Modernizar la Ley de Dependencia para adaptarla a los nuevos tiempos

No es exagerado afirmar que la promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes en 2006, de la mano del presidente Rodríguez Zapatero, supuso una revolución en el ámbito sociosanitario. La atención de un colectivo singularmente vulnerable, compuesto tanto por los propios dependientes como por sus cuidadoras, pasó a ser un asunto de gestión pública, un derecho, sujeto a obligaciones por parte de las Administraciones, lejos del voluntarismo caritativo anterior.

Han pasado casi veinte años desde ese momento. Durante este tiempo, la Ley de Dependencia ha sufrido vaivenes en su aplicación que han impactado de forma significativa en quienes más la necesitan. No se nos olvidan (no se nos pueden olvidar) los drásticos recortes de la etapa de gobierno del PP, con un Mariano Rajoy aplicando sin miramientos la tijera en aspectos tan sensibles como la cotización de las cuidadoras (por qué va la Seguridad Social a recompensar que dediques tu vida a cuidar de un dependiente, si cuidar gratis es el sino inevitable de las mujeres y su mejor vocación, parecían decirnos con ese recorte), o la financiación de las Comunidades Autónomas para este fin.

De nuevo tuvimos que esperar a que hubiera un presidente socialista, Pedro Sánchez, para volver a tener un Gobierno que mirase la Dependencia como el derecho que es, no como una carga presupuestaria, y le devolviese todo lo perdido con los gobiernos del PP. Baste como ejemplo sólo recordar que el presupuesto nacional dedicado a esta área ha pasado de los 1.400 millones de euros de 2020 a los 3.200 millones en 2023.

Tras dos décadas en vigor, la Ley de Dependencia necesita una reforma para adaptarse a las nuevas necesidades y corregir situaciones que piden una respuesta. Es indispensable compatibilizar las diferentes prestaciones: las económicas y las de servicios, de forma que puedan combinarse. Existen usuarios que necesitan acudir a un centro de día o un centro ocupacional pero que, al mismo tiempo, también precisan de cuidados en el entorno familiar o cuentan con cuidadoras que tienen derecho a cotizar porque ejercen sin horarios ni convenios que las amparen.

Es momento de ampliar y mejorar la Ley para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, dando prioridad a la atención domiciliaria y la teleasistencia frente a la residencialización, proveyendo soluciones personalizadas al usuario o usuaria, revisando también las condiciones salariales de los profesionales del sector de los cuidados.

Y si el momento es ahora, y así lo he defendido en el Senado, es porque con un gobierno del PP (o del PP con sus mejores amigos de ultraderecha, ese partido de tres letras), la Ley de Dependencia no podría avanzar, sólo retroceder. El momento es ahora porque con el PSOE en el Gobierno los derechos sociales crecen y se consolidan, como hemos demostrado siempre que la ciudadanía nos ha otorgado su confianza.

No es exagerado afirmar que la promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes en 2006, de la mano del presidente Rodríguez Zapatero, supuso una revolución en el ámbito sociosanitario. La atención de un colectivo singularmente vulnerable, compuesto tanto por los propios dependientes como por sus cuidadoras, pasó a ser un asunto de gestión pública, un derecho, sujeto a obligaciones por parte de las Administraciones, lejos del voluntarismo caritativo anterior.

Han pasado casi veinte años desde ese momento. Durante este tiempo, la Ley de Dependencia ha sufrido vaivenes en su aplicación que han impactado de forma significativa en quienes más la necesitan. No se nos olvidan (no se nos pueden olvidar) los drásticos recortes de la etapa de gobierno del PP, con un Mariano Rajoy aplicando sin miramientos la tijera en aspectos tan sensibles como la cotización de las cuidadoras (por qué va la Seguridad Social a recompensar que dediques tu vida a cuidar de un dependiente, si cuidar gratis es el sino inevitable de las mujeres y su mejor vocación, parecían decirnos con ese recorte), o la financiación de las Comunidades Autónomas para este fin.