Un pacto de mínimos por la educación

En esta ocasión y desde la responsabilidad de saber que la prioridad de la educación debe ser la de toda la sociedad, el Ministerio de Educación, a través de su titular Ángel Gabilondo, trata de impulsar un pacto social y político por la educación con el fin de lograr un grado de consenso suficiente sobre aquello que podríamos denominar los mínimos indispensables en el ordenamiento eficaz de la educación, tanto universitaria como no universitaria en España. El documento que el Ministerio ha dirigido a las fuerzas políticas y sociales para iniciar el diálogo, además de reconocer, la necesidad de un consenso plantea algunas cuestiones y también algunos supuestos que deberían ser compartidos.

En primer lugar, el documento reconoce que la educación requiere una cierta estabilidad normativa y que no debemos cambiar las leyes cada legislatura. En este sentido, todos tenemos a nuestro alcance un buen ejemplo que, desgraciadamente, nunca es mencionado: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Esta ley está en vigor desde 1985 (más de veinte años) sin que haya sido necesario derogarla y sin que haya tenido que sufrir grandes modificaciones.

En segundo lugar, el documento reconoce que debemos trabajar sobre la base de un diagnóstico independiente e internacional para reconocer tanto las debilidades como las fortalezas de nuestro sistema educativo actual. En este sentido, convendría recordar que, desde la LOGSE (1990) nuestro país cuenta con un observatorio permanente de la realidad educativa, el Instituto de Evaluación, que además facilita la participación de nuestro país en numerosos estudios internacionales (PISA, TIMSS, PIRLS) y, además, con informes elaborados por el Consejo Escolar de Estado y los diferentes Consejos Escolares Autonómicos. En resumen, información no falta, pero es muy importante que todos podamos extraer de ella las mismas o similares conclusiones.

Más allá de estos dos sencillos supuestos iníciales, el documento enumera una amplia variedad de cuestiones sobre las que sería posible alcanzar un gran consenso nacional: la situación del profesorado, la evaluación en las distintas etapas educativas, la formación, el empleo y la transferencia de ciencia y tecnología al sistema productivo, modernización e internacionalización de las universidades, becas y ayudas, financiación?etc.

La propuesta inicial del Ministerio de Educación está muy abierta, de hecho en cada una de las cuestiones planteadas se describe brevemente los rasgos que podría tener una solución aceptable para todos(as).

Lo cierto es que el consenso, si se logra, debería dotarnos de una configuración de sistema educativo tanto universitario como no universitario que, partiendo de las actuales leyes orgánicas, nos permita tener un funcionamiento mucho más eficaz, flexible y moderno de este servicio público indispensable: la educación. Todos y todas estamos convocados a este pacto.

(*) Nina Santana es senadora por Gran Canaria del PSC-PSOE y vicepresidenta de la Comisión de Educación en el Senado.

Nina Santana Dumpiérrez *

En esta ocasión y desde la responsabilidad de saber que la prioridad de la educación debe ser la de toda la sociedad, el Ministerio de Educación, a través de su titular Ángel Gabilondo, trata de impulsar un pacto social y político por la educación con el fin de lograr un grado de consenso suficiente sobre aquello que podríamos denominar los mínimos indispensables en el ordenamiento eficaz de la educación, tanto universitaria como no universitaria en España. El documento que el Ministerio ha dirigido a las fuerzas políticas y sociales para iniciar el diálogo, además de reconocer, la necesidad de un consenso plantea algunas cuestiones y también algunos supuestos que deberían ser compartidos.

En primer lugar, el documento reconoce que la educación requiere una cierta estabilidad normativa y que no debemos cambiar las leyes cada legislatura. En este sentido, todos tenemos a nuestro alcance un buen ejemplo que, desgraciadamente, nunca es mencionado: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Esta ley está en vigor desde 1985 (más de veinte años) sin que haya sido necesario derogarla y sin que haya tenido que sufrir grandes modificaciones.