Por respeto

Es cada vez más frecuente escuchar a los políticos decir que de pactos no se habla hasta después de las elecciones “por respeto a los ciudadanos” (sic). Entiendo que a los partidos les interese obviar sus preferencias en política de acuerdos de Gobierno hasta que se produzcan las elecciones y la matemática parlamentaria o municipal resultante del voto ciudadano permita hacer cuentas y optar por lo más conveniente. Pero se me antoja de un cinismo extraordinario esta idea de que expresar posibles preferencias es una demostración de falta de respeto a la ciudadanía.

En países y regiones con mucha más tradición democrática que España o que Canarias, lo frecuente es que los partidos anuncien en campaña sus intenciones postelectorales. Nadie considera que eso sea faltarle el respeto a los ciudadanos, más bien todo lo contrario, es ofrecer al ciudadano una información de extraordinaria importancia a la hora de valorar la oferta programática de un partido. Por ejemplo, algunos votantes británicos estarían dispuestos a apoyar a los liberales, si los liberales anuncian que su intención es mantener la continuidad de un Gobierno conservador, pero no lo harían para favorecer un acuerdo con los laboristas. O lo contrario. Informar a los ciudadanos de qué va a hacer con sus votos un partido no es, pues, una intromisión irrespetuosa en la libre decisión electoral de la ciudadanía, sino una demostración de transparencia, coherencia política y lealtad con los electores, a los que se pide el voto para hacer una concreta política, y no para usarlo como a los partidos les venga en gana.

Por una evidente perversión del discurso, aquí se estila cada vez más decir que hay que esperar que la ciudadanía se pronuncie, a que la ciudadanía hable. Pero no es la ciudadanía la que acude a votar. Es el ciudadano concreto e individual el que vota, y vota a una opción política en función de su programa, sus propuestas, sus simpatías y la información de que dispone. No es la ciudadanía la que manifiesta su preferencia por un acuerdo u otro. Si eso fuero así, los acuerdos postelectorales deberían producirse entre los dos partidos más votados, y eso no suele ocurrir casi nunca, más bien todo lo contrario.

Si los partidos y los políticos no informan a sus electores de sus preferencias, es básicamente porque no las tienen: están en general dispuestos a pactar con quienes les garanticen más cuota de poder, al margen de programas e ideología. La política que hoy se práctica en España y en Canarias responde a ese esquema desvergonzado. Y lo más asombroso es que encima tengan la inmensa jeta de decir que actúan así por respeto. Vaya cara.

Es cada vez más frecuente escuchar a los políticos decir que de pactos no se habla hasta después de las elecciones “por respeto a los ciudadanos” (sic). Entiendo que a los partidos les interese obviar sus preferencias en política de acuerdos de Gobierno hasta que se produzcan las elecciones y la matemática parlamentaria o municipal resultante del voto ciudadano permita hacer cuentas y optar por lo más conveniente. Pero se me antoja de un cinismo extraordinario esta idea de que expresar posibles preferencias es una demostración de falta de respeto a la ciudadanía.

En países y regiones con mucha más tradición democrática que España o que Canarias, lo frecuente es que los partidos anuncien en campaña sus intenciones postelectorales. Nadie considera que eso sea faltarle el respeto a los ciudadanos, más bien todo lo contrario, es ofrecer al ciudadano una información de extraordinaria importancia a la hora de valorar la oferta programática de un partido. Por ejemplo, algunos votantes británicos estarían dispuestos a apoyar a los liberales, si los liberales anuncian que su intención es mantener la continuidad de un Gobierno conservador, pero no lo harían para favorecer un acuerdo con los laboristas. O lo contrario. Informar a los ciudadanos de qué va a hacer con sus votos un partido no es, pues, una intromisión irrespetuosa en la libre decisión electoral de la ciudadanía, sino una demostración de transparencia, coherencia política y lealtad con los electores, a los que se pide el voto para hacer una concreta política, y no para usarlo como a los partidos les venga en gana.