Más de 20.000 personas han llegado en barquillas y cayucos a Canarias en lo que va de este año 2023. Al conjunto del Estado español arribaron unas 27.000, lo que da una idea de la dimensión de la ruta canaria que acapara el 74% del total. Desconocemos con precisión el número de los que se quedaron en el camino, pero sin duda se trata de centenares de hombres y mujeres, también de menores. Los cálculos de algunas organizaciones humanitarias señalan que entre 2018 y finales de 2022 más de 7.000 murieron en el intento de alcanzar nuestras costas. Vidas humanas engullidas por el mar en su arriesgado viaje desde el continente africano en busca de un futuro mejor. El que no encuentran en sus tierras por motivos económicos, por la persistencia de conflictos bélicos o de ignominiosas dictaduras. Agravado por la Crisis Climática.
Su objetivo final no es Canarias sino tratar de llegar al continente europeo en el que esperan ver cumplidos sus sueños. Canarias es solo el lugar de paso de esa ruta migratoria. Una ruta que parece que no solo no va a cesar, sino que se incrementará en las próximas décadas por las negativas condiciones de existencia de un continente que tiene un enorme crecimiento demográfico (1.300 millones de habitantes en la actualidad y se estima que serán 2.500 millones en 2050) y con el 70% de la población por debajo de los 30 años. Aumento exponencial de la población en un marco de paralelo fracaso en la mejora de las condiciones de vida.
Por ello, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) siempre hemos reclamado al Estado que Canarias disponga de una red de salvamento marítimo, y de acogida humanitaria amplia, dinámica y disponible para poder afrontar posibles repuntes migratorios, adaptada a las necesidades también dinámicas de una ruta migratoria compuesta cada vez por más mujeres y niños. Y, al tiempo, facilitar su traslado al continente europeo.
Consideramos, asimismo, que los organismos internacionales deben contribuir a un justo desarrollo de los estados africanos y a que la inmensa riqueza que atesoran revierta en el bienestar de las comunidades locales y no sea extraída para el exclusivo enriquecimiento de empresas multinacionales y de algunas minoritarias, violentas y corruptas elites locales. Es tan brutal como vergonzoso el contraste entre la riqueza en petróleo o diversos minerales de muchos países y la extrema pobreza que padece la mayoría de su población.
Vías migratorias seguras
Además, en NC-bc planteamos la necesidad de que se establezcan vías migratorias regularizadas y seguras que permitan la incorporación a países europeos (muchos de ellos con una importante demanda de mano de obra en distintos sectores económicos, imposible de cubrir con la población local) de hombres y mujeres inmigrantes, sin tener que jugarse sus vidas ni arriesgarse a ser devueltos tras el enorme padecimiento vivido para intentar llegar a la Unión Europea.
François Soudan, editor del semanario francés Jeune Afrique, señala al respecto que “la única salida potencial para Europa, donde los jubilados superarán en número a los trabajadores y las muertes superarán a los nacimientos, es depender de un flujo constante de inmigración, con la mayoría de los recién llegados provenientes de África”. Y añade que “la realidad es que, en pura lógica capitalista, los gobiernos europeos deberían alentar la inmigración” en lugar de poner obstáculos a la misma.
En ese sentido, nos preocupa mucho el contenido del documento provisional que ha salido de la reciente cumbre europea de Granada sobre el pacto de asilo y migraciones. Además de trasladar las responsabilidades de su gestión a los estados limítrofes (Túnez, Marruecos, Turquía o Mauritania) a cambio de dinero, sin establecer condiciones para respetar los derechos humanos y democráticos, endurece las condiciones para obtener el asilo y acepta que los socios europeos elijan entre acoger el cupo que les corresponde o pagar 20.000 euros por solicitud rechazada. Y no da respuesta a los problemas de las comunidades fronterizas, como Canarias.
Considero que se sigue sin abordar con valentía y visión de futuro los fenómenos migratorios, que no son coyunturales y que precisan de un tratamiento bien distinto que beneficie a todas las partes. Entiendo, asimismo, que en absoluto responde a las necesidades de Canarias como frontera sur del Estado español y de la Unión Europea en esta zona del mundo.
Canarias tiene en las migraciones por razones económicas mucha experiencia, con salidas masivas de su población en distintas etapas de su historia. Especialmente hacia América Latina -Argentina, Venezuela, Cuba o Uruguay-, tras profundas crisis que sumieron a las Islas en condiciones de extrema pobreza. Las últimas a mitad del siglo XX, tras la guerra civil y la postguerra.
Nuestra Comunidad está viviendo un significativo repunte migratoria en los últimos meses, pero en este caso como receptora, no como emisora. No es la primera ni será la última, salvo que cambiemos de ubicación en el Planeta o que, mágicamente también, se modifiquen de forma radical las condiciones de vida en los países emisores. Además, a los factores tradicionales -pobreza, violaciones de los derechos humanos, guerras, falta de libertades…- se les empieza a sumar los efectos de la Crisis Climática, que dará, cada vez más, impulso a desplazamientos masivos de personas que huyen de desastres naturales (sequías, inundaciones, subida del nivel del mar, temperaturas extremas…) y sus consecuencias en la pérdida de cosechas y en las condiciones para desarrollar la vida. No se trata, por tanto, de algo puntual, sino de un fenómeno que nos acompañará y se agravará en las próximas décadas.
Menores
La actual crisis migratoria evidencia que ha llegado el momento de que la sociedad canaria, de forma unitaria, se rebele y se plante para lograr, en las Cortes Generales, una modificación legal que obligue al resto de las comunidades autónomas a acoger a un cupo de menores migrantes no acompañados tutelados en las islas, como se logró en su momento con la derivación de los adultos. Un reparto, en función del peso demográfico y económico de cada comunidad autónoma, con el objetivo de habilitar un sistema reglado, seguro y garantista para que la atención de los menores sea compartida en todo el Estado. Y, mientras tanto, llevar cabo una correspondiente distribución entre nuestras islas para equilibrar la responsabilidad de la atención entre todos los dispositivos de emergencia y los recursos de acogida que garantizan una atención humanitaria.
La aprobación, el pasado miércoles en la conferencia sectorial, del traslado a otras comunidades de unos 347 menores llegados a Canarias es una salida positiva parcial y puntual que dilata la solución de fondo a una realidad que requiere respuestas estructurales y permanentes porque los flujos migratorios, con mayor o menor intensidad, se mantendrán en el tiempo dada la difícil situación del continente africano. Ya hemos experimentado esta formulación y fracasó.
Por eso, desde Nueva Canarias proponemos una iniciativa dirigida a las organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones públicas para exigir una distribución obligatoria tras el fracaso de la acogida voluntaria y para garantizar un trato humanitario, justo y equitativo a los aproximadamente 3.000 menores que hay en las islas, con el objetivo de garantizar su mejor integración. Una cifra que se puede incrementar en el futuro.
Además, exigimos al Gobierno español que dimensione de forma adecuada los efectivos y medios de Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo de la Guardia Civil y al conjunto de los sistemas de acogida. Para que se respeten los derechos humanos y las derivaciones al resto del Estado español, y su conexión con el continente europeo, sean ágiles. Reconocemos que de las 20.000 personas llegadas a las Islas este año, unas 18.000 han sido derivadas en un tiempo medio de cuarenta días al territorio continental español.
Estaremos siempre del lado de las instituciones públicas canarias y de las organizaciones no gubernamentales para acumular fuerzas en la ardua tarea de defender un trato humanitario y justo a las migraciones humanas, combatiendo cualquier brote de racismo o xenofobia. Consideramos que el Estado español y la Unión Europea deben ofrecer respuestas desde el respeto a los derechos humanos, la apuesta por la cooperación al desarrollo y el firme compromiso por la construcción de un mundo con mayores niveles de equidad, así como el establecimiento de vías migratorias regularizadas y seguras. Y, mientras tanto, salvar vidas, dar acogida digna y proceder a la derivación.