Pensiones públicas y dignas

Las movilizaciones sociales de las últimas semanas han obligado a Mariano Rajoy a intervenir, a plantear su posición sobre las pensiones en el pleno del Congreso de los Diputados. Aunque se limitó a reiterar su rechazo a la revalorización de las mismas en consonancia con el Índice de Precios al Consumo (IPC), exigida por las plataformas de pensionistas y los sindicatos, y a proponer un incremento, sin establecer las cuantías, de las pensiones mínimas y de las prestaciones de viudedad; así como a introducir algunas deducciones fiscales a los jubilados. Vinculando estas medidas a la aprobación de las cuentas públicas para 2018.

La subida efectuada este año, del 0,25%, muy por debajo del IPC, ha generado la protesta de los pensionistas, que exigen no perder poder adquisitivo. La mayoría no cobra pensiones suficientes. La pensión media de jubilación mensual en España se sitúa hoy en 1.077 euros mientras que, en el caso canario, está ligeramente por debajo, 1.011 euros. Pero en el conjunto de las pensiones (incluyendo las de viudedad u orfandad) la diferencia es algo mayor, 932 de media estatal por los 856 de Canarias.

El sistema de pensiones constituye uno de los pilares del Estado del Bienestar. Un elemento de equidad, de cohesión social e intergeneracional, que supone en España unos 124.000 millones de euros anuales, solo las de jubilación, sin contar las prestaciones por desempleo y las no contributivas; el conjunto son unos 140.000 millones, más que la sanidad, la educación y los servicios sociales juntos.

La crisis económica y las reformas laborales no han hecho sino empeorar la situación. En 2011, Zapatero dejó unos 70.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de las pensiones. En la etapa de Rajoy, se ha descapitalizado hasta llegar a los 8.000 millones de euros actuales a pesar de que, para pagar las últimas extras, se ha recurrido a préstamos. Tras año y medio de legislatura estatal, el Ejecutivo y las Cortes Generales siguen sin abordar este relevante asunto. Urge actuar.

Nueva Canarias (NC) ha venido planteando la necesidad de un sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad futura. Frente a las amenazas de su desmantelamiento y sustitución por pensiones privadas por aquellos y aquellas que puedan pagarlas, la respuesta debe basarse en un análisis riguroso y en unas propuestas realistas que blinden su sostenibilidad.

En estos momentos hay casi 19 millones de personas ocupadas y más de nueve millones que cobran pensiones (de ellas, 5,8 de jubilación, 2,3 de viudedad y casi un millón por incapacidad permanente, además de otras, como las de orfandad). Las de jubilación se incrementarán por la incorporación de la generación del baby boom y el incremento de la esperanza de vida. Se calcula que, en 2030, el global de pensionistas superará los 13 millones.

Crisis económica

La crisis económica supuso una caída brutal del empleo, con cifras de ocupación que, en algunos trimestres, llegaron a los 17 millones en la Encuesta de Población Activa (EPA). Además, han dejado un panorama de bajos salarios y precariedad laboral que reducen las cotizaciones y dificultan la situación financiera de las pensiones.

La mejor fórmula para la garantía presente y futura de las pensiones pasa, sin duda, por generar más empleo y porque este sea de calidad, con mayores salarios y mayor estabilidad. Ingresando más en la hucha de las pensiones y contribuyendo a su mantenimiento sin riesgos. Derogando la reforma laboral que tanto contribuye a la precarización. Así se posibilita incrementar el consumo, elevar los ingresos fiscales y aumentar las actuales cotizaciones.

Es imprescindible mejorar la recaudación con una mayor y más eficaz batalla contra el fraude laboral. Y haciéndose cargo el Estado de la financiación de los gastos de las pensiones no contributivas o de las tarifas planas, destinadas a incentivar el empleo, que deberían correr a cargo de los presupuestos, igual que el conjunto de pensiones no contributivas.

Pero si, con los datos actuales y la proyección para las próximas décadas, resultara imposible cubrirlas en condiciones de dignidad, hay que buscar planteamientos complementarios para cumplir con lo que señala el artículo 50 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Presupuestos

Entre ellos, la posibilidad de financiarlas vía presupuestos generales del Estado; ya lo hacen muchos países en Europa. Como sucede con la sanidad, que desde hace varias décadas no se mantiene vía cotizaciones sino a través de los impuestos recaudados y las cuentas públicas, lo que hizo posible la universalidad y una razonable sostenibilidad financiera del sistema.

Las respuestas de las derechas pasan por incrementar la edad de jubilación más allá de los 67 años -edad prevista legalmente para el año 2027, compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desarrollo de tareas laborales, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones o los llamamientos al incremento de la natalidad; este último, supongo, que a veinte años vista, olvida la posible incorporación de personas inmigrantes, como hace Alemania y otros países del centro y del norte de Europa.

No parecen tener las opciones conservadoras en cuenta que los hombres y mujeres jubilados, tras desarrollar una larga e intensa vida laboral, tienen derecho al descanso y aspiran legítimamente a pasar la última etapa de su existencia disfrutando de la familia y amigos o desarrollando actividades de ocio. Es un derecho, no un regalo.

Las respuestas progresistas deben ser otras bien diferentes. Apostando por un sistema público de pensiones que genere cohesión e incidiendo en la equidad y el bienestar social. Corrigiendo el desfase de género que hace que las mujeres cobren una pensión media en España que se sitúa un 36% por debajo de la de los hombres. Aumentando la cuantía de las pensiones más bajas que colocan a sus beneficiarios en la pobreza. Impulsando, la mejora del empleo y su calidad, controlando el fraude y estableciendo fórmulas, vía presupuestos, que garanticen las pensiones públicas de hoy y de mañana. Es de justicia.

Las movilizaciones sociales de las últimas semanas han obligado a Mariano Rajoy a intervenir, a plantear su posición sobre las pensiones en el pleno del Congreso de los Diputados. Aunque se limitó a reiterar su rechazo a la revalorización de las mismas en consonancia con el Índice de Precios al Consumo (IPC), exigida por las plataformas de pensionistas y los sindicatos, y a proponer un incremento, sin establecer las cuantías, de las pensiones mínimas y de las prestaciones de viudedad; así como a introducir algunas deducciones fiscales a los jubilados. Vinculando estas medidas a la aprobación de las cuentas públicas para 2018.

La subida efectuada este año, del 0,25%, muy por debajo del IPC, ha generado la protesta de los pensionistas, que exigen no perder poder adquisitivo. La mayoría no cobra pensiones suficientes. La pensión media de jubilación mensual en España se sitúa hoy en 1.077 euros mientras que, en el caso canario, está ligeramente por debajo, 1.011 euros. Pero en el conjunto de las pensiones (incluyendo las de viudedad u orfandad) la diferencia es algo mayor, 932 de media estatal por los 856 de Canarias.