«Doloroso, pero necesario» fue como Elon Musk anunció en noviembre de 2022 el relanzamiento de Verified, el sistema de verificación de cuentas de Twitter, la red social que el magnate sudafricano había adquirido tan sólo un mes antes. Desde entonces, el empresario ha sido objeto de duras críticas y acusado, entre otras cosas, de discriminación al hacer de Verified un servicio de pago: ¿está Musk transformando Twitter en una comunidad de «usuarios de primera y de segunda categoría» al dejar sin emblema de verificación a aquellas personas que no pueden pagarlo?
Teniendo en cuenta que desde la puesta en marcha de Verified en noviembre de 2022 hasta enero de este año apenas el 0,02% de los usuarios estadounidenses de Twitter (que representan el 62% del total de sus cuentas activas en el mundo) se han abonado a él, ¿merece la pena verificarse? Consideremos los argumentos a favor y en contra de verificar nuestra identidad en redes sociales.
Discriminación de perfiles en redes sociales
Con independencia del modelo de negocio de Twitter, al fin y al cabo, se trata de una empresa que no es la única en cobrar por servicios de verificación de cuentas (Facebook e Instagram están desplegando servicios similares), la crítica de que esta red social fomenta el desarrollo de una comunidad de «usuarios de primera y de segunda categoría» llevaba tiempo siendo objeto de debate desde antes de que Musk la adquiriera; cuestión que él mismo reconoció y empleó como argumento para explicar las nuevas condiciones de Verified. Hasta entonces, las personalidades y organizaciones con demostrada notoriedad automáticamente eran agraciadas con el codiciado emblema azul que certificaba la autenticidad de sus perfiles. Una certificación automática cuya razón de ser era la de prevenir la creación de cuentas falsas de figuras públicas, marcas y organismos oficiales.
No obstante, la posesión de dicho emblema no sólo de facto creaba un grupo de usuarios distintos al resto, sino que además estas cuentas verificadas se beneficiaban de una tasa de interacción un 30% superior a la media. Es decir, el emblema altruistamente obsequiado confería «credibilidad» y «autoridad» a ciertas cuentas sobre otras por el hecho de ser propiedad de personas y organizaciones «famosas», «influyentes» u «oficiales». Hablamos también de cómputos de algoritmos similares a los que emplean los motores de búsqueda en Internet a la hora de brindar mayor visibilidad en sus resultados a unos contenidos que a otros. Por ejemplo, sin valorar cuestiones como la calidad o la veracidad de la información, Google no da el mismo tratamiento a un «post» publicado en un blog desconocido que a una pieza publicada en un medio de comunicación acreditado sobre el mismo tema. A esto hay que añadir otra métrica que los algoritmos de las redes sociales toman en cuenta a la hora de prestar mayor relevancia a ciertos perfiles por encima de otros: el número de seguidores. En definitiva, es posible argüir que todo lo anterior contribuye a la discriminación y a la cosificación de los perfiles en las redes sociales.
Por otro lado, el algoritmo de Twitter también destacaba a ciertos perfiles no verificados de otros si éstos eran seguidos por cuentas que ostentaran la marca azul (como también hace Google al indexar mejor a un sitio web si la dirección de éste es citada por otros de mayor popularidad). Es decir, si una cuenta verificada seguía a una no verificada, fuera la primera propiedad de una reconocida científica o de un político corrupto, el valor de la segunda adquiría mayor estatus entre sus pares. Más perverso aún, las cuentas pertenecientes a personalidades conocidas como Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, nunca fueron favorecidas con la marca de verificación. De tal modo que ser «famoso» no era realmente el requisito indispensable para ser reconocido como genuino propietario de una cuenta en Twitter, pues había un evidente sesgo ideológico a la hora de verificar cuentas; incluso las de personas de relevancia internacional indiscutible, por mucho que éstas además solicitaran formalmente la verificación de sus cuentas a Twitter, como fue el caso de Assange.
Según Musk, el objetivo que persigue el nuevo servicio de Verified es transformarlo en uno que acabe con todo lo anterior y que, en lugar de premiar la popularidad de ciertos usuarios, que la verificación cumpla con el objetivo estricto y neutral que el propio término supone: confirmar que la cuenta que ha publicado tal o cual contenido es propiedad de una persona u organización real e identificada, y que el emblema que así lo indica no infiera que ésta tenga más importancia o autoridad que las demás.
La semana pasada Musk confirmó que el próximo 20 de abril las cuentas que hasta ahora han disfrutado de la insignia que las destacaba como verificadas por el mero hecho de pertenecer a personas u organizaciones conocidas las perderán –salvo que se sumen al nuevo sistema de Verified. Y esto también ha causado polémica, pues varias personalidades han optado por dejar Twitter, como la actriz Whoopi Goldberg y el cantante Elton John, o por negarse a pagar la cuota mensual de Verified, como ha sido el caso de la estrella del baloncesto LeBron James y del prestigioso diario estadounidense The New York Times, que ya ha perdido dicha insignia.
Para algunos, la solución más sencilla para evitar la discriminación de usuarios en redes sociales es que, o bien todas las cuentas sean verificadas o bien que ninguna lo sea. Para otros, éste es un argumento falaz, pues en nuestras vidas «offline» siempre ha habido, hay y habrá jerarquías por cuestiones de prominencia social, ¿o es que acaso las «celebridades» no reciben un trato distinto en lugares públicos?
Con respecto a si los servicios de verificación en redes sociales deben de ser de pago o gratuitos, ahí entramos en cuestiones de estrategia y viabilidad empresarial en los que no se pueden obviar los costes relativos a los procesos necesarios para llevar a cabo una verificación de identidad efectiva, proteger los datos de los usuarios, etcétera. Y aunque puede que sea cierto, como algunos aducen, que Musk también busca mejorar los resultados de Twitter cobrando por verificar los perfiles de sus usuarios, seguimos hablando de una empresa que ofrece un servicio fundamentalmente gratuito, pero cuyo objetivo primordial es generar beneficios para sus accionistas ofreciendo los productos de pago que para ello considere oportunos. Por su parte, los usuarios no están obligados a verificarse y son libres de elegir otra red social en la que interactuar si este modelo no les complace.
En cuanto a la controversia sobre si es ético tener que pagar por disfrutar de un entorno seguro en una autopista digital en constante evolución, lo cierto es que, de manera similar, todos los automóviles en los que nos transportamos incorporan diversos dispositivos de seguridad obligatorios, como los airbags o los cinturones, y éstos tienen un coste que va incluido en el precio de compra. Como también pagamos impuestos por el mantenimiento y mejora de muestras vías de circulación, y contratamos seguros de responsabilidad en caso de que nuestro uso de un vehículo cause daño a terceros.
Credibilidad, transparencia y responsabilidad
Quienes abogan por la verificación de cuentas en las redes sociales sostienen que ésta es la mejor manera de conferir credibilidad, transparencia y responsabilidad a las plataformas que se han convertido en las mayores fuentes de información, debate e intercambio de ideas en Internet. Dicho de otra manera, la verificación de cuentas es percibida como una fórmula eficaz para combatir abusos como la difamación, la propagación de bulos, la desinformación, la suplantación de identidad, así como otra medida para dificultar la creación de cuentas falsas y la infiltración de maliciosos «bots» en las redes sociales. En definitiva, para muchos, la verificación de cuentas en redes sociales es otro paso para hacer más responsables a sus propietarios y luchar contra la impunidad que el anonimato facilita en nuestro cada vez más omnipresente entorno digital.
Un ejemplo desgarrador de lo que los usuarios sin verificar de distintas plataformas en Internet pueden llegar a perpetrar se ilustra en el documental «Hasta el fondo: La historia de Pornhub» que Netflix estrenó el pasado 15 de marzo. Este documental expone cómo gente anónima era capaz de subir vídeos de manera indiscriminada que escapaban los límites de la legalidad en lo relativo a la producción y difusión de material audiovisual para adultos, y cómo el mayor portal de su industria sacaba beneficio económico de ello. Y es que, además de contenidos directamente delictivos que mostraban violaciones y abusos a menores, también era posible subir vídeos de terceros a Pornhub sin su consentimiento, lo que arruinaba sus vidas.
En 2020, el periodista estadounidense y premio Pulitzer Nicholas Kristof escribió «Los niños de Pornhub», un estremecedor artículo cuyo impacto en la opinión pública terminó obligando a Pornhub a eliminar más de diez millones de vídeos y a requerir a sus usuarios la acreditación legal de su identidad y mayoría de edad para poder subir contenidos a sus servidores. A pesar de estas importantes y necesarias medidas, todavía queda mucho por hacer, dado que Pornhub, receptor de más de 3.500 millones de visitas al mes, puede ser accedido gratuitamente por cualquiera, mayor o menor de edad, sin control alguno. El mero acceso a ciertas plataformas, reclaman algunos, también debería de requerir controles de verificación de sus usuarios.
Personalmente, hace un año fui víctima del acoso de una persona que creó una cuenta falsa en una red social para suplantar mi identidad y calumniarme. Para quienes publicamos contenidos bajo nuestra identidad real, este tipo de abusos puede ser más que grave. Por no hablar del impacto que ello puede tener en nuestras familias, amistades y vida profesional. Además, el proceso para resolver estos casos suele ser largo, angustioso y frustrante. Incluso tras lograr eliminar las cuentas y contenidos falsos o difamatorios, normalmente al infractor le sale gratis el daño causado, pues es precisamente el anonimato lo que impide localizarlo para llevarlo ante los tribunales y obtener algún tipo de reparación.
Reportaje de la cadena de televisión alemana DW que explica el peligroso uso que se le puede dar a la tecnología «deepfake».
Si además tomamos en consideración los imparables avances en inteligencia artificial que hoy permiten producir contenidos audiovisuales cada vez más realistas para suplantar la identidad de otros [ver el reportaje especial «Noticias falsas y desinformación: Las claves de un fenómeno social que debemos combatir»], el asunto se complica todavía más.
Libertad de expresión y protección de datos
La verificación de cuentas en redes sociales puede limitar la libertad de expresión. Este es un argumento a tener en cuenta dado que algunos usuarios pueden sentirse desincentivados a la hora de expresar sus puntos de vista sobre determinados temas, ya que sus cuentas podrían no ser verificadas a causa de sus opiniones o que la verificación, si ya disponen de ella, les sea retirada según lo que cada plataforma arbitrariamente considere «uso indebido» de sus tecnologías. Incluso la verificación de cuentas puede dar pie a la autocensura cuando alguien sienta temor a causa de posibles represalias por hacer comentarios o sacar a la luz información sobre su centro de trabajo, entorno político, etcétera.
¿Pero son las redes sociales el canal para airear este tipo de contenidos y denuncias? En algunos países sin duda lo son, especialmente en aquellos donde la libertad de expresión es inexistente y la ausencia de un poder judicial efectivo y garante de los derechos humanos impiden exponer cualquier tipo de injusticias.
La protección de datos es otro asunto clave en este debate, pues nos encontramos ante dos problemas: por un lado, al verificar nuestra identidad estamos proporcionando información personal a una empresa que puede utilizarla para fines no deseados e incluso comerciar con ella, y, por otro, precisamente debido a los vertiginosos avances tecnológicos que se están produciendo en Internet, la posibilidad de que estas empresas sufran ataques informáticos que terminen en el robo de sus bases de datos por parte de delincuentes es un riesgo serio que obliga a una permanente vigilancia y actualización de medidas de seguridad. En cualquier caso, se trata de un problema al que hasta los gobiernos más poderosos y avanzados tecnológicamente están expuestos. Por lo tanto, todo lo anterior no sólo afecta a las redes sociales: nuestra exposición a estos riesgos no es distinta a cuando gestionamos nuestras cuentas bancarias, contratamos un viaje o adquirimos un artículo o servicio «online». En el caso de Twitter, su sistema de verificación de cuentas todavía dista de ser infalible, pues varios «impostores», comediantes con cuentas verificadas, han logrado burlar dicho sistema de verificación para crear cuentas falsas, incluidas parodias del propio Musk.
Encontrar el mejor equilibrio a todo esto no es fácil, pues son diversos y complejos los intereses a reconciliar. Por ejemplo, me gustaría, estimado lector, conocer su opinión al respecto en la sección de comentarios que sigue a este artículo. Pero participar en dicha sección de comentarios requiere, como en muchos otros medios de comunicación, que usted esté suscrito a este periódico. ¿Es esto justo? ¿Se coarta su libertad de expresión? ¿Es legítimo que un medio de comunicación le invite a pagar –y al hacerlo a que verifique su identidad– con el fin de financiarse ofreciéndole mayores ventajas tras leer esta pieza de manera gratuita? ¿Merece la pena?
El debate sobre cómo controlar de manera efectiva y sensible quién difunde qué información en la Red no se puede demorar ni mucho menos desestimar. Es un debate que merece la pena.