PGE 2015: injustos y anticanarios

La ley de presupuestos no es una decisión política más. Es determinante para el bienestar de una sociedad. Su orientación es clave para el funcionamiento de los servicios públicos. Para impulsar la economía y el empleo. Para la respuesta a las situaciones de pobreza y exclusión social. Para, en el caso de Canarias, compensar las dificultades que suponen la insularidad y la lejanía. Un detenido análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 obliga a una valoración muy negativa. Son socialmente injustos. Y castigan, una vez más, a Canarias.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, los PGE consagran la austeridad, los recortes y dañan gravemente a los servicios públicos esenciales y a la inversión productiva. Y lo hacen cuando se limita, al 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), el déficit autorizado a las comunidades autónomas, que suponen el 34% del conjunto del gasto público de España; mientras al Estado, que sólo supone el 22% del gasto, se le permite llegar al 2,9% de déficit.

Esto va a suponer nuevos recortes en servicios básicos, que agravan los que ya han sufrido la educación, la sanidad o la dependencia como consecuencia de las injustas respuestas a la crisis económica, que han ahondado las desigualdades sociales y empobrecido a una parte significativa de la población.

Son, además, unas cuentas públicas que vuelven a castigar a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Una comunidad, con un desempleo del 33,36% según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2014, 9,6 puntos por encima de la media española. Con una tasa de riesgo de pobreza que supera el 33%, diez puntos mayor que la media. Esta grave situación no es en absoluta contemplada ni abordada por los presupuestos estatales para el próximo año.

Por el contrario, se disminuyen en 30 millones de euros las transferencias que financian los servicios públicos fundamentales y se nos hace perder 120 millones de euros con el techo de déficit para 2015; y se perjudica al Archipiélago en el reparto de las inversiones regionalizadas, situando a Canarias muy por debajo de la media del conjunto del Estado.

Plan de Empleo

Estos PGE no cumplen, una vez más, con los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal (REF), que establecen que Canarias –una vez excluidas las partidas destinadas a compensar el hecho insular- debe estar al menos en la media de las inversiones de las comunidades autónomas. La inversión media regionalizada per cápita del Estado en 2015 asciende a 249 euros mientras que, en Canarias, la inversión es de 173 euros, lo que supone perder más de153 millones de euros.

Pese a nuestra grave situación socioeconómica, pese a ese tercio de la población en paro y la elevada pobreza, el Gobierno del PP insiste en la desaparición del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC) que, con 42 millones de euros anuales, estuvo vigente hasta 2012. Igual ha sucedido con el Plan de Infraestructuras Educativas, eliminado por el Ejecutivo de Rajoy, que no sólo posibilitaba ir superando los déficit que aún tenemos en centros escolares, sino que generaba economía y empleo en el sector de la construcción.

Los presupuestos del Estado reducen nuevamente las ayudas destinadas a las plantas potabilizadoras de agua, contempladas en el REF. Y también son claramente insuficientes las partidas destinadas a apoyar el transporte de mercancías agrícolas y no agrícolas. Similar suerte han corrido la rehabilitación de las infraestructuras turísticas, olvidada por el Gobierno del PP, y la ausencia de compromisos financieros con el Posei adicional, destinado al tomate, la ganadería y el sector vitivinícola.

Carreteras

A ello se añade el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado respecto al convenio de carreteras firmado con la comunidad canaria. Se destinan, en los PGE, sólo 54 millones de euros para el ejercicio de 2015, cuando corresponden 220 millones de euros, lo que paralizará o ralentizará las vías que se encuentran actualmente pendientes o en fase de construcción, donde tenemos un dramático ejemplo en el caso de La Aldea.

Por todo ello, presentamos en el Parlamento canario diez propuestas de resolución –que fueron aprobadas por los votos de nuestro grupo y de los que apoyan al Gobierno, CC y PSOE- que critican la orientación conservadora de estos presupuestos y señalan las principales partidas donde reclamamos su mejora. Asimismo, hemos registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas estatales.

Mantenemos la misma posición con relación a los presupuestos de la comunidad canaria. El Gobierno de CC y PSOE utiliza como pretexto los PGE para justificar lo que hacen aquí. Coincidimos en la denuncia del maltrato a las Islas. Pero discrepamos profundamente en lo que se puede y debe hacer en Canarias.

El Gobierno de Canarias ha repetido las recetas austericidas del estatal. Así es imposible hacer sostenibles los servicios públicos y actuar a favor de la economía y el empleo. Sólo causa más sufrimiento, más pobreza y más desigualdades sociales. En 2012 y 2013 su sobrecumplimiento del déficit hizo que perdiéramos 240 millones de euros que hubiesen permitido mejorar la economía y la vida de mucha gente en situación extrema. Situación que va camino de repetirse en este ejercicio de 2014.

El Gobierno canario no utiliza el margen que tiene para ingresar más y para gastar de manera más adecuada. Por eso proponemos una fiscalidad más justa y progresiva, la persecución del fraude e introducir elementos como la tasa turística, destinada a la mejora de las infraestructuras públicas y a servicios básicos. Nuestra posición es nítida. Maltrato del Gobierno central, no. Austeridad y recortes del Ejecutivo canario, tampoco.

La ley de presupuestos no es una decisión política más. Es determinante para el bienestar de una sociedad. Su orientación es clave para el funcionamiento de los servicios públicos. Para impulsar la economía y el empleo. Para la respuesta a las situaciones de pobreza y exclusión social. Para, en el caso de Canarias, compensar las dificultades que suponen la insularidad y la lejanía. Un detenido análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 obliga a una valoración muy negativa. Son socialmente injustos. Y castigan, una vez más, a Canarias.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, los PGE consagran la austeridad, los recortes y dañan gravemente a los servicios públicos esenciales y a la inversión productiva. Y lo hacen cuando se limita, al 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), el déficit autorizado a las comunidades autónomas, que suponen el 34% del conjunto del gasto público de España; mientras al Estado, que sólo supone el 22% del gasto, se le permite llegar al 2,9% de déficit.