De la OMIC y otros organismos

Organismos oficiales: Diputado del Común, Defensor del Pueblo, Oficina Municipal de Información al Consumidor… supuestamente creados y desarrollados en favor y al servicio de la ciudadanía. Suponen un elevado coste en dinero público para cubrir cargos públicos y un aporte significativo de funcionariado, amén de nombramientos más o menos dactilares, asesores y toda la parafernalia que acompaña cualquier entidad con implicación política.

¿Puede considerarse como derroche injustificable una estructura de poltronas con carencia de resultados concretos de su gestión abstracta, sin capacidad ejecutiva, ni un solo ejemplo de algún éxito puntual que cubriera el expediente de fuegos artificiales, fatuos e innecesarios?

El acrónimo “informativo” de la OMIC le permite el lavado de manos sistemático ante la complejidad de cualquier problema planteado por un consumidor, que desde su ingenuidad pretende encontrar defensa y protección a sus intereses y derechos vulnerados por abusos de poder… que tanto abundan en esta sociedad convulsa.

Si después de la burocracia y tiempo empleado en presentar una reclamación, la solución recibida es “mejor, acuda usted a la vía judicial”, más práctico sería denunciar directamente en el juzgado sin necesidad de pasar por un fielato absurdo que demuestra su inoperancia. Aunque tampoco es demasiado fiable la Justicia en un enfrentamiento desigual, como pudiera ser el de un usuario particular contra un gigante multinacional, tipo Telefónica España S.A.

Como ejemplo y muestra, usemos el botón de un caso concreto, reciente y real. Un cliente de toda la vida de la operadora nacional, sufre un error administrativo por el que, en su cuenta domiciliada, le cobran indebidamente varios recibos por una línea cancelada e inoperativa, por valor de 650 €. Presentada la reclamación, documentada con todos los justificantes requeridos, recibe la negativa reiterada a reconocer el desvío y el derecho del usuario a la devolución. El damnificado opta por acudir a la OMIC con toda la documentación al respecto, donde es recibido con amabilidad y aparente interés por resolver su caso. Pasados los meses, el reclamante recibe el siguiente comunicado de la Oficina Municipal: “Conforme a la respuesta de la operadora TELEFÓNICA, en la que le considera a usted ”empresario“, este servicio carece de competencia para resolver el asunto planteado, por lo que procederá a su archivo”.

El truco de tildar de “empresario” a un consumidor o usuario, persona física, pensionista ajeno a cualquier actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, para que la OMIC se trague la mentira y se quite el problema de encima, indica ausencia de buena fe de quien implícitamente reconoce un cobro indebido, y de forma explícita expresa su intención de no devolver lo subrepticiamente cobrado. Y por supuesto, que la Oficina acepte el engaño sin más, sin exigir acreditación ni consultar la veracidad o no con el damnificado, expresa su inoperancia y el sinsentido de su existencia.

Este insignificante episodio puede parecer una minucia que, por la cuantía reclamada, no merece demasiada atención… mientras a uno no le afecte en primera persona. Pero sería edificante considerarlo un símbolo de todo lo demás.

Nuestro gran país está contaminado por una deplorable gestión de los caudales públicos, en modo despilfarro institucional sistemático y muy bien montado en favor de diecisiete parlamentos autonómicos, un senado abarrotado, ocho mil ayuntamientos, 445.000 cargos públicos espléndidamente pagados desde el erario patrio, es decir, dinero del contribuyente; 40.000 coches oficiales de alta gama… como si fuéramos el país más rico del mundo; con dos partidos en alternancia del poder, los del “y tú más”, los más corruptos desde que somos un Estado de Derecho. Y formaciones advenedizas, oportunistas e injertadas artificialmente en una democracia que no aceptan, pero de la que se aprovechan en recursos legislativos, ejecutivos y judiciales.

La resignación colectiva es un tatuaje en la martirizada piel del pueblo, con el dibujo de los más crudos episodios feudales de una Edad Media, que parecen haberse quedado entre nosotros para siempre.

La indefensión popular puede alcanzar la zona roja de riesgo en el manómetro que indica exceso de presión y el consiguiente anuncio de avería irreversible. En el apartado correspondiente al manual de procedimientos operativos y de emergencia, se lee: “¡Ojo! Solo la sociedad civil está capacitada para resolver sus propios problemas”. Significa que si no se corrige de inmediato la anomalía puede reventar la caldera.

Para evitarlo debemos salvarnos sin “ayuda” política. Donde abundan asociaciones, plataformas, fundaciones, ONG´s, “sin ánimo de lucro” pero la mayoría generosamente subvencionadas con dinero público, ¿qué papel podría desarrollar un grupo cívico, altruista, desinteresado, apolítico y bien informado, compuesto por la pléyade de víctimas de abusos administrativos, p.ej.: de la despótica TELEFÓNICA ESPAÑA S.A. que, por correlación, podría ampliarse a todas las demás operadoras de telefonía, porque la regla de “son todas iguales” aquí no admite excepciones que la confirmen?

Se trata de llevar a la práctica el tópico “la unión hace la fuerza” aglutinada en un conjunto orientado en términos legales por algún bufete de abogados especialistas, que defendieran los derechos individuales vulnerados; que cobrarían un porcentaje a negociar sobre el total de las cantidades rescatadas para cada miembro del equipo. Habría que seleccionar el despacho más adecuado.

Esta proposición personal admite opiniones, sugerencias y comentarios adversos, que serán recibidos al pie de este artículo, en el blog www.elrincondelbonzo.blogspot.com, gestionado por “El Ilustrador Digital”. Sería importante conocer el potencial número de afectados como posibles voluntarios a asociarse gratuitamente.

21/06/2020 www.elrincondelbonzo.blogspot.com

Organismos oficiales: Diputado del Común, Defensor del Pueblo, Oficina Municipal de Información al Consumidor… supuestamente creados y desarrollados en favor y al servicio de la ciudadanía. Suponen un elevado coste en dinero público para cubrir cargos públicos y un aporte significativo de funcionariado, amén de nombramientos más o menos dactilares, asesores y toda la parafernalia que acompaña cualquier entidad con implicación política.

¿Puede considerarse como derroche injustificable una estructura de poltronas con carencia de resultados concretos de su gestión abstracta, sin capacidad ejecutiva, ni un solo ejemplo de algún éxito puntual que cubriera el expediente de fuegos artificiales, fatuos e innecesarios?