La pobreza extrema y exclusión social continúan al alza

En un reciente informe dado por los expertos en este tipo de análisis sociológico que ha sido ofrecido por la entidad humanitaria Caritas, presenta a nuestra comunidad canaria como la más deplorable en la pobreza extrema y la exclusión social de toda España. Igualmente se presentan a varias Comunidades bajo este mismo índice, excepto en algunas -las del norte del país, que son modelos en una mínima cuantía de este infortunio social de tantos que lo sufren.

Este es un muy lastimoso asunto que debe avergonzar a todos sin distinción, y muy especialmente, a los que rigen los destinos sociales y políticos de nuestro archipiélago canario. Según el VIII Informe Foessa, sobre Exclusión y Desarrollo Social, un 29% de la población canaria tiene la máxima pobreza y una extremada exclusión social en parangón con todo el país. A nuestra Comunidad le siguen Extremadura (23,2%), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Cataluña (19,3%), Andalucía (18,6%) y Murcia (18,5%).

En otro informe entregado públicamente por el Observatorio de la Sostenibilidad, la consultora AIS y la Fundación Ciudadanía, en el mismo periodo temporal sitúa a nuestra comunidad canaria en un patetismo de precariedad para la erradicación de la pobreza, desigualdad, empleos transitorios, y consumos irresponsables. Hace hincapié este estudio en la prolongada pobreza extrema de la población infantil -que tampoco tiene la atención urgente por parte de las autoridades políticas que manejan los presupuestos de todos-. En esta queda patente el depauperado gasto medio de renta de las familias en estas ignominiosas condiciones de vida, así como en el nivel de formación educativa o profesional de las familias consultadas. Y es precisamente en estos núcleos malformados donde más incidencia tiene esta obscena miseria.

Ante esta extravagancia social que ruboriza a toda persona consciente con un mínimo de ética y pudor moral, por la malvivencia de muchos de nuestros conterráneos, asistimos cargados de rabias contenidas y zaheridos a un indigno espectáculo de los líderes políticos canarios, y en todo el ámbito estatal. Gran parte de los administradores de turno parecen vivir en el país de la abundancia de bienes y servicios de la comunidad, en el que todos nadan en riquezas y se quejan por vicios patológicos de disconformidad. Todo parece ser que está colmado de dicha y bienaventuranza en la sociedad que rigen (o más exactamente, que pésimamente dirigen con sus nefandas políticas sociales ejercidas).

Actualmente, los grandes partidos están sumamente preocupados por el reparto de sillones y de las glorias que puedan alcanzar en los repartos estatales, como también sucede en las Comunidades, Ayuntamientos y Diputaciones o Cabildos. Una vez logrado el destino de sus codiciadas poltronas, en su primer pleno -en tantos de ellos-, ha sido la de subirse sus sueldos. Como lo ha sido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este pleno no hubo discrepancia alguna. ¡Sursum corda¡ Debe ser que son pocos los privilegios de los que gozan estos mandatarios eventuales. Pocos trabajadores tienen la suerte de tener un empleo, al menos, durante cuatro años con carácter fijo. Y no hablemos de los excelentes privilegios que les otorgan el Parlamento y Senado a sus diputados y senadores respectivamente.

Mientras tanto, el 29% de la población en Canarias, y de otros distintos y variados porcentajes en el resto de las 17 Comunidades que conforman el cómputo del país, subsisten día a día por la indecencia de no poseer un trabajo digno, con un salario también digno. La precariedad de estos empleos tiene actualmente su origen en la última Reforma Laboral realizada por el ejecutivo del PP. El neoliberalismo que se ha practicado en las últimas políticas ha sido la penosa causa de estos males. Son los infortunios que parecen no decaer ni estar en alza para tener el inalienable derecho a una vida dignificada por su trabajo, y para todos los que convivimos por estos lares.

A estos males que sobrellevan las clases menos favorecidas, se suma el coste de la vida, tanto en los productos de primera necesidad, como con las viviendas de alquiler cada vez más inaccesibles por los bajos sueldos y la temporalidad laboral. Este imprescindible habitáculo se ha incrementado en un 30% en los dos últimos años. Precisamente esta dolencia se agudiza en las familias monoparentales y sobremanera en las mujeres con menores a su cargo, quienes están en mayor riesgo de exclusión social. El derecho constitucional a una vivienda queda irracionalmente en el inicuo texto de la Carta Magna por la que nos regimos, siendo este un bien surrealista para muchos.

A estos mal pagados por sus trabajos y con contratos laborales de efímera temporalidad, sin que sean fijos habitualmente (por los derechos constitucionales atribuidos en poseer un trabajo honorable por ser un poblador español), pero asimismo ese derecho solo queda escrito como papel mojado, no asumible por los gobernantes.

Se advierte en este análisis de la sociedad que padece en nuestro país, que hasta 6 millones de personas en España están al borde de la exclusión social. Para que no suceda esta vergonzante tropelía social con los más necesitados, solo es obligatorio ocuparse de ellos con toda la solidaridad que merecen como personas.

La moralina es otra de las asignaturas que hace suspender a muchos de los políticos que ocupan cargos con tantas prerrogativas en sus obligaciones, y mínima eficacia servicial hacia sus conciudadanos. Ocuparan las poltronas muchos de estos políticos carentes de una mínima ética para la defensa de sus representados, en general, con unos cargos que han sido otorgados en el ambicionado reparto institucional, desde el presidente de la Comunidad, Cabildos o primeros ediles de los consistorios.

La saliente -al fin- Coalición Canaria del nefasto gobierno ejercido en Canarias, realizado durante su largo y trasnochado periodo de poder en el ejecutivo del archipiélago, sobre todo con las deficiencias ejercidas en las consejerías de prestaciones o asuntos sociales, que en la evaluación de todo el cómputo de su administración ha sido, francamente, bastante peyorativo. No así se podrán quejar las empresas del hormigón, las cuales han tenido un favorable adalid en el gobierno saliente que se tilda de ejemplar nacionalista, en la que varios de sus responsables están encartados judicialmente por corruptelas pasadas. Para eso se llega a ejercer la política.

En un reciente informe dado por los expertos en este tipo de análisis sociológico que ha sido ofrecido por la entidad humanitaria Caritas, presenta a nuestra comunidad canaria como la más deplorable en la pobreza extrema y la exclusión social de toda España. Igualmente se presentan a varias Comunidades bajo este mismo índice, excepto en algunas -las del norte del país, que son modelos en una mínima cuantía de este infortunio social de tantos que lo sufren.

Este es un muy lastimoso asunto que debe avergonzar a todos sin distinción, y muy especialmente, a los que rigen los destinos sociales y políticos de nuestro archipiélago canario. Según el VIII Informe Foessa, sobre Exclusión y Desarrollo Social, un 29% de la población canaria tiene la máxima pobreza y una extremada exclusión social en parangón con todo el país. A nuestra Comunidad le siguen Extremadura (23,2%), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Cataluña (19,3%), Andalucía (18,6%) y Murcia (18,5%).