los trabajadores jóvenes y mujeres, que son los colectivos que más sufren la precariedad. Ante esta situación debemos mantener una actitud beligerante. Aunque en los últimos años hemos logrado fomentar la cultura preventiva y reducir los accidentes mortales estamos todavía muy lejos de los índices europeos, objetivo inmediato de reducción que deberíamos alcanzar a más tardar en esta legislaturaLa acción de las organizaciones representativas de los trabajadores(los sindicatos) ha logrado colocar en primer plano de la opinión pública una situación insoportable para la sociedad e insufrible para muchos trabajadores y trabajadoras. Hay que reiterar la exigencia del cumplimiento de las normas preventiva y demandar de forma clara a las Autoridades Laborales una actuación eficaz como garantes en el cumplimiento de las leyes, pues es la vida y la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras es lo que está en juego.Hoy además del coste humano (sin lugar a dudas el más importante y más grave) los accidentes de trabajo nos cuestan económicamente en España al menos 12.000 millones de euros.¿Es posible cuantificar el coste del sufrimiento humano que genera la siniestralidad laboral? O acaso ¿es moralmente aceptable entender la accidentalidad como un problema de dinero? Todos compartimos la respuesta: NO. Sin embargo sabemos que se gestionan tremendas cantidades de recursos públicos en la cobertura de las prestaciones económicas y sanitarias a las que tenemos derecho a partir de un accidente o de una enfermedad.A partir del momento en el que alguno de nosotros sufre un accidente con baja el Sistema tiene que afrontar toda una serie de gastos: la pérdida de jornadas, la prestación de una asistencia sanitaria y la sustitución del salario a través de una prestación económica durante el tiempo que dure la baja.Estos costes se derivan del fracaso de la prevención, de la visión miope de no asumir, en muchos casos, una inversión rentable. Sin embargo, esto no es más que un vistazo superficial referido exclusivamente a los costes en jornadas pérdidas y en prestaciones del sistema de cobertura de riesgos profesionales. Ambas partidas superan ampliamente el billón de las antiguas pesetas (7.000 millones de euros).Pero hay más. Está el coste de los accidentes y enfermedades sufridos por los trabajadores autónomos que no están contemplados de momento en las cifras anteriores o los costes relativos a la siniestralidad de trabajadores no declarados como tales, ese 12% de empleo que una estimación más que prudente adjudica a la economía sumergida. Suponiendo que la probabilidad de accidentarse o enfermar de estos trabajadores es la misma que la de los del régimen general, emergen otros 2.500 millones de euros.Y no hemos acabado. Un estudio presentado en el Congreso Nacional de Salud y Seguridad de Valencia, llega a la conclusión de que el 16% de las contingencias comunes tienen un origen laboral con lo que, aplicando este porcentaje a los gastos sanitarios y a las correspondientes prestaciones económicas, sumaríamos 2.400 millones de euros derivados de procesos cuyo origen laboral no es reconocido ni por empresarios ni por Mutuas y que pagamos entre todos y todas vía impuestos.Con todo esto llegamos a unas cifras que no entran en una calculadora de bolsillo: 12.000 millones de euros (más de dos billones de las antiguas pesetas), aproximadamente el 1.6% del Producto Interior Bruto de nuestro país.Por todo esto, el 28 de abril, día internacional de la Seguridad y Salud de las trabajadoras y trabajadores, tenemos que seguir reclamando desde todos los ámbitos que la prevención laboral no tiene precio y que merece la pena reclamar más y mejor salud laboral.(*) José Manuel Corrales es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.

José Manuel Corrales (*)

Este año, se vuelve a plantear la demanda de “Trabajo sano y seguro para todos y todas”. Esta exigencia esta más que justificada teniendo en cuenta las cifras de siniestralidad que se registran a nivel mundial: 1,1 millones de trabajadores mueren cada año (alrededor de 3.300 trabajadores cada día) y más de 160 millones de nuevos accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo.En nuestro país, el escenario que se nos presenta ante la conmemoración del 28 de Abril lo pone de manifiesto los datos estadísticos cada año, en donde se produce alrededor de 1 millón de accidentes con baja. En estos accidentes pierden la vida alrededor de 1000 trabajadores y trabajadoras durante la jornada de trabajo. En Canarias se padecen anualmente en torno a 75.000 accidentes de trabajo y 50 muertes con este origen. A esto se añade el aumento de las enfermedades profesionales y su falta de reconocimiento.La falta de aplicación de las normas preventivas por parte de los empresarios, la falta de compromiso político de las administraciones, la degradación del mercado laboral, el mantenimiento de una tasa de temporalidad que supera ampliamente la media de la Unión Europea, el uso abusivo de la subcontratación, hacen que, en nuestro país, sigamos manteniendo las tasas de siniestralidad más altas de la Unión Europea incidiendo de manera especial en los trabajadores jóvenes y mujeres, que son los colectivos que más sufren la precariedad. Ante esta situación debemos mantener una actitud beligerante. Aunque en los últimos años hemos logrado fomentar la cultura preventiva y reducir los accidentes mortales estamos todavía muy lejos de los índices europeos, objetivo inmediato de reducción que deberíamos alcanzar a más tardar en esta legislaturaLa acción de las organizaciones representativas de los trabajadores(los sindicatos) ha logrado colocar en primer plano de la opinión pública una situación insoportable para la sociedad e insufrible para muchos trabajadores y trabajadoras. Hay que reiterar la exigencia del cumplimiento de las normas preventiva y demandar de forma clara a las Autoridades Laborales una actuación eficaz como garantes en el cumplimiento de las leyes, pues es la vida y la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras es lo que está en juego.Hoy además del coste humano (sin lugar a dudas el más importante y más grave) los accidentes de trabajo nos cuestan económicamente en España al menos 12.000 millones de euros.¿Es posible cuantificar el coste del sufrimiento humano que genera la siniestralidad laboral? O acaso ¿es moralmente aceptable entender la accidentalidad como un problema de dinero? Todos compartimos la respuesta: NO. Sin embargo sabemos que se gestionan tremendas cantidades de recursos públicos en la cobertura de las prestaciones económicas y sanitarias a las que tenemos derecho a partir de un accidente o de una enfermedad.A partir del momento en el que alguno de nosotros sufre un accidente con baja el Sistema tiene que afrontar toda una serie de gastos: la pérdida de jornadas, la prestación de una asistencia sanitaria y la sustitución del salario a través de una prestación económica durante el tiempo que dure la baja.Estos costes se derivan del fracaso de la prevención, de la visión miope de no asumir, en muchos casos, una inversión rentable. Sin embargo, esto no es más que un vistazo superficial referido exclusivamente a los costes en jornadas pérdidas y en prestaciones del sistema de cobertura de riesgos profesionales. Ambas partidas superan ampliamente el billón de las antiguas pesetas (7.000 millones de euros).Pero hay más. Está el coste de los accidentes y enfermedades sufridos por los trabajadores autónomos que no están contemplados de momento en las cifras anteriores o los costes relativos a la siniestralidad de trabajadores no declarados como tales, ese 12% de empleo que una estimación más que prudente adjudica a la economía sumergida. Suponiendo que la probabilidad de accidentarse o enfermar de estos trabajadores es la misma que la de los del régimen general, emergen otros 2.500 millones de euros.Y no hemos acabado. Un estudio presentado en el Congreso Nacional de Salud y Seguridad de Valencia, llega a la conclusión de que el 16% de las contingencias comunes tienen un origen laboral con lo que, aplicando este porcentaje a los gastos sanitarios y a las correspondientes prestaciones económicas, sumaríamos 2.400 millones de euros derivados de procesos cuyo origen laboral no es reconocido ni por empresarios ni por Mutuas y que pagamos entre todos y todas vía impuestos.Con todo esto llegamos a unas cifras que no entran en una calculadora de bolsillo: 12.000 millones de euros (más de dos billones de las antiguas pesetas), aproximadamente el 1.6% del Producto Interior Bruto de nuestro país.Por todo esto, el 28 de abril, día internacional de la Seguridad y Salud de las trabajadoras y trabajadores, tenemos que seguir reclamando desde todos los ámbitos que la prevención laboral no tiene precio y que merece la pena reclamar más y mejor salud laboral.(*) José Manuel Corrales es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.

José Manuel Corrales (*)