La muerte de Carlos Fuentealba

El Gobierno imaginaba los acontecimientos y las protestas de los docentes a corto plazo. Lo cuenta J. Marirrodriga. “En Argentina, el umbral de la pobreza oficial es de unos 230 euros al mes, mientras el salario de un profesor de enseñanza pública apenas alcanza los 210 euros”. Empezaba el curso en marzo, de tal modo que el ministro de Educación, Daniel Filmus, ordenó en febrero un aumento a 260 euros. Pero, cosas que pasan, apenas Buenos Aires dijo que estaba en condiciones de pagar este incremento. La mayoría de las provincias sufrían deudas hasta el cuello, sin capacidad aparente para financiar el decreto ministerial. El año escolar empezó con una huelga indefinida de docentes en la provincia de Buenos Aires, a la que se fueron sumando las demás. La muerte de Fuentealba mereció el repudio del país y el apoyo a las exigencias de los docentes. Y así fue. Las centrales sindicales CGT (oficialista) y CTA (independiente) convocaron a un paro (huelga) nacional del sector. Los centros de enseñanza cerraron durante 24 horas. Otros servicios públicos como el transporte y la sanidad, así como organizaciones sociales y partidos de izquierda sumaron su solidaridad. Más de 180 actos tuvieron lugar en Argentina bajo el lema “basta de represión contra la demanda social, no a la impunidad”. En el centro geográfico de la protesta, Neuquén, la manifestación de repudio es en estos momentos (mediodía del lunes allí) masiva, según el diario Clarín. Los dirigentes sindicales acaban de declarar que mantendrán una acampada frente a Gobernación “hasta lograr la reivindicación salarial y conseguir la renuncia de los responsables provinciales de Educación y Justicia”, así como la salida del gobernador Jorge Sobisch”…A pesar de las dimensiones de la movilización, así como su posible impacto en otros sectores con reivindicaciones salariales pendientes, el presidente Ernesto Kirchner guardó silencio hasta ahora. Su Gobierno apunta a las autoridades de Neuquén como culpables de la muerte de Carlos Fuentealba. Pero, en realidad, Neuquén fue el punto más alto de una escalada represiva iniciada hace semanas en 14 provincias argentinas. El mismo Kirchner, refiriéndose a los docentes de Santa Cruz, declaró que “a mi no me van a extorsionar”. Considerar una huelga por salarios decentes “una extorsión” no define a los trabajadores sino al presidente. El Gobierno nacional debe asumir las reivindicaciones justas tanto como la responsabilidad por el asesinato de Fuentealba. De lo contrario, la apariencia de la crisis, por ahora relativa, puede convertirse en un polvorín social imparable capaz de recoger aquella consigna no tan lejana de “que se vayan todos”. A veces, una crisis de Gobierno comienza por fracturas sociales. A veces. Rafael Morales

El Gobierno imaginaba los acontecimientos y las protestas de los docentes a corto plazo. Lo cuenta J. Marirrodriga. “En Argentina, el umbral de la pobreza oficial es de unos 230 euros al mes, mientras el salario de un profesor de enseñanza pública apenas alcanza los 210 euros”. Empezaba el curso en marzo, de tal modo que el ministro de Educación, Daniel Filmus, ordenó en febrero un aumento a 260 euros. Pero, cosas que pasan, apenas Buenos Aires dijo que estaba en condiciones de pagar este incremento. La mayoría de las provincias sufrían deudas hasta el cuello, sin capacidad aparente para financiar el decreto ministerial. El año escolar empezó con una huelga indefinida de docentes en la provincia de Buenos Aires, a la que se fueron sumando las demás. La muerte de Fuentealba mereció el repudio del país y el apoyo a las exigencias de los docentes. Y así fue. Las centrales sindicales CGT (oficialista) y CTA (independiente) convocaron a un paro (huelga) nacional del sector. Los centros de enseñanza cerraron durante 24 horas. Otros servicios públicos como el transporte y la sanidad, así como organizaciones sociales y partidos de izquierda sumaron su solidaridad. Más de 180 actos tuvieron lugar en Argentina bajo el lema “basta de represión contra la demanda social, no a la impunidad”. En el centro geográfico de la protesta, Neuquén, la manifestación de repudio es en estos momentos (mediodía del lunes allí) masiva, según el diario Clarín. Los dirigentes sindicales acaban de declarar que mantendrán una acampada frente a Gobernación “hasta lograr la reivindicación salarial y conseguir la renuncia de los responsables provinciales de Educación y Justicia”, así como la salida del gobernador Jorge Sobisch”…A pesar de las dimensiones de la movilización, así como su posible impacto en otros sectores con reivindicaciones salariales pendientes, el presidente Ernesto Kirchner guardó silencio hasta ahora. Su Gobierno apunta a las autoridades de Neuquén como culpables de la muerte de Carlos Fuentealba. Pero, en realidad, Neuquén fue el punto más alto de una escalada represiva iniciada hace semanas en 14 provincias argentinas. El mismo Kirchner, refiriéndose a los docentes de Santa Cruz, declaró que “a mi no me van a extorsionar”. Considerar una huelga por salarios decentes “una extorsión” no define a los trabajadores sino al presidente. El Gobierno nacional debe asumir las reivindicaciones justas tanto como la responsabilidad por el asesinato de Fuentealba. De lo contrario, la apariencia de la crisis, por ahora relativa, puede convertirse en un polvorín social imparable capaz de recoger aquella consigna no tan lejana de “que se vayan todos”. A veces, una crisis de Gobierno comienza por fracturas sociales. A veces. Rafael Morales