Sin ser profesional del derecho, he tenido ocasión de leer multitud de resoluciones judiciales de todo tipo, pero solo una vez he disfrutado de la lectura de un auto que llegara a parecerme no solo valiente y responsable sino, incluso, hermoso.
El auto de la que por entonces fuera titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas es de 2007 y su señoría lo dictó cuando llevaba apenas dos años de magistrada y tan solo uno al frente de ese juzgado.
Se enfrentaba la magistrada a una solicitud del Cabildo Insular de Lanzarote en la que se pedía la suspensión cautelar de unas obras que pretendían la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje amparándose en una licencia que, posteriormente y tal y como sostenía la administración insular, era nula de pleno derecho y nunca se podía haber concedido.
Basta recordar lo sucedido con Valdecañas, el Algarrobico o la veintena de hoteles con licencias anuladas en Lanzarote, para pensar que lo normal hubiera sido que la solicitud de medida cautelar fuera respondida de manera negativa, aduciendo los importantes perjuicios económicos que supondría la paralización, y recordando que, en todo caso, si la resolución definitiva fuera contraria a los promotores, siempre se podría recuperar la legalidad perturbada.
Efectivamente. Lo normal hubiera sido dar la famosa patada hacia adelante para luego empezar a debatir sobre las dificultades y los perjuicios que ocasionaría la ejecución de la sentencia y tener que aceptar, una vez más, los hechos consumados como mecanismo de ordenación.
Esa no fue la decisión de la magistrada en cuestión. En un auto irreprochable accedió a la paralización solicitada por el Cabildo consiguiendo, así, que no se ejecutara la promoción ilegal antes de que se produjera la sentencia definitiva.
Podemos imaginar, como decía antes, la responsabilidad y la valentía de quien es capaz de colocar la ley por delante de la presión que supone el paralizar la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, con las oportunas advertencias por parte de los infractores, disfrazados de promotores, de los graves daños económicos que luego habrían de ser resarcidos.
Esa valentía, esa responsabilidad, ha faltado de manera clamorosa en multitud de ocasiones y, lo que es peor, ha fallado en tribunales superiores de justicia en los que la decisión correspondía a un órgano colegiado, con el grado adicional de protección y seguridad que supone para quienes tiene que adoptar la decisión.
Dicho de otra manera, la actitud de esta magistrada, actuando en la soledad de su juzgado, evidencia la cobardía y la irresponsabilidad de quienes de manera sistemática han sido cómplices, al menos por su voluntaria incapacidad para actuar, de los principales desmanes urbanísticos que salpican y destrozan nuestro territorio.
Para mayor escarnio de quienes se han puesto de lado con el peregrino argumento del daño económico, nuestra magistrada escribió un último párrafo en su razonamiento jurídico que, insisto, llega a ser hermoso:
«Finalmente, y frente a la alegación de que debe valorarse igualmente los beneficios de todos los vecinos, los cuales se verán favorecidos por la creación de puestos de trabajo y riqueza, no se comparte dicha tesis, en el sentido de que la hipotética creación de riqueza deba erigirse en un interés más digno de protección que la legalidad urbanística; y ello porque la riqueza, como patrimonio de una sociedad determinada, no se mide solo por el número de edificios destinados a vivienda que existan en un municipio, sino porque esa edificabilidad se alcance dentro de parámetros razonables de calidad, bienestar colectivo y respeto al medio físico o al entorno urbanístico».
Más de quince años después este auto, y sus consecuencias, sigue pareciéndome una lección maravillosa y un reproche contundente a quienes por cobardía, en el mejor de los casos, han dado de lado a su alta responsabilidad permitiendo auténticos desmanes al poner por delante del bien común y el respeto a la legalidad la confusión interesada entre la riqueza de un pueblo y los pelotazos de unos pocos.
Me parece justo e imprescindible reconocer el valor y la profesionalidad de su señoría doña Mercedes Martín Olivera. Su auto demuestra que no eran inevitables ni Valdecañas, ni el Algarrobico, ni el Papagayo Arena o el Princesa Yaiza.