La legitimidad de Clavijo

Siempre pensé que la autonomía de Canarias consistía en que el propio pueblo canario ejerciera el derecho al autogobierno. Y, en una democracia representativa, lo delegara en una asamblea --el Parlamento—que reflejara con la mayor fidelidad los intereses, las ideas y la pluralidad de la sociedad canaria.

Lo contrario no es autogobierno ni democracia, sino alguna versión de oligarquía; es decir el gobierno de unos pocos, que tiende a perpetuarse y a extralimitarse, siguiendo el código genético del poder.

Para que el Parlamento pueda ser una representación fidedigna del pueblo canario, titular del autogobierno, es necesario que se cumpla razonablemente (además de las exigencias básicas de la democracia: libertad de prensa, de partidos y candidaturas, neutralidad de los medios informativos públicos, autoridad electoral imparcial, voto individual y secreto, garantías judiciales…) el principio del voto igual, de forma que el voto de cada canario tienda a influir en la misma medida en la composición del órgano legislativo.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo, tanto las barreras electorales como el criterio de la triple paridad en la distribución de escaños entre las islas, distorsionan completamente la representatividad del Parlamento. Y, especialmente, la del gobierno y su presidente. Y en consecuencia, su legitimidad.

Puede afirmarse sin ambages que, con la triple paridad y las barreras electorales –ideadas para imposibilitar la alternancia política--, Coalición Canaria ha secuestrado ¡en nombre de Canarias! el derecho del pueblo canario a la autonomía.

En las pasadas elecciones al Parlamento canario, Coalición Canaria obtuvo el 18.2% de los votos (3ª fuerza política) y 16 diputados. El Partido Socialista, el 20,2 % (1ª fuerza) y 15 diputados. El PP, el 18.9% (2ª fuerza) y 12 escaños. Podemos, el 14,8% (cuarta fuerza) y 7 diputados. Y Nueva Canarias, el 10.4 % (cuarta fuerza) y 5 diputados.

Y eso por no hablar de la relación entre Ciudadanos ( 53.981 votos y ningún diputado) y Agrupación Socialista Gomera (5.089 votos y 3 diputados).

En el régimen parlamentario racionalizado, la figura preeminente es el presidente del Gobierno, que es el lidera no sólo al ejecutivo, sino en realidad al propio poder legislativo, a través de la mayoría parlamentaria. Especialmente, como es nuestro caso, cuando se utiliza el voto categórico, o de partido, a candidaturas cerradas y bloqueadas.

El reciente debate en la Cámara de los Comunes sobre la participación británica en las operaciones contra el Estado Islámico (como ocurrió en su día con la propuesta de Tony Blair sobre la invasión de Irak) son ejemplos sobresalientes de otro tipo de parlamentarismo, en el que los diputados están más apegados a los ciudadanos y menos a la disciplina de partido.

Así las cosas, resulta que preside el Gobierno de Canarias el partido situado en tercer lugar en número de votos, pero al que una Ley electoral trucada otorga el mayor número de escaños que a las candidaturas primera y segunda, y más del doble de que diputados a la cuarta candidatura, a pesar de haberla superado en un mero 3.8% de votos.

Coalición Canaria, haciendo alarde de una actitud incompatible con el pluralismo político, que es uno de los valores superiores de nuestra convivencia, y por tanto de nuestro orden constitucional, ha intentado de nuevo en las elecciones del 20D apropiarse de modo excluyente de la representación de Canarias: “Si CC no está en las Cortes, Canarias no estará en la política española”. Una excluyente usurpación y un nuevo insulto a la inteligencia de los canarios, juego al que los de CC tienen una verdadera adicción.

Pero ocurre que los canarios los han puesto en 5ª posición, con el 8.24% de los votos, por detrás de PP, PODEMOS, PSOE y Ciudadanos. Sólo han obtenido una diputada y un senador de entre los 26 parlamentarios a Cortes elegidos en Canarias.

Les dará lo mismo porque continuarán con la impostura de siempre. Una patética Oramas ha proclamado al día siguiente que ella sola es decisiva para la gobernabilidad de España, en un Congreso de 350 diputados.

A la vista de todo ello me pregunto ¿cuál es la legitimidad de Clavijo? ¿cuál el fundamento democrático de un presidente que representa al 18% de los votantes, líder de un partido que ha pasado a representar tan sólo al 8.24% de los votantes en las elecciones generales?

Me dirán que en la Ley. Y les responderé que sí, que en una Ley electoral fraudulenta que fue concebida, aprobada y es defendida contra viento y marea por Coalición Canaria y los intereses a los que representa: los suyos propios de acaparar y mantenerse en el poder y los de los grupos de influencia que, a través de Coalición Canaria, marcan --legislatura tras legislatura-- la agenda y el rumbo de las Instituciones y de la política del Archipiélago.

Me dirán que las recientes elecciones han sido generales y no autonómicas. Y yo les diré que sí, que de acuerdo; pero que no he sido yo, sino Coalición Canaria, quien las ha tratado de convertir (de nuevo) en un plebiscito sobre quién representa a Canarias.

Siempre pensé que la autonomía de Canarias consistía en que el propio pueblo canario ejerciera el derecho al autogobierno. Y, en una democracia representativa, lo delegara en una asamblea --el Parlamento—que reflejara con la mayor fidelidad los intereses, las ideas y la pluralidad de la sociedad canaria.

Lo contrario no es autogobierno ni democracia, sino alguna versión de oligarquía; es decir el gobierno de unos pocos, que tiende a perpetuarse y a extralimitarse, siguiendo el código genético del poder.