Mujer y tecnología … y administración pública

 El 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña. Uno de los objetivos de esta celebración anual es promover el empoderamiento de las mujeres en todo ámbito de actividad y la erradicación de todos tipo de discriminación por razón de género. El sector tecnológico es uno de los dominios dónde más cabe actuar para hacer realidad esta meta. Hace unos meses, el Servicio de Estudios de UGT publicaba la tercera edición del estudio Mujer y Tecnología, que reflejaba “la fuerte discriminación que sufren las mujeres en los ecosistemas tecnológicos”. Entre los datos que proporciona sobre el estado de la representación femenina en la transformación digital de España, se indica que tan solo son mujeres el 19,4% del personal especialista en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El Día Internacional de la Niña se ha celebrado en circunstancias muy especiales para el sector tecnológico en esta ocasión. El Boletín Oficial del Estado del día 5 de octubre de 2022, recogía el cese de Roberto Sánchez Sanchez como titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) y su sustitución en el puesto por María González Veracruz. Los medios informaron del relevo sin más, sin destacar el hecho relevante que, por primera vez en este país, la máxima responsabilidad sobre la política tecnológica en España recaiga sobre tres mujeres: Junto con María González, su superior jerárquico y Ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, y su colateral y Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Carme Artigas. Cabría añadir que también son mujeres las personas que dirigen sus respectivos Gabinetes.

El balance de género en el sector digital contrasta de un modo superlativo con la composición que, afortunadamente, tiene hoy la cúpula política tecnológica en España. El hito alcanzado promoverá con referentes las vocaciones de las mujeres en nuestro país para participar en la digitalización, pero es además el momento de impulsar otras actuaciones públicas. Lo obvio, es reclamar desde la administración foros paritarios, que sin duda visibilizan el talento femenino TIC existente, pero hay que ir más allá, asentando medidas estructurales que consoliden y expandan la representación femenina en el sector. 

A mi juicio, un lugar por el que comenzar la promoción de la igualdad de género en el sector TIC son los puestos de carácter tecnológico dentro de la propia Administración. El primer paso es hacer un diagnóstico de situación en el sector público que permita la toma de decisiones adecuada. Quien haya revisado la publicación del servicio de estudios de UGT habrá detectado una carencia de información a este respecto. La realidad es que esos datos no existen, al menos con carácter público. En los informes elaborados periódicamente por la SEDIA sobre Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado, La Administración Electrónica en las Comunidades Autónomas y Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Locales, figuran datos acerca del personal de los especialistas TIC que trabajan para el sector público, pero no su distribución de género. La recopilación y publicación de esta información es quizás la actividad más perentoria y previa para atajar la desigualdad de oportunidades para las mujeres tecnólogas en la administración.

También la administración puede ser ejemplo de fórmulas para combatir la brecha digital de género en el ámbito del uso. Las aplicaciones digitales de la administración son la puerta de acceso a múltiples servicios, ayudas y subvenciones. La brecha de género en el uso de la administración digital (70,5% vs 66,95 a nivel estatal), parece reducida, pero la realidad es que ha ido aumentando en los dos últimos años (en 2019, la brecha se estimaba solo en 0,7%). La introducción obligada de un análisis de perspectiva de género en el desarrollo de las aplicaciones y servicios digitales de la administración debería estar en la agenda de la cúpula de las políticas digitales de nuestro país. Un análisis de perspectiva de género que va a ser aún más necesario en los próximos años con la introducción masiva de la Inteligencia Artificial, evitando la presencia de sesgos de género en datos y algoritmos.

La administración pública puede igualmente influir de modo transversal en equilibrar la presencia de la mujer en el sector TIC mediante la palanca de la compra pública tecnológica, estimada en más de 5.000 millones de euros anuales. La Ley de Contratos del Sector Público habilita a la introducción de criterios de adjudicación de proyectos que fomenten la contratación femenina y la igualdad entre hombres y mujeres siempre que estén vinculados a una mejora del objeto del contrato. La representación femenina en la ejecución de los contratos públicos tecnológicos supone una mejora de sus resultados, ya que, como destaca la OECD, “las invenciones que surgen de equipos mixtos, o grupos solo de mujeres, parecen tener una amplitud tecnológica más amplia (y, por lo tanto, pueden ser más valiosas económicamente) y un mayor impacto desde un punto de vista tecnológico que aquellas en las que solo participan hombres”. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, como máximo responsable de la compra pública, no dispone de una guía publicada sobre la aplicación de estos criterios de valoración. Para tomar modelos y referentes de aplicación de estos criterios por parte de las instituciones públicas, es necesario hacer arqueología web sobre los casos de contratos previos, como la licitación reciente de una infraestructura de conectividad submarina por el Instituto de Astrofísica de Canarias, y que demuestran la posibilidad de valorar la aportación femenina en todo ámbito tecnológico, incluso más allá del desarrollo de aplicaciones software.

La administración pública supone el 5% del gasto tecnológico del país. Mediante la promoción interna de la igualdad de género en los puestos de trabajos tecnológicos del sector público y la demanda de la participación de las mujeres en los contratos públicos TIC, se introduce transversalmente la aplicación de la perspectiva de género en una parte sustancial de los bienes y servicios tecnológicos que producimos. El hecho que la máxima responsabilidad en políticas digitales sea hoy ostentada por mujeres, presenta la ocasión de activar todas las herramientas para que la administración sea ejemplo y motor para avanzar en el equilibrio de representación femenina en la transformación digital en nuestro país.