Política y territorio

Yo quiero dejar absolutamente claro que discrepo con rotundidad de estos planteamientos. Considero imprescindible el funcionamiento de un órgano supramunicipal que coordine las iniciativas que tengan que ver con el uso del territorio. Que coordine, vigile, controle y marque pautas homogéneas y garantístas de los usos de nuestros frágiles y escasos territorios insulares.

Ahora bien, entre lo que piden Soria, los empresarios y Jerónimo Saavedra y lo que debe ser una auténtica política eficaz y diligente de la gestión de nuestro suelo media un abismo. Un profundo y caótico abismo. La incapacidad y la falta de voluntad del Gobierno para solucionar este tema es patente.

En estos momentos de crisis, el funcionamiento de la Administración, del sector público, para generar inversiones y recursos y para facilitar la iniciativa privada, debe ser el objetivo número uno de la acción política. La falta de acciones y decisiones sobre este tema constituye otra de las graves irresponsabilidades del pacto PP-CC que gobierna esta Comunidad.

Para que se hagan una idea de la magnitud de la paralización de las iniciativas públicas y privadas, del pesimismo reinante y de la presencia de algunas voces que pretenden ganancias de pescadores en ríos revueltos, les voy a describir a continuación la situación por la que atraviesa la sección técnica de la Dirección General de Urbanismo para la provincia de Las Palmas, por la que debe pasar para informe y supervisión cualquier iniciativa municipal sobre el territorio.

El urbanismo en general, y en Canarias en especial, se ha convertido en una tarea solo apta para especialistas. La tramitación de un Plan General requiere la aplicación de numerosísimas normas: Texto Refundido de la Ley de Suelo, Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento, Reglamento canario de procedimiento de los instrumentos de ordenación y Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, Ley de Patrimonio, Reglamento de Planeamiento Estatal y un largo etc, pero para no cansarles he preferido citarles los más básicos y frecuentes.

Para la redacción de un Plan General en Canarias, además de tener en cuenta la amplia legislación citada en parte, hay que considerar todo el planeamiento de rango superior que afecte al municipio en cuestión. Así, las Directrices de Ordenación General y del Turismo y las otras sectoriales que próximamente se irán aprobando; el Plan Insular de que se trate; Normas y Planes de los Espacios Naturales situados en el municipio y Planes Territoriales Parciales. También ha de ser valorada la presencia en el territorio a ordenar de Bienes de Interés Cultural en sus diversas categorías, o los Lugares de Interés Comunitario.

A lo anterior hay que sumar que los Planes Generales deben ser informados por una larga lista de administraciones tanto pertenecientes al Estado, a la Comunidad Autónoma, como a la Administración Local. Para que se hagan una idea, piénsese que el Plan General de un municipio como el de Agüimes ? que cuenta con un puerto, un aeropuerto en sus proximidades, un amplio litoral, varios barrancos, espacios naturales protegidos, y bienes de interés cultural- debe contar con un informe favorable, preceptivo y previo de los siguientes organismos: Costas, Autoridad Portuaria, Dirección General de Aviación Civil, Servicio de Carreteras de la Comunidad Autónoma, Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, Consejo Insular de Aguas, Servicio Insular de Patrimonio del Cabildo, Servicio de Planeamiento del Cabildo, Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y algunos otros.

El control final del cumplimiento de toda la legislación y su tramitación corre a cargo de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. Hay que destacar también que la mayoría de los planes están integrados por, al menos, tres voluminosos documentos que son el avance, el documento de tramitación o de aprobación inicial y el documento de aprobación provisional o definitiva.

Pues bien, el Departamento de Política Territorial encargado de la tramitación final de todos los planes de la provincia de Las Palmas cuenta en la actualidad con sólo un aparejador, cuatro arquitectos, tres abogados y un administrativo, algunos de ellos casi siempre recién llegados, pues la renovación de algunos de estos puestos es continua debido a que muchos no soportan la presión y el intenso volumen de trabajo.

Cualquier ayuntamiento de Lanzarote, Fuerteventura ó Gran Canaria, hasta el más pequeño, cuenta con más personal que el que dispone, para el conjunto de las tres islas, el Gobierno de Canarias.

Tengan en cuenta que este personal además de realizar los informes para el control de la legalidad final de los planes tanto generales como parciales, también lo hacen respecto de las revisiones, de las modificaciones y las declaraciones estructurantes de determinados sectores. También son ellos los encargados de informar las autorizaciones en zonas de servidumbre de costa y cualquier consulta e informe que se les demande para la ejecución de todos los asuntos que afecten al territorio. Así pueden pasar tranquilamente varios años hasta que se resuelva cualquier iniciativa, ya sea la de crear un nuevo espacio industrial o rehabilitar un edificio histórico en ruinas.

¿Creen ustedes de verdad que se puede generar actividad pública y privada en estas condiciones?

* Alcalde de Agüimes Antonio Morales Méndez*

Yo quiero dejar absolutamente claro que discrepo con rotundidad de estos planteamientos. Considero imprescindible el funcionamiento de un órgano supramunicipal que coordine las iniciativas que tengan que ver con el uso del territorio. Que coordine, vigile, controle y marque pautas homogéneas y garantístas de los usos de nuestros frágiles y escasos territorios insulares.

Ahora bien, entre lo que piden Soria, los empresarios y Jerónimo Saavedra y lo que debe ser una auténtica política eficaz y diligente de la gestión de nuestro suelo media un abismo. Un profundo y caótico abismo. La incapacidad y la falta de voluntad del Gobierno para solucionar este tema es patente.