'Oleg Naydenov', dando la espalda al mar

La decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de archivar las diligencias preprocesales para dirimir la responsabilidad penal derivada de la crisis del Oleg Naydenov, constituye una nueva pero reiterada evidencia de que, en este país, el interés general y el medio ambiente permanecen desamparados y vulnerables a los desastres ecológicos causados por la acción humana.

El Ministerio Público ha dado carpetazo al asunto argumentando que las decisiones adoptadas para alejar el buque del Puerto de Las Palmas, someterlo a un ardiente periplo errático hasta Fuerteventura y regresar al sur de Gran Canaria donde finalmente se hundió, están respaldadas por criterios técnicos avalados por las mismas personas que intervinieron en la toma de decisiones investigadas. Las consideraciones del profuso trabajo realizado por la Fiscalía para archivar las diligencias son amplias y detalladas, absuelven de cualquier responsabilidad penal a las autoridades involucradas y determinan que, frente a los riesgos de explosión en el puerto, el riesgo implícito sobre vidas humanas y otros impactos previsibles sobre la población o sobre el suministro de agua potable, los criterios adoptados y que condujeron al desastre fueron los correctos y nadie es responsable. Claro está que, en términos jurídicos, el archivo se ajusta estrictamente al objeto de la investigación para “determinar la posible exigencia de imputación judicial respecto de las personas que intervinieron en la gestión del suceso” pero, en términos sociales, medioambientales y económicos, no podemos sino lamentar profundamente la fragua de un nuevo episodio de inseguridad jurídica para preservar el interés general.

Que los máximos órganos garantes de este país en la protección del mar y en la persecución de los desastres ambientales causados por la acción humana, no solo no sean capaces de determinar responsabilidades ante una nueva marea negra, si no que crean nuevos precedentes jurisprudenciales para blindar futuros acontecimientos de esta índole, no es aceptable en ningún caso, en ninguno. La decisión de la Fiscalía abre la puerta a que mañana, ante otro escenario de este género, vuelvan a adoptarse las mismas decisiones improvisadas con resultados nefastos para el medio ambiente. Canarias, a pesar del elevado número de espacios marinos protegidos que alberga (ZMES, ZECs, ZEPAS, entre otros), permanece absolutamente desprotegida ante las dañinas mareas negras, de las que ya estamos muy hastiados en las islas. El registro de derrames de hidrocarburos en el Archipiélago ha sido, en los diez últimos años, de uno cada ocho meses y medio (255,5 días), ratio superado entre 2014 y 2015 tras los vertidos que impactaron en El Cabrón y Castillo de Romeral el pasado año, y tras el reciente del Oleg Naydenov en marzo de 2015.

Es obvio que algo falla estrepitosamente en nuestro marco político y jurídico cuando la impunidad se consolida ante estos desastres. Si navegas en una pequeña embarcación y te pillan limpiando sentinas, la sanción es implacable, pero si provocas una marea negra como la del Prestige o la del Oleg Naydenov, nadie es responsable porque se trata de “un accidente”, por lo que la desproporción entre causa y efecto frente a daños ecológicos solo revela que la ciudadanía y el medio físico quedan expuestos y carentes de protección.

El fuel del Oleg Naydenov ha contaminado cientos de kilómetros cuadrados de océano hacia al sur, ha impactado en numerosos espacios litorales de Gran Canaria, ha fluido sobre fondos marinos y columnas de agua afectando al conjunto de la escala trófica marina, y ha costado la friolera de más de 40 millones de euros hasta la fecha de nuestros bolsillos, de los nuestros, aunque la factura será significativamente superior porque las labores de extracción del fuel se mantendrán, según declara el Ministerio de Fomento, hasta el próximo mes de noviembre.

Este caso evidencia un paralelismo sorprendente con el del Prestige en Galicia, ya que, exceptuando la envergadura de sus respectivos y diferenciados impactos, costes y tiempos de proceso jurídico, numerosos son los aspectos coincidentes: la decisión de alejar de la costa un buque sin gobierno con alto riesgo ecológico, la improvisación de las acciones por las autoridades competentes, la intencionalidad manifiesta de minimizar públicamente los impactos potenciales y los acaecidos, y la errónea estrategia de respuestas físicas para afrontar la contaminación de las costas, son similares, como similar fue la primera sentencia de la Audiencia de A Coruña absolviendo en 2013 a los tres acusados principales, el capitán, el jefe de máquinas y el exdirector general de Marina Mercante. Afortunadamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó el pasado mes de septiembre la anulación de esta sentencia, por considerar que fue “ilógica, errónea y arbitraria”, y por estimar que durante la instrucción se obviaron documentos claves que hubieran llevado a la obligada persecución de un delito ambiental.

La conclusión fundamental de ambos episodios se sustenta en dos vertientes esenciales. Por un lado, ninguna persona o administración termina asumiendo la responsabilidad y los costes derivados de mareas negras ocasionadas directamente por la acción humana, a pesar de los cientos de normativas locales, autonómicas, estatales y europeas vigentes que regulan el tráfico marítimo y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos. En segundo lugar, la constatación fehaciente de que estos desastres no revierten en ninguna mejora técnica o jurídica para prevenir y responder ante aquellos derrames que puedan acontecer mañana.

No se trata de organizar el escarnio público de un capitán de puerto o de un buque, nadie puede desear que catástrofes de esta envergadura sean responsabilidad única de un profesional técnico, pero tampoco podemos dejar de reivindicar un urgente, actualizado y riguroso marco normativo y competencial para regular, sancionar con ejemplaridad y reducir el número de derrames de crudo que destruyen el mar y las costas; no podemos vivir de espaldas al mar. Ya se debía estar trabajando, sin pausa alguna y como máxima prioridad por las autoridades competentes, en la configuración de una red de puertos refugios en las islas y en el desarrollo de un Plan de prevención y de respuesta ante vertidos marinos de sustancias tóxicas, ensayado, correctamente dotado y con personal formado para estas costosísimas contingencias. Canarias lleva muchos años recibiendo piche, deliberados y accidentales, y la única lección aprendida es que estamos igual que siempre, expuestos a una contaminación que terminan pagando los ciudadanos y ciudadanas, y con unos poderes públicos que no están a la altura de las circunstancias, ni de sus deberes con la población y el medio natural. Confiemos en que la decisión de la Fiscalía de Las Palmas no sea la última voz que se pronuncie sobre el Oleg Naydenov; confiemos en que, como sucedió con el Prestige tras 13 años de instrucción, otras entidades públicas y privadas muestren su disconformidad en los Tribunales y alguien asuma finalmente responsabilidades. Por sentido de la justicia y también por sentido común, no puede haber carpetazo en este asunto sin que sirva para algo más positivo y racional en el futuro.

La decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de archivar las diligencias preprocesales para dirimir la responsabilidad penal derivada de la crisis del Oleg Naydenov, constituye una nueva pero reiterada evidencia de que, en este país, el interés general y el medio ambiente permanecen desamparados y vulnerables a los desastres ecológicos causados por la acción humana.

El Ministerio Público ha dado carpetazo al asunto argumentando que las decisiones adoptadas para alejar el buque del Puerto de Las Palmas, someterlo a un ardiente periplo errático hasta Fuerteventura y regresar al sur de Gran Canaria donde finalmente se hundió, están respaldadas por criterios técnicos avalados por las mismas personas que intervinieron en la toma de decisiones investigadas. Las consideraciones del profuso trabajo realizado por la Fiscalía para archivar las diligencias son amplias y detalladas, absuelven de cualquier responsabilidad penal a las autoridades involucradas y determinan que, frente a los riesgos de explosión en el puerto, el riesgo implícito sobre vidas humanas y otros impactos previsibles sobre la población o sobre el suministro de agua potable, los criterios adoptados y que condujeron al desastre fueron los correctos y nadie es responsable. Claro está que, en términos jurídicos, el archivo se ajusta estrictamente al objeto de la investigación para “determinar la posible exigencia de imputación judicial respecto de las personas que intervinieron en la gestión del suceso” pero, en términos sociales, medioambientales y económicos, no podemos sino lamentar profundamente la fragua de un nuevo episodio de inseguridad jurídica para preservar el interés general.