Participación o involución

La reforma del sistema electoral incluida en el nuevo Estatuto contribuye a la mejora de la democracia en las Islas. Posibilita ganar en pluralidad al disminuir las anteriores elevadas barreras de acceso a la Cámara, que pasan del 6% autonómico y el 30% insular al 4% y el 15%, respectivamente. De forma moderada, también se reduce la desproporcionalidad, dando más peso a la población con la instauración de una lista archipelágica de nueve escaños que, junto a la ampliación de otro diputado para Fuerteventura, conforman un Parlamento de setenta diputados y diputadas.

Canarias dispone de un Estatuto actualizado, aunque llegó con una década de retraso, que incorpora numerosos derechos cívicos, que obligan a los poderes públicos a garantizar “el derecho a la igualdad de trato y a no discriminar por razones de sexo, nacimiento, género, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Planteando, además, la posibilidad de realizar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”.

Incluyendo en su texto compromisos en torno a los menores, las personas mayores, la familia, las personas que se encuentran en situación de discapacidad o dependencia y, también, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, indicando que “se adoptarán medidas efectivas para educar en valores de igualdad, no sexistas, así como políticas y acciones activas” de protección integral a las víctimas de la violencia machista, prestando especial atención al desarrollo de medidas preventivas.

Así como otros referidos a orientación sexual, salud y educación, vivienda, mundo laboral, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, participación, culturales o medioambientales. Con la novedad, además, del reconocimiento de una “renta garantizada de ciudadanía” dirigida a las personas que se encuentren en situación de exclusión social.

Es el primer Estatuto, asimismo, en eliminar los aforamientos. E incorpora los derechos de los animales, reconociéndolos como “seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

Leyes, presupuestos

Esos compromisos, derechos y obligaciones de las administraciones públicas deben ser después desarrollados por los correspondientes gobiernos de nuestra comunidad. De sus políticas, leyes y decisiones presupuestarias dependerán el alcance de la financiación de los servicios públicos, del impulso a infraestructuras prioritarias, del crecimiento de las energías renovables o del mayor o menor grado de protección de nuestro territorio y medio natural.

Los avances que la sociedad ha ido logrando en numerosos terrenos, desde la sanidad pública y universal al acceso a la educación, pasando por las leyes que apuntan hacia la igualdad entre mujeres y hombres o consagran la libertad de expresión, tienen que verse permanentemente reforzados por el apoyo de la mayoría social. Pueden ser cuestionados y puestos en riesgo, como estamos viendo a nivel mundial, cuando acceden a los gobiernos formaciones que pretenden restringir la democracia, reducir el papel garantista y redistribuidor de la riqueza del Estado, recortar libertades y expandir un discurso del odio hacia variados colectivos.

La historia demuestra que, en determinadas condiciones, pueden producirse retrocesos significativos en los derechos humanos. Y que ningún país está completamente a salvo de posibles derivas totalitarias que conviertan la democracia en papel mojado y que marginan o ejerzan todo tipo de violencias sobre amplios sectores de la sociedad.

Los efectos de la crisis económica y las erróneas políticas de austeridad y recortes han supuesto peores servicios públicos, pérdida de empleos y desahucios de viviendas, más pobreza y exclusión. El miedo, la inseguridad, la precariedad laboral y la desconfianza en las instituciones se han convertido en un caldo de cultivo en el que crecen las propuestas populistas más extremas con propuestas muy simples a problemas muy complejos; y en los que siempre se busca un enemigo visible al que responsabilizar: los extranjeros, los inmigrantes, las mujeres feministas, las instituciones democráticas… como antes lo fueron los judíos, los comunistas, los sindicalistas o las elecciones.

Canarias cuenta hoy con un elevado grado de autogobierno y desde las Islas se dirigen las principales políticas públicas. En el actual contexto, no con mucho acierto por parte de un Ejecutivo conservador y que no ha puesto la prioridad en los servicios públicos. Ni en la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible. Ni en la implementación de políticas de vivienda. Ni en la superación de las carencias que padecemos en materia de dependencia. Ni en la consecución de empleo de calidad. Ni en la protección medioambiental. Ni en la corrección de nuestras históricas desigualdades sociales.

Autogobierno

La mejor forma de defender el autogobierno, más que con discursos retóricos y planteamientos ideológicos, es precisamente gobernando bien y para la mayoría de la ciudadanía, planteando una fiscalidad progresiva y justa, rescatando a la sanidad y a la educación de su descapitalización y haciendo que Canarias supere sus numerosos déficits que nos colocan a la cola del Estado en casi todo. Haciendo que nuestra gente viva mejor y que haya mayores expectativas para las actuales y futuras generaciones de canarios y canarias.

Agotado un ciclo en el que el actual Gobierno canario ha demostrado su desinterés e incapacidad para abordar los grandes retos del Archipiélago, corresponde impulsar un cambio político profundo en las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo.

Un cambio que exige la consecución de mayorías parlamentarias. Para lo que es esencial una amplia participación y apoyo popular en las urnas a las formaciones que impulsan esa transformación política y social en beneficio de la mayoría social. Como hemos visto recientemente, la abstención puede ser devastadora y, por pasiva, favorecer procesos de involución en los que se pongan en cuestión los derechos y libertades, la equidad, los avances en igualdad de las mujeres, el autogobierno y la democracia. Nada está escrito. Lo mucho que está en juego exige realizar el mayor de los esfuerzos para conseguir una masiva movilización en las urnas.

La reforma del sistema electoral incluida en el nuevo Estatuto contribuye a la mejora de la democracia en las Islas. Posibilita ganar en pluralidad al disminuir las anteriores elevadas barreras de acceso a la Cámara, que pasan del 6% autonómico y el 30% insular al 4% y el 15%, respectivamente. De forma moderada, también se reduce la desproporcionalidad, dando más peso a la población con la instauración de una lista archipelágica de nueve escaños que, junto a la ampliación de otro diputado para Fuerteventura, conforman un Parlamento de setenta diputados y diputadas.

Canarias dispone de un Estatuto actualizado, aunque llegó con una década de retraso, que incorpora numerosos derechos cívicos, que obligan a los poderes públicos a garantizar “el derecho a la igualdad de trato y a no discriminar por razones de sexo, nacimiento, género, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Planteando, además, la posibilidad de realizar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”.