Menuda protección

Tenía que notarse. Debía aparecer para que no hubiera dudas. Con su sustrato ideológico, claro. Ya está aquí, para abonada controversia, con un sello inconfundible, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. No es que haya fallado el Gobierno, con su autoritarismo y tal, que sí hay varios ejemplos. Pero faltaba la norma. Y como ha ocurrido con la LOMCE, el aluvión de críticas se intensificará en la que se prevé convulsa tramitación. Asociaciones y representaciones sindicales de los cuerpos de seguridad, analistas y portavoces políticos ya han expresado el rechazo. Ya está aquí la norma que, sobre el papel, viene a limitar y sancionar libertades. Para preocupación generalizada. Como que en algunas redes sociales ya ha sido rebautizada: Ley de vagos y maleantes (II).

Aquel símil de la patada en la puerta, cuando Corcuera era ministro del Interior y el terrorismo golpeaba con saña, como que se queda corto. En síntesis, ciudadano que proteste, que se atreva a protestar, será considerado, poco menos, enemigo público número uno. Ni escraches ni alteraciones de orden público ni concentraciones ante instituciones o infraestructuras relevantes: las sanciones, para que duela la cosa, pueden alcanzar unos cuantos miles de euros. El ejecutivo, tratando de acaparar capacidad coercitiva, manifiesta, sin muchos ambages que digamos, una clara intención de condicionar protestas de carácter social o político, sin más.

Pero no se queda ahí. Hasta el botellón, oiga, acarrea penalización. Qué botellón: ni los mendigos escapan. Los pobres, como si no tuvieran bastante con lo que arrastran: hasta 750 euros, salvo corrección o enmienda, costará la menesterosidad en la vía pública.

Algunos estarán contentísimos porque el primer texto de la nueva Ley se corresponde con esos golpes de timón que añoran cíclicamente. Da igual que en la jerga, en el lenguaje coloquial se empiece a hablar de Ley de represión. Ahora sí, ahora pedirán que funcione el Estado de derecho: van a tener normas a la medida. ¿O será que es eso lo que precisamente busca el Gobierno? O sea, una sociedad anestesiada, maniatada, desmotivada y atemorizada.

Menuda protección.

Tenía que notarse. Debía aparecer para que no hubiera dudas. Con su sustrato ideológico, claro. Ya está aquí, para abonada controversia, con un sello inconfundible, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. No es que haya fallado el Gobierno, con su autoritarismo y tal, que sí hay varios ejemplos. Pero faltaba la norma. Y como ha ocurrido con la LOMCE, el aluvión de críticas se intensificará en la que se prevé convulsa tramitación. Asociaciones y representaciones sindicales de los cuerpos de seguridad, analistas y portavoces políticos ya han expresado el rechazo. Ya está aquí la norma que, sobre el papel, viene a limitar y sancionar libertades. Para preocupación generalizada. Como que en algunas redes sociales ya ha sido rebautizada: Ley de vagos y maleantes (II).

Aquel símil de la patada en la puerta, cuando Corcuera era ministro del Interior y el terrorismo golpeaba con saña, como que se queda corto. En síntesis, ciudadano que proteste, que se atreva a protestar, será considerado, poco menos, enemigo público número uno. Ni escraches ni alteraciones de orden público ni concentraciones ante instituciones o infraestructuras relevantes: las sanciones, para que duela la cosa, pueden alcanzar unos cuantos miles de euros. El ejecutivo, tratando de acaparar capacidad coercitiva, manifiesta, sin muchos ambages que digamos, una clara intención de condicionar protestas de carácter social o político, sin más.