La justa medida

La competitividad de una región se mide a través de la inflación, el valor unitario de las exportaciones y el coste laboral unitario, entre otras cosas. Por esa razón, la mejora de la competitividad depende de una mejor evolución de los precios en comparación con el entorno, tanto relacionado con la Unión Europea como con el resto de los destinos y orígenes con los que se compite teniendo en cuenta que el crecimiento de los costes laborales contribuye al deterioro si no están acompasados con la evolución de la productividad. Ante este dato, aunque parezca obvio, toma especial relevancia dada la divergencia en rentas entre Canarias, España y la Unión Europea, de ahí que sea necesario reformar las relaciones laborales en Canarias para reducir el coste estructural de la actividad productiva sin afectar el empleo y el poder adquisitivo.

Canarias, aunque muestra signos de recuperación económica, enfrenta desafíos estructurales importantes que deben ser abordados para asegurar un crecimiento robusto y sostenible. La implementación de estrategias que promuevan actividades de alto valor añadido, sostenibilidad ambiental y la creación de empleo productivo es crucial. Esto no solo fortalecerá el crecimiento económico, sino que también mitigará los riesgos derivados de la incertidumbre en el comercio internacional y las tensiones geopolíticas. Sin embargo, la contribución de la demanda exterior al PIB es incierta, lo cual es crítico dado el peso del sector turístico en la economía canaria. Una desaceleración en la demanda exterior podría impactar negativamente en este sector esencial donde además se le suma el estructural aislamiento geográfico, donde los elevados costes de transporte afectan negativamente la competitividad del Archipiélago. Aunque existen subvenciones para el transporte de mercancías y pasajeros, estas medidas no son suficientes a largo plazo, de ahí que sea necesario invertir en infraestructuras para optimizar las cadenas de suministro y fomentar la producción local, reduciendo así la dependencia de importaciones y sus costes asociados. Por esa razón, es fundamental combinar la política monetaria con la fiscal para reducir la presión tributaria, especialmente para los tramos de renta más bajos. La alta inflación erosiona el poder adquisitivo y aumenta los costes operativos, afectando la competitividad de la estructura productiva. Además, los costes laborales han aumentado significativamente, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad porque mientras que las cotizaciones a la seguridad social han crecido un 7% respecto al año anterior, los costes laborales no salariales lo han hecho un 8,3%, alimentando la reversión de la tendencia de ganancia de competitividad frente a la Unión Europea.

Ante todo, reconociendo que el empleo es consecuencia del crecimiento económico, el mercado laboral es clave teniendo en cuenta que, a pesar de la disminución del desempleo, las tasas de paro siguen siendo de dos dígitos, situándose por encima de la media nacional, lo cual debe ser socialmente inaceptable. Por esa razón, la creación de empleo es vital para la estabilidad social y económica, pero también es importante considerar el número de horas contratadas para evaluar objetivamente dicho crecimiento. Mejorar la situación requiere fomentar la formación y la educación para equipar a la población activa con habilidades que les permitan adaptarse a las demandas del mercado. Y si todavía no nos damos cuenta, no estamos a lo que estamos.

La competitividad de una región se mide a través de la inflación, el valor unitario de las exportaciones y el coste laboral unitario, entre otras cosas. Por esa razón, la mejora de la competitividad depende de una mejor evolución de los precios en comparación con el entorno, tanto relacionado con la Unión Europea como con el resto de los destinos y orígenes con los que se compite teniendo en cuenta que el crecimiento de los costes laborales contribuye al deterioro si no están acompasados con la evolución de la productividad. Ante este dato, aunque parezca obvio, toma especial relevancia dada la divergencia en rentas entre Canarias, España y la Unión Europea, de ahí que sea necesario reformar las relaciones laborales en Canarias para reducir el coste estructural de la actividad productiva sin afectar el empleo y el poder adquisitivo.

Canarias, aunque muestra signos de recuperación económica, enfrenta desafíos estructurales importantes que deben ser abordados para asegurar un crecimiento robusto y sostenible. La implementación de estrategias que promuevan actividades de alto valor añadido, sostenibilidad ambiental y la creación de empleo productivo es crucial. Esto no solo fortalecerá el crecimiento económico, sino que también mitigará los riesgos derivados de la incertidumbre en el comercio internacional y las tensiones geopolíticas. Sin embargo, la contribución de la demanda exterior al PIB es incierta, lo cual es crítico dado el peso del sector turístico en la economía canaria. Una desaceleración en la demanda exterior podría impactar negativamente en este sector esencial donde además se le suma el estructural aislamiento geográfico, donde los elevados costes de transporte afectan negativamente la competitividad del Archipiélago. Aunque existen subvenciones para el transporte de mercancías y pasajeros, estas medidas no son suficientes a largo plazo, de ahí que sea necesario invertir en infraestructuras para optimizar las cadenas de suministro y fomentar la producción local, reduciendo así la dependencia de importaciones y sus costes asociados. Por esa razón, es fundamental combinar la política monetaria con la fiscal para reducir la presión tributaria, especialmente para los tramos de renta más bajos. La alta inflación erosiona el poder adquisitivo y aumenta los costes operativos, afectando la competitividad de la estructura productiva. Además, los costes laborales han aumentado significativamente, lo que ha llevado a una pérdida de competitividad porque mientras que las cotizaciones a la seguridad social han crecido un 7% respecto al año anterior, los costes laborales no salariales lo han hecho un 8,3%, alimentando la reversión de la tendencia de ganancia de competitividad frente a la Unión Europea.