Pecado original

“Hoy, día 28 de octubre, domingo, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado todo el poder en los Cielos y en la Tierra, se inauguran los nuevos equipos y estudios de la Televisión Española”. Desde que el ministro de Información y Turismo Gabriel Arias-Salgado bautizara con esas palabras a la televisión pública en 1956, RTVE arrastra un pecado original: “El de servir a Dios y a la política en España”. Nos arrojaron del jardín del Edén con el primer llanto y desde entonces la espada flameante guarda el camino del árbol de la vida, que en Periodismo no es otro que el derecho a ofrecer y recibir información veraz. Como una novia atada a un contrato de arras, RTVE ha pasado del padre al marido llevando consigo su arcón de esponsales. Entre los paños de organza, seda e hilo de Damasco del ajuar, una cadena perpetua que se renueva cada legislatura. En 40 años de democracia, solo un indulto: el de la ley Zapatero de 2006 que establecía el consenso de dos tercios del Congreso de los Diputados para elegir al Consejo de Administración. Un oasis que la mayoría absoluta del Partido Popular transformó en espejismo, y que obligó a buena parte de los profesionales a emprender una dura travesía por el desierto con la esperanza de pisar la Tierra Prometida sin que ningún Dios nos anuncie: “Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella”.

El pasado mes de septiembre la unidad de todos los grupos parlamentarios –a excepción del Partido Popular– que cristalizó en la Ley 5/2017 nos hizo vislumbrar esa tierra donde “the press was to serve the governed; not the governors”. Un mantra que acuñó el Tribunal Supremo estadounidense en una célebre sentencia que permitió a The New York Times y The Washington Post seguir publicando los papeles del Pentágono sobre la intervención de EE.UU. en Vietnam. La prensa tiene que servir a los gobernados, no a los gobernantes. O lo que es lo mismo: el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Un derecho –no un regalo– que no puede “restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, según recoge el artículo 20 de la Constitución. Además de señalar que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Un elemento tan imprescindible en democracia que la Carta Magna lo recoge en el Título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Sin embargo, a día de hoy los profesionales de RTVE y de las televisiones autonómicas seguimos librando batallas para poder cruzar el Jordán de la politización y devolver la voz y la palabra a los ciudadanos, legítimos propietarios de los medios públicos.

En esa lucha centenares de mujeres de RTVE –Alicia, Almudena, Gemma, Xesca, Miriam…– nos hemos unido para reclamar una radio, web y televisión públicas libres de injerencias partidistas. Ni de derechas ni de izquierdas. Un servicio público sin pecado original en el que todos y todas tengamos cabida al margen de nuestra ideología. Cada viernes, bajo el paraguas del Consejo de Informativos y de los sindicatos, vestimos de luto dentro y fuera de la pantalla. Negro riguroso, noche cerrada. Máxima oscuridad para pedir luz. Una campaña –la de los Viernes Negros– que comenzó la última semana de abril y que crece con el paso de los días gracias al principal accionista de RTVE: la ciudadanía. Artistas, escritoras, estudiantes, amas de casa, juezas, abogadas, fiscales, músicos, periodistas –la lista es larga– han emprendido el éxodo con los 140 caracteres de Twitter, las fotografías black y los videos de apoyo.

Ocho meses después de que los partidos de la oposición pactaran la renovación por consenso del Consejo de Administración y la elección del presidente mediante concurso público, mantenemos la esperanza de pisar la Tierra Prometida. La próxima cita, el 5 de junio. Será entonces cuando previsiblemente la Mesa del Congreso revise la propuesta, una vez subsanados las lagunas y los errores que señalan los servicios jurídicos de la Cámara. Si nada se interpone, un Josué avalado por sus méritos y su trayectoria guiará con criterios profesionales a RTVE dentro de unos meses. El primer paso para blindar un servicio público esencial de la manipulación y de los intereses partidistas porque “there is only one way to get a democracy on its feet in the matter of its individual, its social, its municipal, its State, its national conduct, and this is by keeping the public informed about what is going on”. En resumen, y con permiso de Joseph Pulitzer, porque solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado sobre lo que está ocurriendo. Es el único bautizo posible en un medio público para borrar el pecado original.

“Hoy, día 28 de octubre, domingo, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado todo el poder en los Cielos y en la Tierra, se inauguran los nuevos equipos y estudios de la Televisión Española”. Desde que el ministro de Información y Turismo Gabriel Arias-Salgado bautizara con esas palabras a la televisión pública en 1956, RTVE arrastra un pecado original: “El de servir a Dios y a la política en España”. Nos arrojaron del jardín del Edén con el primer llanto y desde entonces la espada flameante guarda el camino del árbol de la vida, que en Periodismo no es otro que el derecho a ofrecer y recibir información veraz. Como una novia atada a un contrato de arras, RTVE ha pasado del padre al marido llevando consigo su arcón de esponsales. Entre los paños de organza, seda e hilo de Damasco del ajuar, una cadena perpetua que se renueva cada legislatura. En 40 años de democracia, solo un indulto: el de la ley Zapatero de 2006 que establecía el consenso de dos tercios del Congreso de los Diputados para elegir al Consejo de Administración. Un oasis que la mayoría absoluta del Partido Popular transformó en espejismo, y que obligó a buena parte de los profesionales a emprender una dura travesía por el desierto con la esperanza de pisar la Tierra Prometida sin que ningún Dios nos anuncie: “Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella”.

El pasado mes de septiembre la unidad de todos los grupos parlamentarios –a excepción del Partido Popular– que cristalizó en la Ley 5/2017 nos hizo vislumbrar esa tierra donde “the press was to serve the governed; not the governors”. Un mantra que acuñó el Tribunal Supremo estadounidense en una célebre sentencia que permitió a The New York Times y The Washington Post seguir publicando los papeles del Pentágono sobre la intervención de EE.UU. en Vietnam. La prensa tiene que servir a los gobernados, no a los gobernantes. O lo que es lo mismo: el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Un derecho –no un regalo– que no puede “restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, según recoge el artículo 20 de la Constitución. Además de señalar que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Un elemento tan imprescindible en democracia que la Carta Magna lo recoge en el Título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Sin embargo, a día de hoy los profesionales de RTVE y de las televisiones autonómicas seguimos librando batallas para poder cruzar el Jordán de la politización y devolver la voz y la palabra a los ciudadanos, legítimos propietarios de los medios públicos.