La metástasis de la corrupción

Volveré sobre esta diferencia de funciones de jueces y periodistas diciendo que lo de menos es que un cargo público coja lo que no debe para enriquecerse. Eso es un simple delito que ya castigarán los jueces.

El problema no es, pues, el delito aislado sino que, en el caso canario, se ha producido una acumulación de indicios, con apertura de investigaciones y de causas criminales, que apabullan al ciudadanaje. Lo que tiene la consecuencia negativa de una pérdida de confianza general en el sistema democrático que afecta no sólo a la moral y a la autoestima de la sociedad, sino también, por ejemplo, a los inversores, que prefieran no correr riesgos (con lo que eso supone para el empleo); a los empresarios sin “contactos”; a los funcionarios temerosos de mover un papel por si las moscas en perjuicio de ciudadanos a los que se les retrasan sus asuntos; funcionarios que, con frecuencia, procuran encontrar trabajos menos comprometidos con la degradación consiguiente de la función pública; a los políticos honestos desmotivados que son puestos en entredicho y se indignan ante la frescura de los imputados que se presentan a reelección con toda la cara, etcétera.

No es raro que gente válida se aleje de la política y que los cargos públicos tiendan a convertirse en refugio de quienes no saben ganarse la vida sino ofreciendo fidelidad a un Jefe que, llegado el caso, no duda en utilizarlos de chivos expiatorio; o exculpatorios, que haberlos, háylos.

La corrupción es un cáncer con metástasis que los jueces no pueden curar porque sólo entienden del caso concreto que les ponen delante y ni un paso más allá. Ni más arriba. Corresponde a los políticos decentes, a la ciudadanía y por supuesto a los medios informativos dar la batalla a un mal necesitado de cirugía agresiva que está fuera del alcance de la actual estructura de la Justicia. Ésta no repara el daño, sólo castiga a sus causantes y no siempre.

Volveré sobre esta diferencia de funciones de jueces y periodistas diciendo que lo de menos es que un cargo público coja lo que no debe para enriquecerse. Eso es un simple delito que ya castigarán los jueces.

El problema no es, pues, el delito aislado sino que, en el caso canario, se ha producido una acumulación de indicios, con apertura de investigaciones y de causas criminales, que apabullan al ciudadanaje. Lo que tiene la consecuencia negativa de una pérdida de confianza general en el sistema democrático que afecta no sólo a la moral y a la autoestima de la sociedad, sino también, por ejemplo, a los inversores, que prefieran no correr riesgos (con lo que eso supone para el empleo); a los empresarios sin “contactos”; a los funcionarios temerosos de mover un papel por si las moscas en perjuicio de ciudadanos a los que se les retrasan sus asuntos; funcionarios que, con frecuencia, procuran encontrar trabajos menos comprometidos con la degradación consiguiente de la función pública; a los políticos honestos desmotivados que son puestos en entredicho y se indignan ante la frescura de los imputados que se presentan a reelección con toda la cara, etcétera.