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Iuvet Testes

José Carlos Gil Marín / José Carlos Gil Marín

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El caso de De Armas es una muestra más de la entropía política archipelágica del todo en todos: a pesar de estar ausente durante ese tiempo, el concejal disfrutó de un teléfono móvil costeado por el Ayuntamiento, cuya última facturación superó los mil euros de gastos, y tenía a su cargo una secretaria que le costaba a las arcas municipales unos 1.800 euros al mes, a pesar de no realizar ninguna gestión pública representativa en el Ayuntamiento.

Tras partir de la Marina Rubicón -algunos tienen que cruzar alguno para llegar a sentirse socialmente alguien-, el concejal De Armas llegó a Martinica, que era la meta de la regata, en unas tres semanas, pero posteriormente hizo varias escalas por el Caribe estando ausente por un período de casi seis meses. Afirma que pretendía vender el barco en América -mira que es grande el continente para tratar de vender el contenido- aunque finalmente ha acabado volviendo con su misma embarcación. El concejal ha señalado que se incorporará a sus tareas como edil en el Ayuntamiento “en breve”.

¡Iuvet Testes!

Sí? ¡Iuvet testes! ¡Manda huevos! Palabras éstas que inmortalizara el ex ministro Trillo, Presidente del Congreso de los Diputados en la sexta legislatura, y que se encuentran en su cuadro-retrato situado en la galería de retratos de los expresidentes frente al del socialista Félix Pons y al lado del también socialista Gregorio Peces Barba -a modo de representación simbólica e iniciática del pintor-.

La exclamación “iuvet testes” tuvo su causa tras la siguiente parrafada: “Rúbrica de la disposición transitoria segunda. Se suprime la referencia a las tarifas de conexión para desarrollar el contenido resultante de la tramitación previa en el Congreso de los Diputados. Por último, también por razones de técnica legislativa, una disposición derogatoria que prevé expresamente la abrogación del Real Decreto Ley del que trajo origen este Decreto Ley”.

Prácticamente a la par de lo protagonizado por el concejal un “supuesto fallo de protocolo” precedía a la intervención del Presidente del Gobierno del Estado español, Mariano Rajoy, en la Cumbre de Naciones Unidas Río+20, donde fue presentado por el Presidente del plenario como “el primer ministro de las Islas Salomón”, en el Pacífico Sur.

Pues bien, con más de dos horas de retraso, Rajoy asumía la personalidad de Gordon Darcy Lilo sin decir ni mu ni esperar la subsanación de tigor.

¡Iuvet testes!

Ya se sabe, de lilo a lelo sólo cambia una letra en castellano?

No, desde luego, España no es Uganda, como precisaba recientemente antes del recate Rajoy a su ministro Guindos? ¡Es las Islas Salomón!

Mientras, en Tenerife todos se daban también codazos por salir con el Presidente de China tras su periplo por el G20, y resultaba también cuando menos curioso ver a Paulino Rivero tras “su” Congreso nacionalista entre Soria y Soraya peleándose por salir en la foto, y a los anfitriones del encuentro acompañar a un dictador comunista que oprime a su pueblo y regiones como El Tíbet, y que se aposentó en un hotel de lujo y que quiso visitar -también con parafernalia occidentalizadora maximizada de fondo- las Cañadas del Teide y el parador?

Curioso comunismo el chino?

Sí? ¡iuvet testes!

Y de nuevo el bono alemán a diez años, el día en que se ratificaba en el Congreso el nuevo mecanismo de estabilidad europeo, nos refería una entropía simbólica. Diferencial de interés respecto al mismo bono español: 6.66%...

el artículo continúa después del siguiente mensaje

23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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¿Nos suena esto ya de algo?

José Carlos Gil Marín

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