¿Qué puede pensar la gente normal, corriente y moliente cuando ve que tres magistrados conservadores del Tribunal Supremo ratifican la condena de cárcel para un expresidente socialista de la Junta de Andalucía mientras que las dos magistradas progresistas de la sala se oponen a esa pena?.
La justicia está tan politizada que cuando se juzgan casos relacionados con partidos políticos unos magistrados marcadamente ideologizados se decantan por una condena mientras que los otros de ideología contraria apuestan por la absolución.
¿Quién puede confiar en una administración de justicia cuando de antemano se sabe casi a ciencia cierta que un juez va a decantarse por un veredicto mientras que otro juez ideológicamente opuesto va a votar lo contrario?.
Por todo ello no es extraño que los partidos políticos quieran nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Es evidente que si los juristas funcionan de manera parcial, partidista y sectaria no será posible nunca lograr una sentencia justa.
Parece que hay jueces que se deben al partido que los nombra y pierden la imparcialidad para dirimir sobre cualquier conflicto. El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tiene que cumplir pena de cárcel a no ser que prospere un recurso al Tribunal Constitucional o el gobierno lo indulte.
Si la composición de la sala hubiese sido diametralmente opuesta con tres magistrados progresistas y dos conservadores muy probablemente ahora estaríamos hablando de la absolución del político socialista. Los políticos necesitan ser juzgados por jueces más equidistantes y ecuánimes. Si son culpables, da igual a qué partido pertenezcan, que sean condenados sin paliativos.
Es verdad que la gente ha ido perdiendo con el tiempo la confianza en los políticos por la forma partidista de actuar pero los magistrados no se quedan atrás ya que en muchas ocasiones anteponen su prisma ideológico a las leyes que deben aplicar de manera taxativa.
Si el juez fuera realmente imparcial daría igual que fuera de derechas, de izquierdas o de centro extremo. Bastaría con que fuera profesionalmente equitativo. Sin embargo muchos fallos judiciales suelen tener un cariz ideológico que tiene más que ver con la personalidad del juez que con la legalidad vigente.
Hay gente que cree que el Parlamento, donde reside la soberanía popular, no debe nombrar a los altos magistrados ni a los componentes del Poder Judicial pero si los designan ellos mismos de forma corporativa tampoco evitarían las parcialidades y subjetividades.
Un buen juez no debe anteponer sus ideas políticas cuando juzga porque esa es la peor forma de hacer justicia. Se critica mucho al Poder Ejecutivo y al Legislativo a pesar de que sus miembros han sido elegidos democráticamente. Sin embargo el Poder Judicial queda siempre al margen como si fuera penalmente irresponsable como el rey. El Poder Judicial y la monarquía son curiosamente dos poderes del Estado que no son elegidos por los ciudadanos de manera democrática pero que a su vez son socialmente menos criticados que los dos primeros. Ya va siendo hora de que cada palo aguante su vela.