Espacio de opinión de Canarias Ahora
Moya, Vielba y la reforma del Consejo General del Poder Judicial
El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso y al Senado su propuesta para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
La clave, según Guilarte, está en que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas sean elegidos no por el CGPJ, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales.
En el caso de los del Supremo, serían elegidos por un tribunal, dependiente del CGPJ, integrado por magistrados de la sala a la que aspire el candidato, vocales del Consejo y profesionales cualificados de la especialidad de la que se trate.
La justificación de Guilarte es que así se objetivarían esas designaciones y se disiparía la eventual contaminación política.
Me sorprende mucho lo de la “contaminación política”, ya que el papel del Parlamento, por definición, consiste en contaminar políticamente las leyes que promulga, precisamente por eso quienes hacen las leyes se eligen mediante procedimientos electorales y no por oposiciones.
De los tres poderes del Estado el único que goza de legitimación democrática directa es el legislativo y tiene todo el derecho para “contaminar” al ejecutivo, ya que al igual que lo nombra puede destituirlo, y para regular y ordenar las actuaciones del poder judicial y precisamente por eso nuestra Constitución reserva a las dos cámaras que integran nuestro Parlamento el nombramiento de los vocales del CGPJ.
Sí es cierto que, tal y como sostiene Guilarte, este sistema ha provocado en varias ocasiones el bloqueo de la renovación del CGPJ. Lo que no dice Guilarte es que siempre que se ha bloqueado ha sido por la negativa del Partido Popular a renovarlo y que siempre que se ha renovado es porque el Partido Socialista, incluso disponiendo de una mayor representación parlamentaria, ha aceptado las imposiciones del Partido Popular.
El bloqueo de la renovación del CGPJ se ha producido no por la existencia de una norma inadecuada, todo lo contrario, ya que se trata de una norma respetuosa con las minorías que exige un consenso amplio, sino por el filibusterismo del Partido Popular.
En conclusión, lo que propone Guilarte consiste simple y llanamente en despojar al Parlamento de una de sus atribuciones de un alto valor democrático, porque el Partido Popular no respeta las reglas. No es ese el camino.
Por otra parte, nada nos dice Guilarte de cómo controlar a sus señorías y, sobre todo, a la posibilidad de que sus señorías contaminen y mucho los procedimientos de elección.
Al fin y al cabo, a quienes integran el Parlamento los renovamos cada cuatro años. A los togados tan solo los quita de en medio la jubilación, porque ya podemos esperar por las acciones disciplinarias del CGPJ.
No exagero, y basta para comprobarlo con dar un vistazo a la historia reciente en Canarias, para recordar las tropelías del exjuez corrupto Salvador Alba y la parsimonia con la que actuó el CGPJ hasta poner fin a su carrera.
Por cierto, algunas de esas tropelías eran perfectamente conocidas por sus dos compañeros de Sala, Moya y Vielba, como acreditan algunas grabaciones.
La conclusión es sencilla, por más que no le agrade a Guilarte, tanto el Congreso como el Senado tienen toda la legitimidad democrática para “contaminar” la elección de los miembros del CGPJ y que estos, a su vez, elijan a todo tipo de presidentes de salas, audiencias y tribunales, ejerciendo así un cierto grado de control sobre la actividad jurisdiccional.
Lo otro, la solución propuesta por Guilarte, reforzaría el corporativismo de una auténtica casta que se ha ido acostumbrando a confundir la independencia del poder judicial con la impunidad propia.
Por si queda alguna duda, entiendo que tiene mucha más legitimidad para el ejercicio del nombramiento de los presidentes de salas, audiencias y tribunales el último diputado de VOX, que toda la judicatura en su conjunto y mucho más cuando han venido permitiendo que prosperen en su seno personajes como Alba, aunque para ser justos acompañándole en su condena no están todos los que son.
El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso y al Senado su propuesta para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
La clave, según Guilarte, está en que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas sean elegidos no por el CGPJ, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales.