Matrimonios de conveniencia

Durante este mes de junio Greenpeace ha puesto en marcha una intensa campaña por toda España exponiéndonos “el millonario enlace entre el Gobierno y las eléctricas”. La organización ecologista -que pretende denunciar el “matrimonio de conveniencia” entre los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural con una amplia representación de partidos políticos y sus lideres- obsequia a los cónyuges con una pancarta gigante de 90 metros cuadrados desplegada en el edificio Vincci Capitol de Callao, en Madrid, con las “fotos de la boda” de Rajoy, Aznar y Felipe González y sus parejas de las compañías eléctricas. Al mismo tiempo, recorren distintas ciudades reproduciendo el casorio y advirtiendo de la connivencia del poder político con el lobbie energético español

También en estos días, la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético, constituida por distintos colectivos sociales, grupos medioambientales, sindicatos y organizaciones empresariales, ha preparado una demanda, que presentarán en la Fiscalía Anticorrupción, denunciando “actos de prevaricación por desviación de poder y tráfico de influencias” que han dañado culposamente a las energías renovables en los últimos años. En el documento elaborado para la denuncia se desmenuza la aprobación de normas dictadas por diferentes autoridades “que con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector”. Aseguran que con el argumento del control de déficit “los dos últimos ejecutivos han impulsado una serie de medidas, que no solo no han conseguido el pretendido objetivo, sino que han servido, en realidad y al contrario de lo que públicamente se ha afirmado, para dinamitar el sector de las energías renovables”. A lo largo del texto desgranan una serie de hechos que atentan directamente contra los promotores de energías limpias y los consumidores: falsas denuncias y campaña mediática paralela contra las fotovoltaicas, cada vez más competitivas; medidas para favorecer a las convencionales como incrementar los pagos por capacidad o avalar a través del Estado la deuda privada de las eléctricas; olvidos intencionados para evitar que las operadoras eléctricas tengan que devolver los Costes de Transición a la Competencia, a pesar del mandato de la CNE, lo que compensaría la práctica totalidad del déficit tarifario?

Y da nombres de políticos implicados hasta el tuétano con las grandes eléctricas que no cesan de atacar a las renovables. Los he citado varias veces, pero no quiero hurtarles los que señala esta denuncia. Hablan de Felipe González, consejero asesor de Enagás con una percepción bruta de más de 200.00 euros al año; de José María Aznar, asesor de Endesa también remunerado con más de 200.000 euros anuales; de Luis de Guindos, consejero de Endesa hasta que se incorporó al Gobierno de Rajoy; de Narcís Serra, consejero de Endesa; de la exministra socialista Elena Salgado, ahora en Enersis, del grupo Endesa; de Pedro Solbes, consejero de Enel-Endesa; del exministro de Industria Joan Majó, consejero de Endesa; de Ángel Acebes, de Iberdrola; de Ana Palacio, consejera de Hidroeléctrica del Cantábrico; del expresidente del Parlamento, Manuel Marín, presidente de la Fundación Iberdrola; de Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, consejero de Iberdrola; de la exministra María de los Ángeles Amador, de Red Eléctrica; de la canaria Rosa Rodríguez, de Enagás; de Marcelino Oreja, de Enagás y, además, una ristra de exsecretarios de Estado de Hacienda o de Energía, hoy a sueldo de las eléctricas, algunos nombrados apenas cesaron en sus cargos donde habían tomado decisiones que afectaban a las que después terminaron contratándoles? Ya lo ven, son en su mayoría del PP y del PSOE. Los tienen perfectamente controlados. Y a lo mejor no es ilegal (jamás se les ha ocurrido legislar sobre esto, faltaría más), pero desde luego no tiene nada que ver con la ética y los valores democráticos. Ni tiene en cuenta, por supuesto, la máxima de Séneca que defendía que “lo que las leyes no prohíben lo hace la honestidad”.

Lo cierto es que el ataque a las renovables ha sido y sigue siendo brutal. Se han perdido miles de puestos de trabajo y se han arruinado cientos de pymes y familias ligadas a la fotovoltaica y la eólica; se ha puesto en jaque a un sector innovador y puntero a nivel mundial de manera intencionada mientras las eléctricas españolas son más rentables que sus competidoras europeas, que tienen un margen de beneficio de un 2,6% frente a un 6% de las de aquí. El propio comisario europeo de Energía ha mostrado recientemente su preocupación por la falta de diálogo del Gobierno y por el impacto de las reformas en el sector. Algunos fondos de inversión han escrito a José Manuel Soria amenazándolo con llevar a España a los arbitrajes internacionales. Thomas Becker, Consejero delegado de la asociación europea de energía Eólica acaba de afirmar que “España va a pagar caro esta ”vendetta“ contra la eólica”. Obama acaba de enviar a un emisario a Madrid para reprochar a España su política contra las renovables. Las grandes empresas españolas de energías limpias tienen que emigrar?

Y la situación en Canarias no es distinta. Como todos sabemos, aquí opera en régimen de monopolio Endesa, que no se arredra un ápice en seguir las mismas prácticas que su matriz nacional. No en vano su Consejo Asesor está conformado por políticos como Mario Romero Mur (presidente), exconcejal del PP y miembro del Círculo de Empresarios; Benicio Alonso, exdiputado del PP y exconsejero canario; Juan Romero Pi, expresidente de la ZEC por el PSOE y Blas Trujillo, exconsejero, exdiputado y portavoz socialista en el Parlamento de Canarias. Y empresarios como Eustasio López (Lopesan); Pedro Agustín del Castillo (Elmasa, Binter?); José Carlos Francisco, exconsejero de ATI y presidente de la CEOE de Tenerife; José Fernando Rodríguez de Azero, exconsejero del Presidente del Gobierno de Canarias y expresidente de la Confederación de Empresarios de Tenerife; Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación de Empresarios de Las Palmas y Juan Miguel Sanjuan, expresidente del Círculo de Empresarios y presidente de Satocan (Sacyr, Repsol?)?

Partidos políticos, empresarios influyentes (los más influyentes) y, en medio, un centro de pensamiento (Catpe), presidido por Ángel Ferrera (Toyota?), expresidente del Consejo de Unelco-Endesa y exmiembro de Endesa Internacional y patrocinado por Binter (del Castillo), Canariensis (Ferrera, Cabré?), Lopesan (Eustasio López), Grupo Vega Grande (familia del Castillo), Astican (Germán Suárez) y Ralons (Miguel Ángel Ramírez), que acaba de salir a la palestra con un informe (Política energética en Canarias. Horizonte 2030) en el que urge a construir un gran almacén de combustibles y una segunda refinería en Granadilla o Arinaga, a la introducción del gas en Canarias y a la extracción de petróleo en nuestras aguas. Ah, y encima nos dice que la falta de renovables solo se debe a la maraña administrativa del Gobierno canario sin que se cite para nada las servidumbres aeronáuticas que no se quieren solucionar, el freno a la central hidroeléctrica de Chira-Soria, la carencia de infraestructuras para el almacenamiento y la distribución, la falta de voluntad política del Gobierno central y la presión empresarial sectorial que persigue a toda costa evitar la democratización y la soberanía energética, hoy en manos de un único operador.

Singularmente, muchos de los empresarios patrocinadores de Catpe y miembros del Consejo de Endesa (bastantes coinciden) son a su vez accionistas de Gascan, la empresa a la que se le concedió por el Gobierno de Canarias, a dedo y junto a la eléctrica, la explotación del gas en Canarias. Curioso cuando menos.

En Canarias nos hemos quedado a la cola en la producción de renovables -vuelvo a repetir que no es por casualidad- que sale más barata que las convencionales y el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez de Azero, ha afirmado alto y claro que “la sociedad tiene que saber que Canarias no ha instalado ningún molino en los últimos quince años”. Ahora sale el ministro en el Parlamento español anunciando de nuevo que va a desbloquear las renovables en el archipiélago. Y los medios de comunicación lo dan por hecho a toda página. Hasta el momento no es sino la reiteración de una voluntad que viene expresando desde hace meses sin que se ejecute. Lo mismo ha hecho con la central hidroeléctrica. Pero aunque así fuera, y sería un paso positivo, de poco va a servir en Gran Canaria si no se resuelven los problemas que tienen paralizada a Chira-Soria o si no se corrigen las servidumbres aeronáuticas. Por muchas campanas lanzadas al vuelo, me temo que seguiremos algunos años más sin que se instale un nuevo aerogenerador. Mientras, a toda vela con el petróleo y el gas. Y ahora, con el fracking y hasta con una nueva refinería. Menos mal que ya parece que se han olvidado de aquel globo sonda que lanzaron evaluando la posibilidad de instalar mini nucleares en Canarias. Capaces son.

Durante este mes de junio Greenpeace ha puesto en marcha una intensa campaña por toda España exponiéndonos “el millonario enlace entre el Gobierno y las eléctricas”. La organización ecologista -que pretende denunciar el “matrimonio de conveniencia” entre los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural con una amplia representación de partidos políticos y sus lideres- obsequia a los cónyuges con una pancarta gigante de 90 metros cuadrados desplegada en el edificio Vincci Capitol de Callao, en Madrid, con las “fotos de la boda” de Rajoy, Aznar y Felipe González y sus parejas de las compañías eléctricas. Al mismo tiempo, recorren distintas ciudades reproduciendo el casorio y advirtiendo de la connivencia del poder político con el lobbie energético español

También en estos días, la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético, constituida por distintos colectivos sociales, grupos medioambientales, sindicatos y organizaciones empresariales, ha preparado una demanda, que presentarán en la Fiscalía Anticorrupción, denunciando “actos de prevaricación por desviación de poder y tráfico de influencias” que han dañado culposamente a las energías renovables en los últimos años. En el documento elaborado para la denuncia se desmenuza la aprobación de normas dictadas por diferentes autoridades “que con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector”. Aseguran que con el argumento del control de déficit “los dos últimos ejecutivos han impulsado una serie de medidas, que no solo no han conseguido el pretendido objetivo, sino que han servido, en realidad y al contrario de lo que públicamente se ha afirmado, para dinamitar el sector de las energías renovables”. A lo largo del texto desgranan una serie de hechos que atentan directamente contra los promotores de energías limpias y los consumidores: falsas denuncias y campaña mediática paralela contra las fotovoltaicas, cada vez más competitivas; medidas para favorecer a las convencionales como incrementar los pagos por capacidad o avalar a través del Estado la deuda privada de las eléctricas; olvidos intencionados para evitar que las operadoras eléctricas tengan que devolver los Costes de Transición a la Competencia, a pesar del mandato de la CNE, lo que compensaría la práctica totalidad del déficit tarifario?