Los primeros pasos de la Renta Canaria de Ciudadanía

La aprobación de la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía en el parlamento de Canarias a finales de 2022 no fue un hecho cualquiera, implicaba que nuestra comunidad autónoma reconocía el derecho de las personas a tener sus necesidades básicas cubiertas y la obligación de las administración autonómica canaria de garantizarlo a través de una prestación económica para aquellas familias con pocos o sin ningún ingreso.

Además es un derecho para toda la ciudadanía, no solo para los que hoy la necesitan sino también para quien lo requiera en un futuro ya que la mayor parte de la población en Canarias que depende de su trabajo no está exenta de caer en algún momento en una situación de necesidad, excluyendo obviamente a minorías privilegiadas. Hablamos por tanto de un seguro social de ciudadanía.

De cara al diseño de la Renta Canaria de Ciudadanía el equipo de la Consejería trabajó en varias líneas, además del ya descrito en la primera parte de este artículo análisis de la PCI, se realizaron análisis comparativos de varias rentas mínimas autonómicas cogiendo como modelo principal a seguir la renta garantizada de Navarra por dos motivos principales; uno es que priorizaba que llegara la prestación económica a las familias lo más ágilmente posible mediante la comprobación automatizada de los requisitos al entender que lo primero es garantizar la cobertura de las necesidades básicas, dejando la elaboración de informes, diagnóstico social y plan de intervención para un segundo momento, siendo elevada esta intervención social a la categoría de derecho. Así, las familias en el modelo navarro tienen un doble derecho subjetivo, el de la prestación económica y el del apoyo profesional para su proceso de inclusión social y laboral. Esos precisamente eran los derechos que queríamos reconocer.

El 9 y 10 de diciembre de 2019, coincidiendo no por casualidad con el Día Internacional de los Derechos Humanos, realizamos las primeras jornadas para el diseño de la Renta Canaria de Ciudadanía con expertos y responsables políticos de diversas CCAA, especialmente de aquellas avanzadas en legislación y gestión como Navarra y País Vasco.

Este fue uno de los pasos de un camino que estuvo marcado poco después por la pandemia del COVID-19 en 2020 y que tuvo como consecuencia dos factores que retrasaron el avance de los trabajos en el diseño de la ley, por un lado la priorización en aquel momento del desarrollo de una prestación de urgencia que denominamos Ingreso Canario de Emergencia (ICE), ya que era necesario responder rápido a la situación de todas aquellas familias sin ingresos que estaban confinadas y no tenía ningún tipo de ingresos con la que cubrir sus necesidades básicas; y por otro lado la aprobación por parte del gobierno progresista del Estado de una renta mínima estatal, el Ingreso Mínimo Vital, que obligaba a repensar el diseño de la RCC.

Hay que decir que la experiencia del ICE fue fundamental como aprendizaje para el desarrollo posterior de la RCC ya que constituyó una evidencia empírica que si se ponen los medios y la voluntad política se puede llegar de manera amplia a la población en situación de necesidad económica y social.

En concreto el ICE se concedió a 18.000 familias en Canarias sin ningún ingreso económico en un tiempo récord de 2 meses en los que se estudiaron en total 30.000 solicitudes, en una situación en el que las personas no podían salir de sus casas por el confinamiento, no solo los solicitantes si no buena parte de los y las empleadas públicos.

Este hecho se afrontó como lo que era, una emergencia social en la que miles de personas en Canarias podían ver dificultado cubrir algo tan básico como el comer.

Y así gestionó por parte de la Consejería de Derechos Sociales, como prioridad absoluta de la Consejera Noemí Santana y con el equipo de la viceconsejera Gemma Martínez y el DG Jonás González, y al igual que una incendio se afronta con todos los medios disponibles, así se hizo con esta situación, volcándose todo el gobierno con una movilización importante de personal público de diversas consejerías para poder tramitar los expedientes, y con el diseño de un procedimiento ágil, para lo cual fue fundamental el apoyo de las DG de Telecomunicaciones y la DG de Modernización, que permitiera hacerlo sin necesidad de presentar un solo papel, realizando la solicitud a través del 012 la cual luego era presentada por un funcionario habilitado y tramitada en tiempo récord por todo el personal que el gobierno de Canarias puso a disposición de la Consejería de Derechos Sociales a través de medios automatizados.

Hablamos que en una situación de emergencia social este gobierno pudo llegar como nunca antes a miles de familias en Canarias con un pago único que aumentaba en cantidad en función del número de miembros de la familia y del que posteriormente se aprobó un segundo pago.

La otra gran novedad fue la aceleración de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del gobierno del Estado. Esto era una gran noticia porque iba a suponer que el gobierno central destinaría recursos para cubrir a buena parte de la población con pocos o ningún ingreso, lo que nos obligaba a replantearnos como gobierno autonómico cual es debía ser el papel de la futura RCC si ya iba a existir una renta similar gestionada por la seguridad social.

Al respecto, la primera medida que tomamos fue adaptar la PCI al IMV mediante decreto-ley ya que dicha PCI es complementaria a cualquier otra prestación o ingreso por lo que los solicitantes de la misma debía solicitar el IMV también, pero intuyendo que las resoluciones del IMV iban a tardar, lo que por otro lado es lógico que pase en el inicio del despliegue de una prestación tan ambiciosa, y para no suponer un perjuicio a las personas en situación de necesidad, regulamos la PCI para que solo fuera necesario haber solicitado el IMV aunque no hubiera resolución del mismo, ello nos permitía cubrir con la PCI de manera más ágil a todas aquellas familias que habían solicitado el IMV y estaban esperando resolución del mismo, dándoles protección social en el proceso.

También eliminamos del computo de la PCI los meses del pago retroactivo del IMV, ya que de no haberlo hecho se hubiera generado que miles de familias beneficiarias de la PCI debieran realizar reintegros de las cuantías percibidas, generando además con ello una alto volumen de retraso administrativo. Entendíamos además que esta modificación reforzaba la protección social en unos meses de pandemia que habían sido muy difíciles para la población en el ámbito económico y del empleo.

Estas medidas planteadas debo decir que marcaron diferencia con otras CCAA que no facilitaron una transición o complementariedad entre su prestación y el IMV, aprovechando algunas la coyuntura de existencia de una prestación estatal para ir desmantelando sus rentas autonómicas.

Y con respecto a la RCC, después de que analizáramos la regulación del IMV y el posible alcance de la prestación estatal en Canarias, la conclusión a la que llegamos era clara, si bien el IMV cuando se desarrollara en su plenitud iba a llegar a un número elevado de familias, unas treinta y cinco mil en las islas eran los cálculos, los requisitos que tenía podían dejar fuera a muchas otras situaciones, por ejemplo varias unidades de convivencia en un mismo domicilio ya que el IMV solo contemplaba una unidad familiar, que entendíamos se podía cubrir desde una renta autonómica, es por ello que, aunque siempre sería un requisito solicitar el IMV para poder ser beneficiario de la RCC, sabíamos que de la RCC habría beneficiarios que no lo podrían ser del IMV, y entre ambas prestaciones se podía llegar a un número mayor de familias.

Optamos por tanto por complementar la prestación estatal con situaciones no contempladas en esta, a la ya mencionada de varias unidades de convivencia en un mismo domicilio, incluimos la de que la carencia de recursos fuera desde los tres últimos meses, no el año anterior como hacía el IMV, lo que nos permitía llegar mejor a la pobreza sobrevenida. Otras situaciones era cubrir a menores de 23 en situación de vulnerabilidad, cosa no recogida en el IMV, o el desarrollo de complementos como el de la vivienda, para garantizar una sostenibilidad habitacional, uno de los principales problemas de la población con menos recursos.

Entre los mencionados complementos me parece oportuno destacar el de las pensiones no contributivas. Son unas 43.000 personas pensionistas, la mayoría mujeres, las que reciben una PNC en Canarias, siendo nuestra CCAA una de las que mayor número tiene en función de la población, lo que se explica por nuestro modelo productivo con un elevado porcentaje de economía sumergida, y por el trabajo de cuidados de miles de mujeres que nunca cotizaron y que su solución en el último tramo de su vida es una pensión no contributiva que siempre se ha caracterizado por su baja cuantía.

Al respecto decir que nuestro gobierno fue el primero en Canarias en dar un complemento extraordinario de 250 euros a dichos pensionistas en tres ocasiones. Desde los años 90 los gobiernos de CC hablaron de complementar las PNC, pero no fue hasta 2020 con un gobierno de izquierdas y una consejera de Podemos que ello fue posible. Este complemento extraordinario lo incluiríamos como derecho subjetivo en la nueva ley de Renta Canaria de Ciudadanía.

Con todo ello, como características básicas, y apuesta política de la Consejería de Derechos Sociales de lo que iba a ser la ley de Renta Canaria de Ciudadanía establecimos:

–              La RCC sería un derecho subjetivo que se cobraría el tiempo que las familias lo necesitasen.

–              Eliminaríamos con respecto a la PCI las llamadas renovaciones quedando la persona obligada a comunicar cualquier cambio en las circunstancias de su unidad de convivencia que pudiera afectar al derecho de la prestación.

–              Se aumentarían las cuantías, equiparándose a las del IMV, que mejoran especialmente la situación de familias con menores y monoparentales.

–              Se establecerían tres modalidades de RCC; la básica, la destinada a jóvenes de menos de 23 años en exclusión social y la destinada a complementar los ingresos del trabajo para aquellos hogares con pobreza laboral.

–              Se incluirían complementos por vivienda, para pensionistas no contributivos y a la educación.

–              La inclusión social de las familias se incluiría al mismo nivel de la prestación económica como derecho subjetivo, siendo derecho de la persona recibir los apoyos profesionales cuando existirán situaciones de exclusión, y coordinando con el área de empleo la inclusión laboral.

–              El procedimiento se realizaría dirigiendo la solicitud directamente al gobierno de Canarias, bien por sede electrónica, bien por registro a través de los formularios disponibles.

–              El papel de los ayuntamientos ya no sería el de tramitar el expediente, quedando reservado esto a la administración autonómica, si no el de acompañar a las personas que lo requieran con información y orientación para poder presentar sus solicitudes, y en especial el de desarrollar la intervención social con las familias beneficiarias de la RCC, en coordinación con el equipo autonómico de trabajo social, a través del diagnóstico social y elaboración de itinerarios de inclusión social y laboral, desburocratizando con ello el papel de las trabajadoras sociales municipales destinas a la RCC, como desde tiempo se venía reclamando.

Decir que una vez clara todas estas ideas fuerza del equipo de trabajo, coordinados por la viceconsejera Gemma Martínez y en comunicación continua con la consejera, realizamos multitud de reuniones informativas y de recogida de ideas con los ayuntamientos, tercer sector, agentes sociales, los cuales realizaron aportaciones muy valiosas que fueron enriqueciendo los textos iniciales, contando en un lugar indispensable al personal técnico de la DG de Derechos Sociales; jefa de servicio, jefas de sección, trabajadoras sociales, personal administrativo; cuya implicación en la gestión de la PCI, PNC no les restaba tiempo ni ganas de aportar ideas y sugerencias a los borradores de la ley, así como también del personal de desarrollo normativo de la Secretaría General Técnica, sin todos ellos y ellas no hubiera sido posible sacar adelante la norma.

El recorrido posterior de cara a la aprobación de la ley tuvo dos momentos principales; la aprobación de la propuesta de la Consejería por prácticamente todos los agentes sociales; sindicatos, patronal, colegios profesionales, tercer sector; en el máximo órgano de participación en la materia, el Consejo General de Servicios Sociales, con los únicos votos en contra de los colegios profesionales de trabajo social de ambas provincias; y por otro lado, y ya de manera definitiva, la aprobación por unanimidad en el parlamento de Canarias, donde todos los grupos parlamentarios realizaron propuestas que vinieron a aportar al texto base del gobierno sin cambiar la idea principal y estructura básica del mismo desarrollada por el equipo de la Consejería. Al respecto destacar también las valiosas aportaciones realizadas por la comisión de PCI de Colegio de Trabajo Social de Sta Cruz de Tenerife, sus aportaciones prácticas sirvieron como base a diversas enmiendas de los grupos parlamentarios y suponía el colofón de un recorrido importante de años planteando y reivindicando mejoras para dicha prestación.

La ley que regularía la RCC se aprobaba a finales de 2022 con gran consenso político y social. Nuestra tarea fue entonces garantizar un proceso nada simple; la transición de la PCI a la RCC con el trasvase de oficio de todos los beneficiarios de la antigua prestación a la nueva, reconociéndoles el derecho con la actualización de sus cuantías a lo que establece la nueva ley, suponiendo esto una mejora importante especialmente para aquellos hogares con menores a cargo; la gestión de las nuevas solicitudes y de las que se habían quedado pendientes en los ayuntamientos como PCI y que pasaba a ser solicitudes de RCC, y comenzar a gestionar el sistema con la implementación de un nuevo aplicativo de consultas de comprobación de requisitos automatizados. Fundamental nuevamente la labor del personal de la DG, poder pasar de un sistema a otro con éxito y empezar a sentar las bases del nuevo sistema no es algo nada sencillo, y se realizó con éxito gracias a la solvencia profesional del personal de la casa.

Además dejamos planificado la cifra récord de 100 millones de euros para 2023, si bien la propuesta de la Consejería era haber llegado a 120 millones de euros, cosa de la que hubieramos estado más cerca si CC no hubiera votado en contra en el Congreso de los Diputados a que los fondos estatales de lucha contra la pobreza en Canarias para 2023 se hubieran elevado de 30 a 40 millones de euros.

Por tanto, a los 82 millones presupuestados añadimos remanentes de fondos de pobreza 2022 y 2023 que nos permitía cubrir el complemento a las PNC con 10 millones y 90 millones para la RCC. Dicha cuantía, la cual deberá ser aumentada a finales de año con remanentes podría llegar a unos 94 millones de ejecución presupuestaria, lo que constituirá la inversión más elevada destinada nunca a familias en vulnerabilidad por un ejecutivo autonómico.

Por otro lado, el equipo de trabajo social de la Consejería desarrollaba las tareas para poder ir dando forma al otro gran derecho que se reconoce en la ley, el de la inclusión social, con la elaboración de indicadores para el diagnóstico social y el modelo normalizado de plan de intervención, estableciéndose una ronda de reuniones técnicas con personal municipal y colegios profesionales de cara a definir de manera consensuada dichas herramientas. Este gran trabajo del personal de trabajo social de la DG debo decir que también reflejaba que el derecho a la inclusión nos lo tomábamos en serio, que hay una alta correlación entre dificultades económicas y situación de exclusión social que son evaluables y que requieren de profesionales a nivel autonómico y municipal para realizar el acompañamiento a las familias. Este trabajo se avanzó en ese momento hasta la consulta pública para el establecimiento de los indicadores para el diagnóstico social y el modelo de plan de intervención.

Hasta aquí se queda el equipo de gobierno saliente en este tema y hasta aquí pudimos llegar tras el resultado electoral y la transición en el cambio de gobierno.

¿Hay futuro para la Renta Canaria de Ciudadanía?

El citado proceso descrito desde la óptica del que escribe, cuya responsabilidad como DG de Derechos Sociales fue que la aprobación de la ley y su puesta en marcha supusiera un avance para los derechos sociales de la población más vulnerable en Canarias y que fuera con el máximo consenso político y social posible fue precisamente para garantizar que gobernara quien gobernara este nuevo derecho no fuera cuestionado.

No obstante varias son las incógnitas que se plantean ante el rumbo que puede tomar el nuevo ejecutivo.

En primer lugar el marcado carácter de derechas del mismo, en el discurso y en la práctica, hace que una política de corte tan netamente progresista como es una renta garantizada pueda ser puesta en cuestión de una u otra manera, más cuando el desarrollo de la ley efectivo de la ley implicaría una agenda muy ambiciosa de desarrollo normativo, inversión presupuestaria y crecimiento en la inversión pública, y eso lo deben hacer los partidos del actual gobierno los cuales no se caracterizan especialmente por su sensibilidad social.

Hablamos del PP, el partido cuyo presidente Mariano Rajoy será recordado por decir que la dependencia era inviable, eliminando las cotizaciones a las cuidadoras no profesionales y reduciendo a la mínima expresión la financiación estatal a las CCAA en dependencia o en servicios sociales a través del plan concertado, financiación ambas recuperada y superada con creces por el actual gobierno de progreso del Estado.

Y hablamos de CC, cuyo presidente antes y ahora, Fernando Clavijo, habló de las rentas mínimas como paguitas para pobres y cuyo partido se ha caracterizado por haber tenido en el atraso más absoluto los servicios sociales. Como ejemplo, Canarias ha venido suspendiendo todos los años desde 2012 en el informe DEC de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, teniendo la calificación de los servicios sociales en Canarias como irrelevantes, no siendo hasta 2022 con la gestión de Podemos del área cuando nuestra comunidad autónoma aprueba el mencionado índice y sale del furgón de cola. En todos estos años CC no ha demostrado tener como prioritarios los servicios sociales ni las personas vulnerables.

Ambos partidos, de corte neoliberal en lo económico y lo social, lo primero que han hecho al entrar al gobierno es reducir los impuestos a los más ricos de Canarias, dejando a las claras su política netamente de clase en beneficio de la minoría privilegiada, y anunciado bajadas en el IGIC, ahora matizadas, que podrían equivaler en millones de euros a buena parte de lo que hoy sería el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales, poniendo en riesgo la financiación de los servicios públicos por un supuesto beneficio a la ciudadanía que en la práctica se reduciría a unos pocos euros en los bolsillos, y eso solo si determinadas empresas no aprovechan esa bajada de IGIC para subir sus márgenes empresariales, con lo cual se produciría lo esperado, trasvase de recursos de la población a determinadas empresas, y subfinanciación de servicios públicos que facilitan su privatización, lo que viene siendo en resumen la agenda neoliberal.

Es por todo ello que planteo mi escepticismo ante el posible desarrollo de todo lo que implica la ley de la Renta Canaria en esta legislatura con un gobierno de derechas y neoliberal, pero habrá que evaluar por los hechos y no por el sesgo. Un correcto desarrollo de la misma que suponga avances implicaría en mi opinión medidas en el corto y medio plazo:

–              Destinar el persona adecuado para ello. En el corto plazo prorrogando los planes de choque y cubriendo todas las bajas que se han producido en el mismo así como las plazas de la ampliación que dejamos aprobada. En el medio plazo aprobar una nueva RPT que destine de manera estructural el personal necesario para dicha competencia de la CCAA.

–              Destinar la financiación necesaria para ello. Viendo la evolución de la nómina de RCC y teniendo en cuenta una paulatina aceleración de la gestión de los expedientes a medida que el nuevo sistema esté más asentado, y además planificando la aprobación del primer complemento a las PNC, un presupuesto en 2024 que estuviera por debajo de los 150 millones sería claramente insuficiente.

–              Ir desarrollando reglamentariamente la ley de manera paulatina, al mencionado complemento a las PNC, que requiere regulación mediante decreto, debería unirse a lo largo de la legislatura la regulación del proceso de diagnóstico social y plan de intervención, el complemento a la vivienda, el complemento a la educación y la modalidad de RCC a los ingresos del trabajo.

–              Destinar como marca la ley la financiación necesaria para que los ayuntamientos puedan contar con el personal para realizar los procesos de información y orientación a la ciudadanía así como de desarrollo del diagnóstico social, plan de intervención y desarrollo de los itinerarios.

–              Llegado el caso innovar ante posibles necesidades para no retroceder en la gestión; contar con medios propios de la administración para acelerar fases de la gestión de los expedientes con la contratación de personal para ello, con entidades del tercer sector para poder llegar a las personas en situación de vulnerabilidad a las que no llegan los servicios sociales municipales y ayudarles a presentar la solicitud, establecer vías más rápidas como la telefónica, etc. Toda y cada una de estas medidas es posible de implantar porque así lo diseñamos en la ley, dejamos una legislación flexible para poder cumplir con el objetivo de llegar a las familias más vulnerables usando todos los medios que la administración tenga para ello.

No avanzar en una agenda como esta implicaría que se renuncia a desarrollar este derecho, delegando esta responsabilidad, por ejemplo, en el Estado y el IMV, la solución más fácil y rápida que han tomado comunidades como Madrid y que podría ser la coartada perfecta para no cumplir con las obligaciones legales, y sobre todo con la ciudadanía que más lo necesita.

El desarrollo de la legislatura nos irá dando las claves y las respuestas.

La aprobación de la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía en el parlamento de Canarias a finales de 2022 no fue un hecho cualquiera, implicaba que nuestra comunidad autónoma reconocía el derecho de las personas a tener sus necesidades básicas cubiertas y la obligación de las administración autonómica canaria de garantizarlo a través de una prestación económica para aquellas familias con pocos o sin ningún ingreso.

Además es un derecho para toda la ciudadanía, no solo para los que hoy la necesitan sino también para quien lo requiera en un futuro ya que la mayor parte de la población en Canarias que depende de su trabajo no está exenta de caer en algún momento en una situación de necesidad, excluyendo obviamente a minorías privilegiadas. Hablamos por tanto de un seguro social de ciudadanía.